La confusión que vive España

Usted y su gobierno, señor Sánchez, acaban de regularizar a medio millón de inmigrantes ilegales, muchos de ellos con delitos de todo tipo a sus espaldas, cuyos modus operandi son, esencialmente, violar, apalear, dar tirones a cadenas y bolsos, navajazos…, y como regalo, les permite el reagrupamiento familiar.

¿Es un pacto que tiene con Mohamed VI, a cambio de que no saque lo que tiene de su móvil? ¡Ay, ay, ay! Aquellas saunas.

La reagrupación familiar que les brinda, supone que, van a traer a sus padres, sus cuatro abuelos y sus hermanos. Como mínimo, diez personas por cada uno de ellos. Ello supondría la entrada inminente de al menos cinco millones de personas antes de las próximas elecciones, más el medio millón que ya ha regularizado: cinco millones y medio de personas a las que mantener a cargo del contribuyente español, al que se le está sacando hasta las entrañas con elevadísimos impuestos.

¿Se trata de desmantelar el sistema, descoser la sociedad, enfrentar a los ciudadanos con los mantras de siempre? El famoso cuanto peor, mejor. Es un trabajo de años demoliendo la nación, mintiendo, buleando, traicionando al ciudadano, hundiendo la economía con una deuda disparada y galopante que ni mis bistataranietos van a ver pagada. Cuando todo esté destrozado y todas las instituciones controladas, nos dirán que nos van a salvar de la ultraderecha, quedándose en el poder por nuestro bien. No sé si aún hay tiempo para revertir esto. No lo sé, pero lo dudo.

El último episodio lo ha vuelto a poner todo en evidencia. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, comparece para celebrar el Real Decreto del Gobierno sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes ilegales y lo hace con un lenguaje calcado del argumentario político del Ejecutivo: “salud democrática”, “oportunidad política”, “sociedad organizada”, “bien común”, “subsidiariedad”.

«Es un acto de justicia social», dice Luis Argüello. Don Luis, Don Luis que se ve demasiado por donde va.

Ninguna referencia explícita a la ley moral, ninguna advertencia sobre el desorden objetivo que supone una inmigración masiva sin control, ningún recuerdo de los deberes del Estado en materia de fronteras, seguridad y justicia.

No se trata de una opinión prudencial dentro del pluralismo católico. Se trata de algo mucho más grave: de la identificación pública de la jerarquía eclesiástica con un poder político que legisla sistemáticamente contra la doctrina católica en materias esenciales. Un gobierno que promueve el aborto como derecho, normaliza la eutanasia, destruye la familia, adoctrina en ideología de género y persigue la objeción de conciencia. Y ante ese gobierno siniestro, Argüello no levanta la voz para corregir, sino que sonríe y aplaude.

Mientras tanto, el pueblo fiel hierve. Sacerdotes de parroquias, religiosos, laicos comprometidos, familias que siguen yendo a Misa, que educan a sus hijos en la fe, que sostienen económicamente a la Iglesia, no se reconocen en sus pastores ni en el lenguaje ni en las prioridades del Evangelio. Ven a una jerarquía más preocupada por no incomodar al poder que por confirmar en la fe a los fieles.

El episcopado español parece no entender —o no querer entender— que su autoridad no le viene de su cercanía al poder, sino de su fidelidad a Cristo. Y que cuando esa fidelidad se diluye en comunicados institucionales perfectamente compatibles con el BOE, lo que se rompe no es solo la credibilidad de la jerarquía, sino la comunión misma.