¿Nuestros gobiernos están contra la tortura?

Matteo Lentini

Defensor de los derechos humanos

La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, adoptada en 1984, la define como cualquier acto por el cual se inflija dolor o sufrimiento intencional, físico o mental, para obtener información, castigar, intimidar o ejercer control. Está prohibida en cualquier circunstancia, sin excepciones. Pero la brecha entre la ley y la práctica es alarmante. Cuando pensamos en la tortura, tendemos a imaginar las prisiones de regímenes autoritarios, pero la verdad es que no pertenece solo a los Estados considerados enemigos de Occidente; también las democracias la practican, aunque no en las plazas o en los tribunales, sino en las prisiones, en las bases militares o a través de aliados a los que subcontratan el trabajo sucio.

Las torturas más visibles son aquellas con fines represivos. En países como Rusia, Venezuela, China o Irán, las autoridades atacan a opositores políticos, periodistas y activistas para sofocar la disidencia. En las cárceles rusas, los presos son brutalizados hasta la muerte, asfixiados con bolsas de plástico, golpeados con tubos de hierro o dejados morir de frío en celdas de aislamiento. En Venezuela, los presos políticos sufren golpizas, privación del sueño y aislamiento forzado durante semanas, sin ningún contacto con el exterior; mientras que en Irán, los jóvenes arrestados durante las protestas son torturados hasta confesar crímenes que nunca cometieron, con descargas eléctricas, palizas y violencia sexual. Siguiendo el mismo patrón, en Myanmar, la junta militar, tras el golpe de Estado de 2021, ha utilizado la tortura como un instrumento de terror contra manifestantes y disidentes, recurriendo a brutalidades sistemáticas, como el uso de agua hirviendo sobre la piel de los detenidos.

Existe también una tortura más «funcional», utilizada para obtener información, donde Estados Unidos, paladín de la democracia, hizo célebre el waterboarding en lugares como Guantánamo y Abu Ghraib, donde los detenidos eran obligados a permanecer desnudos, encapuchados, sometidos a simulaciones de ahogamiento y a privación del sueño durante días. Aún hoy, en países como Egipto y Turquía la tortura es un método estándar para extraer confesiones: golpizas con bastones, descargas eléctricas en los genitales, amenazas de violación a los familiares. En México y Filipinas, las fuerzas del orden la emplean en sus campañas contra el narcotráfico, a menudo con ejecuciones extrajudiciales y palizas en las estaciones de policía; mientras que en India y Pakistán es común el uso de torturas extremas contra sospechosos de terrorismo, como fracturas intencionales y suspensión por los brazos durante horas.

Luego están las torturas ocultas en el sistema penitenciario. En muchos países, las cárceles son lugares de violencia institucionalizada, donde los reclusos son golpeados, sometidos a privaciones sensoriales y trabajos forzados. En China, los campos de reeducación en Xinjiang utilizan la tortura para quebrar la voluntad de los uigures, con palizas diarias, violaciones sistemáticas, privación de alimentos y castigos colectivos para quienes se resisten. En Eritrea y Corea del Norte, los presos políticos son dejados morir de hambre, obligados a trabajar en minas hasta la extenuación, con ejecuciones públicas para quienes intentan rebelarse. En Brasil, las cárceles son centros de golpizas y asesinatos extrajudiciales por parte de las fuerzas del orden, con detenidos que, en ocasiones, son quemados vivos durante motines. En Sudán y Siria, los prisioneros son víctimas de violencia sexual sistemática, privación forzada del sueño y torturas como la inserción de objetos punzantes bajo las uñas.

Por último, la tortura, por supuesto, se mezcla con la criminalidad organizada. En Filipinas, los centros de detención para migrantes se convierten en lugares de extorsión, donde las familias deben pagar por la liberación de sus seres queridos, mientras que quienes no pueden permitírselo son vendidos a redes de trata de personas. En Laos y Camboya, las víctimas del tráfico de seres humanos son torturadas con descargas eléctricas o azotadas para obligarlas a prostituirse o a trabajar en condiciones de esclavitud. En Honduras y Guatemala, los cárteles de la droga y las pandillas utilizan métodos de tortura extremadamente violentos contra quienes se oponen a su dominio, a menudo con mutilaciones, amputaciones y decapitaciones transmitidas en video para difundir el terror. La tortura, en definitiva, no es solo una práctica brutal de regímenes opresivos, es una sombra que se extiende sobre gobiernos de todo tipo, justificada con la excusa de la seguridad nacional, cubierta por el silencio de las instituciones y aceptada por una opinión pública anestesiada. Porque si la tortura la cometen los «nuestros», si está oculta detrás de un lenguaje burocrático, si está disfrazada de interrogatorio avanzado, entonces se vuelve aceptable. Y es precisamente en esta hipocresía donde se alimenta su impunidad.

El Mediterráneo es unos de los ejemplos que enseñan que la tortura no es una excepción, sino una regla. Es el método con el que los gobiernos gestionan la disidencia, el control social y el fenómeno migratorio. Es un lenguaje político, una forma de disuasión, un mercado. Aquí la tortura se mezcla con los intereses económicos y geopolíticos de Europa, que, detrás de la fachada de condenas oficiales, financia, arma y legitima a los gobiernos que la practican. Las democracias occidentales, siempre dispuestas a señalar con el dedo a las dictaduras lejanas, no solo ignoran la tortura que ocurre a lo largo de sus fronteras, sino que la hacen posible, comprando sus servicios para mantener alejados a los migrantes, garantizar la estabilidad de sus aliados y proteger equilibrios políticos y económicos.

En Libia, los centros de detención para migrantes son verdaderos campos de tortura. Quienes intentan cruzar el Mediterráneo y son interceptados por la Guardia Costera Libia, financiada y entrenada por Italia con el consentimiento de la Unión Europea, no son simplemente devueltos, sino entregados a las milicias que gestionan el tráfico de seres humanos. En los campos libios, hombres y mujeres son azotados, quemados con hierro al rojo vivo, obligados a sufrir violencia sexual para extorsionar dinero a sus familias. Las grabaciones de estos abusos, enviadas como chantaje a los familiares en Europa, se han convertido en parte del sistema. No es un caso aislado, no es un fenómeno clandestino: es una práctica consolidada, un mecanismo que se repite con la complicidad de quienes, al otro lado del mar, pagan para que todo continúe exactamente así.

En Egipto, la tortura es la herramienta con la que el régimen de Al-Sisi mantiene el control absoluto sobre la sociedad. Es el destino de cualquiera que se oponga, de quien se atreva a criticar al gobierno, incluso con una simple publicación en redes sociales. Son secuestrados, encarcelados sin juicio, sometidos a golpes, descargas eléctricas, violencia sexual, obligados a firmar confesiones bajo amenaza. Es el destino de los presos políticos, de los periodistas independientes, de los activistas por los derechos humanos. Y mientras esto ocurre, mientras las cárceles egipcias se llenan de cuerpos martirizados, Europa firma acuerdos con Al-Sisi, lo define como un socio estratégico, continúa vendiéndole armas y tecnología de vigilancia, lo invita a cumbres internacionales. Italia, que oficialmente exige justicia por Giulio Regeni, al mismo tiempo sigue firmando contratos para el suministro de buques de guerra a la marina egipcia.

En Túnez, la represión se ha convertido en la nueva herramienta de gobierno. Kais Saied, tras acaparar todo el poder, ha transformado a las fuerzas de seguridad en un arma contra cualquiera que ose desafiarlo. Las detenciones arbitrarias, la tortura en las comisarías de policía, las denuncias de palizas y abusos sexuales van en aumento. Pero Túnez no es solo un problema interno. Es el nuevo frente de la estrategia europea para bloquear a los migrantes. Con el reciente acuerdo entre Saied, Meloni y von der Leyen, Bruselas ha financiado al gobierno tunecino con millones de euros para que haga el trabajo sucio: interceptar a los migrantes e impedirles partir. Las consecuencias se han visto de inmediato. Cientos de personas deportadas al desierto, sin agua ni comida, condenadas a morir lejos de la mirada de la opinión pública. Europa finge no ver, Saied recibe los fondos y sigue gobernando con la represión.

Pero la tortura no es solo una realidad del norte de África, también es un método utilizado por Estados que forman parte de la Unión Europea o aspiran a ingresar en ella. Turquía, formalmente una democracia, es en realidad una prisión a cielo abierto para opositores políticos, periodistas y activistas kurdos. Tras el fallido golpe de Estado de 2016, Erdo?an ha convertido el sistema judicial en un mecanismo de persecución: en las cárceles turcas, quienes son acusados de ser enemigos del gobierno sufren golpizas, privación del sueño, aislamiento prolongado. Turquía no es solo un Estado represivo en su interior, también es el guardián externo de Europa; el país que, gracias al acuerdo con la UE, retiene a millones de refugiados sirios, impidiendo que lleguen al continente. Europa paga, Erdo?an gestiona, y los derechos humanos pasan a ser una variable secundaria.

Grecia no solo usa la tortura dentro de sus cárceles o en los cuarteles de policía: la utiliza directamente contra los migrantes en sus fronteras. Las operaciones de pushback son ya una estrategia sistemática: los guardias fronterizos interceptan a los migrantes en el mar, los golpean, los roban y los abandonan en balsas a la deriva, sin motor, sin agua, sin posibilidad de sobrevivir. Quienes logran desembarcar a menudo son detenidos en condiciones inhumanas, obligados a vivir en campos superpoblados, en estructuras que se parecen más a centros de detención que a centros de acogida. Todo esto ocurre bajo la mirada de la Unión Europea, que, en lugar de detener estas prácticas, las premia con fondos para la gestión fronteriza. España también tiene su cuota de responsabilidad. La frontera de Melilla se ha convertido en un laboratorio de violencia contra los migrantes. Allí, en la frontera con Marruecos, hombres son golpeados hasta la muerte mientras intentan cruzar la barrera de alambre de espino que separa el continente africano de Europa. En 2022, al menos 37 personas murieron en un solo día, aplastadas, asfixiadas, golpeadas por las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas. Nadie fue castigado, ninguna investigación tuvo consecuencias. El mensaje es claro: los derechos humanos terminan cuando se toca la frontera europea.

En el Mediterráneo, la tortura no solo es tolerada; es financiada, organizada y delegada. Es el precio a pagar para mantener el control político, para gestionar las fronteras, para preservar relaciones económicas y estratégicas con gobiernos autoritarios. Europa, que se presenta como un modelo de civilización, no solo ignora estas violencias, sino que las alimenta con acuerdos, armas y dinero, y el resultado está a la vista de todos. Miles de personas desaparecen en las cárceles libias, en los centros de detención tunecinos, en las comisarías egipcias, en las balsas rechazadas en el Mediterráneo. La tortura no ocurre en un lugar lejano, en un mundo separado del nuestro. Ocurre con nuestro dinero, con nuestra aprobación, con nuestro silencio.