La convocatoria cuenta con un presupuesto inicial de 27,5 millones de euros, ampliable a casi 60 millones, y ofrece coberturas de hasta el 75 % para jóvenes en el medio rural.
La Junta de Castilla y León mantiene abierto el plazo para solicitar las ayudas al alquiler de vivienda correspondientes al año 2025. Los interesados disponen hasta el próximo 30 de enero de 2026 para formalizar sus peticiones en una convocatoria que busca facilitar el acceso y mantenimiento de la vivienda a personas con recursos limitados en la Comunidad.
Esta línea de subvenciones, gestionada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, parte con un presupuesto inicial de 27,5 millones de euros. Esta cifra supone un incremento de ocho millones respecto al año 2024. Además, la partida tiene carácter ampliable hasta alcanzar los 59,5 millones de euros, una medida diseñada para garantizar que las ayudas lleguen a todas las personas que cumplan y justifiquen los requisitos establecidos.
Las ayudas están dirigidas a unidades de convivencia con ingresos limitados —entre 0,5 y 3 veces el IPREM, con excepciones de hasta 5 veces para familias numerosas o personas con discapacidad— que residan en régimen de alquiler o cesión de uso. La estructura de las subvenciones varía según el perfil del solicitante:
La Administración autonómica estima que esta convocatoria alcanzará a unos 23.500 beneficiarios, con una subvención media aproximada de 2.500 euros por hogar. Estas cifras consolidan una tendencia al alza, tras haber beneficiado a más de 53.700 personas entre 2022 y 2024.
Para facilitar el proceso, la Junta ha simplificado la carga burocrática. Únicamente es obligatorio aportar el contrato de arrendamiento y los justificantes bancarios del pago del alquiler, ya que el resto de datos pueden ser consultados telemáticamente por la Administración si el ciudadano lo autoriza. Además, tras la última reforma, no será necesario realizar trámites posteriores a la solicitud inicial.
Las solicitudes pueden presentarse de forma presencial en los registros administrativos o, preferentemente, a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León antes de la fecha límite del 30 de enero.