Las inmobiliarias de Salamanca advierten del "colapso inminente" del alquiler para estudiantes tras las nuevas medidas del Gobierno

La Asociación de Inmobiliarias de Salamanca, entidad integrada en la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), ha lanzado hoy una dura advertencia sobre el futuro del mercado del alquiler en la capital del Tormes. El colectivo considera que el nuevo paquete de medidas presentado por el Gobierno central supone un "ataque directo" a la base de la economía local: el alojamiento universitario.

Según el comunicado emitido este miércoles, 14 de enero de 2026, las 64 empresas que conforman la agrupación prevén consecuencias drásticas si se aprueba la regulación del alquiler por habitaciones y el endurecimiento de los contratos de temporada. Los profesionales del sector aseguran que estas políticas, lejos de solucionar el problema, generarán una situación de emergencia habitacional de cara al próximo curso académico.

Un "error de diagnóstico" en una ciudad universitaria

El portavoz de la asociación, Manuel Arias, ha calificado las medidas de "parches" que legislan de espaldas a la realidad de ciudades con una alta población flotante como Salamanca. "En una ciudad con más de 30.000 estudiantes, el alquiler por habitaciones no es un fraude, es una necesidad de acceso", ha afirmado Arias.

La nueva normativa, que pretende limitar el precio de la suma de las habitaciones al de un alquiler convencional, podría provocar que muchos propietarios retiren sus inmuebles del mercado. El sector denuncia que se sigue sin analizar la raíz del problema y se opta por penalizar al arrendador.

Datos alarmantes: la oferta cae un 29 %

Las cifras manejadas por la asociación reflejan un deterioro progresivo del mercado desde la aprobación de la Ley de Vivienda en 2023. Los datos son contundentes:

• La oferta de alquiler permanente en Salamanca ha caído un 29 %.
• Los precios han aumentado un 12,5 % en solo dos años debido a la escasez de stock.
• La presión de la demanda ha crecido un 179 % en el último periodo.

El riesgo de la burocracia en los contratos de temporada

Uno de los puntos más críticos para las inmobiliarias salmantinas es la redefinición de la temporalidad. El colectivo advierte que exigir una "burocracia exhaustiva" para demostrar que un estudiante reside en la ciudad solo por motivos académicos es "criminalizar al pequeño propietario".

Existe un temor generalizado a que los contratos de temporada puedan ser convertidos forzosamente en contratos de vivienda habitual de cinco o siete años. "Esto provocará un trasvase masivo de pisos hacia el mercado de venta o que los dueños prefieran dejarlo cerrado a ver si las cosas cambian", señalan desde la asociación.

Incentivos fiscales que no compensan la inseguridad

Respecto a la propuesta de bonificar el 100 % en el IRPF a los propietarios que congelen las rentas, las inmobiliarias de Salamanca la consideran una medida "estéril" e insuficiente. Aunque reconocen que incentivar es el camino correcto frente a castigar, argumentan que el ahorro fiscal no compensa la "indefensión jurídica" ante posibles impagos o la dificultad para recuperar la propiedad.

"Ningún propietario se arriesgará a congelar una renta durante años por un beneficio fiscal mínimo si no tiene la garantía de que recuperará su propiedad de forma ágil en caso de conflicto", explican en su comunicado.

Previsiones para el curso 2026-2027

La asociación alerta de que, si estas medidas se validan en el Congreso el próximo mes de febrero, Salamanca vivirá una situación inédita de falta de alojamiento para el curso 2026-2027. Las consecuencias previstas son:

• Aumento de la economía sumergida: El límite de precios empujará los acuerdos a la informalidad y al dinero negro.
• Expulsión del inquilino local: Las familias salmantinas se verán desplazadas hacia la periferia ante la imposibilidad de competir por la escasa oferta disponible.

Finalmente, la Asociación de Inmobiliarias de Salamanca ha instado a la Junta de Castilla y León a mantener su postura de no aplicar las zonas tensionadas y reclama al Gobierno un plan realista basado en la generación de oferta pública y la seguridad jurídica.