La salud mental: un desafío para el derecho a la salud

Yaser Bedar Sosa

Defensor de los derechos humanos

La salud mental ha ganado notoriedad pública los últimos años, contando con un día propio para concienciar sobre la importancia de la misma: el 10 de Octubre de cada año se conmemora a nivel global para reducir el estigma asociado a los trastornos mentales y movilizar esfuerzos para mejorar el acceso a la atención en salud mental. Esta iniciativa de la Federación Mundial de la Salud Mental desde 1992 busca que sea tratada con la misma importancia que la salud física, informando a la sociedad sobre los trastornos mentales y promoviendo la prevención y el apoyo a las personas afectadas.

Pese a ello, se sigue observando un aumento en los casos de problemas derivados por una salud mental que se ve perjudicada por las condiciones impuestas por la sociedad actual. Condiciones de trabajo precarias, presiones, expectativas irreales, falta de sistemas de prevención y una infinidad de razones más, dan lugar a que problemas derivados de la salud mental se hayan convertido en la segunda causa de baja laboral por incapacidad temporal. Según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, entre 2018 y 2024 las bajas por problemas en salud mental han aumentado un 490 % por síntomas emocionales, un 120 % por trastornos de ansiedad y un 230 % por estrés agudo.

En España, aproximadamente el 34 % de la población sufre o ha sufrido algún tipo de problema de salud mental. En menores de 25 años han aumentado notablemente los casos de ansiedad, trastornos de aprendizaje y problemas hipercinéticos, y pese a ello estamos por debajo de la media europea en profesionales de salud mental por habitantes. Informes realizados por Amnistía Internacional, como «La receta equivocada» o «La otra pandemia», han puesto de manifiesto las deficiencias actuales y cómo estas podrían derivar en problemas futuros como el colapso de los servicios de salud mental y una atención desigual y fragmentada.

Tras años de medidas de austeridad, sumados a la crisis del COVID-19, el sistema sanitario público ha sufrido de financiación insuficiente, lo que ha causado una sobrecarga de trabajo para los profesionales sanitarios, listas de espera que parecen infinitas, retrasos en diagnósticos y dificultades crecientes en la atención de la salud mental. Esto afecta especialmente a las personas más vulnerables, que no tienen los recursos, así como a personas mayores, enfermedades graves como el cáncer, personas con situación administrativa irregular y un largo listado. Amnistía Internacional denuncia que la salud mental no puede ser un privilegio ni ser vista como un lujo solo al alcance de aquellos que pueden permitirse optar por la sanidad privada, sino como parte integral del derecho a la salud.

El derecho a la salud es un derecho humano garantizado por la Constitución Española en el art. 43, que reconoce este derecho y la obligación de que las autoridades públicas organicen y tutelen la salud pública, y la Ley General de Sanidad garantiza un sistema sanitario público, universal y gratuito. A nivel internacional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales impone el derecho de toda persona al más alto nivel de salud física y mental. Este derecho implica el acceso universal a un servicio sanitario de calidad, sin discriminación y accesible para todos.

Pese a ser un derecho humano reconocido por la ONU y un asunto de suma importancia, el derecho a la salud enfrenta numerosos problemas en la actualidad, pues a conflictos armados y crisis humanitarias como en Palestina, la guerra de Rusia y Ucrania o la situación desfavorable en países con menos recursos, se añade una privatización excesiva en países como EE. UU., que llegan a dejar endeudados de por vida a personas solo por una enfermedad u operación. Y existe una discriminación estructural contra mujeres, niños, pueblos indígenas, personas migrantes o con discapacidad que ven como son apartados y quedan desprotegidos de sus derechos y más expuestos a la posibilidad de sufrir problemas de salud mental.

Amnistía Internacional exige que se reconozca de forma clara la universalidad del acceso a la sanidad sin discriminaciones, se dote a la atención primaria con los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para un buen funcionamiento de calidad que garantice una prestación de servicios adecuada, una revisión por parte del Estado y Comunidades Autónomas de las leyes existentes para garantizar la aplicación efectiva del derecho a la salud y que las autoridades no se centren en declaraciones o discursos y lo hagan en inversiones reales, mejoras estructurales, tiempos de espera mejores y una garantía absoluta y universal de este derecho.