Burkina Faso: represión de la homosexualidad

Yaser Bedar Sosa

Defensor de los derechos humanos

El 1 de septiembre, la Asamblea Legislativa de Transición de Burkina Faso aprobó, con el respaldo unánime de sus miembros, una modificación del Código de las Personas y las Familias, normativa vigente desde 1990. Esta reforma introduce por primera vez en el país penas que incluyen multas y encarcelamiento de entre dos y cinco años para quienes sean considerados responsables de «fomentar la homosexualidad».

Amnistía Internacional critica esta nueva ley de Burkina Faso por criminalizar relaciones entre personas del mismo sexo, retroceso alarmante que introduce penalizaciones a las relaciones consentidas entre adultos. La organización advierte que esta medida contraviene los avances en derechos humanos y las obligaciones internacionales del país.

Desde Amnistía Internacional se valoran positivamente algunas medidas del nuevo Código, como la fijación de la edad mínima para contraer matrimonio en 18 años tanto para niños como para niñas, y la exigencia del consentimiento mutuo para que el matrimonio sea válido. Además, el país ratificó el Protocolo de la Carta sobre los Derechos de la Mujer en 2006, lo que subraya su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres.

En la comunidad africana existe una opinión muy favorable hacia el presidente Ibrahim Traoré, el cual ha llevado a cabo reformas anti colonialistas y en pos del desarrollo del país y la región, como son la nacionalización de minas de oro, la apertura de plantas de procesamiento de este oro y también la apertura de una planta de procesamiento de tomate, ingrediente clave en la cultura gastronómica africana.

Sin embargo, esta nueva ley considera punibles las «conductas que puedan promover prácticas homosexuales y similares», imponiendo para ellas penas de entre dos y cinco años de prisión, así como multas sustanciales. En adición a ello, según declaraciones oficiales, extranjeros que reincidan en violaciones de la ley podrían ser expulsados del país.

Marceau Sivieude, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central, expresó su profundo malestar: «Nos alarma y nos preocupa profundamente la criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo. Esto no hace más que generar discriminación y violar el derecho a la igualdad ante la ley».

Este cambio legal se inscribe dentro de una tendencia reciente en varios países africanos en los que crecen las legislaciones que restringen los derechos del colectivo LGTBIQ+ con la colaboración de grupos extremistas de EE.UU.

Burkina Faso tiene tratados internacionales ratificados que salvaguardan los derechos humanos y la no discriminación, como la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, por ello está obligado a la protección y promoción de los derechos humanos en el continente africano y a defender el principio de no discriminación, garantizando que todos los individuos puedan disfrutar de los derechos y libertades reconocidos y garantizados por la Carta, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. La orientación sexual y la identidad de género se consideran «otra condición social» bajo este artículo como ha dictaminado el Comité de Derechos Humanos órgano que supervisa el cumplimiento del pacto.

Declaraciones desde el gobierno, como las realizadas por el Ministro de Justicia, defienden la nueva ley afirmando que responde «a las profundas aspiraciones de nuestra sociedad» y que refleja un respeto por los valores culturales del país, y también describió los actos homosexuales como un «comportamiento extraño» al presentar la legislación.

Miembros de la comunidad LGTBIQ+ expresan miedo y preocupación por las consecuencias prácticas que esta modificación pueda acarrear: algunos reportan sentirse obligados a ocultarse, evitar espacios públicos, limitar sus interacciones, y consideran incluso la posibilidad de salir del país.

Por todo lo expuesto, Amnistía Internacional pide al presidente Ibrahim Traoré que devuelva el código al parlamento para que se revise antes de su promulgación e igualmente que no se promulgue la disposición que criminaliza relaciones entre personas del mismo sexo, ya que, atenta directamente contra los derechos de estas personas, que se encuentran protegidos por tratados internacionales ratificados por Burkina Faso.