Israel y los «niños terroristas»

Lucía Rubio García

Defensora de los derechos humanos

A finales de 2024 conocíamos la noticia de que Israel permitía condenar a prisión a niños de doce años cuando estos eran acusados de terrorismo. Esta nueva normativa establece que estos menores de doce y trece años de edad permanecerían en un centro hasta que cumplan los catorce años, cuando serían trasladados a la prisión.

Esta medida requiere una amplia contextualización, pues en Israel su política estatal denomina «terrorismo» a cualquier tipo de atentado contra civiles o soldados israelíes, cuando estos sean cometidos por grupos armados palestinos. Además, desde el año 2000 el Estado israelí ya viene realizando ciertas prácticas bastante controvertidas que atentan contra los derechos humanos, como los denominados «asesinatos selectivos». Estos han sido definidos por expertos del Comité Internacional de la Cruz Roja como «el uso intencionado y premeditado de fuerza letal por parte de un Estado o grupo armado organizado contra una persona concreta fuera de su custodia física». Y se daban fundamentalmente cuando el gobierno de Israel sospechaba que una persona pertenecía a una organización terrorista enemiga. Algunas fuentes determinan que en 2007 fueron asesinados 210 «objetivos» de Israel y 129 personas no implicadas, con el uso de helicópteros y trampas explosivas en territorios palestinos. Por todo ello, parece bastante evidente que la preocupación del gobierno israelí por el terrorismo ha supuesto durante más de dos décadas la violación de multitud de derechos humanos.

Volviendo al tema principal, sería fundamental explicar por qué a diferencia de Israel, en España, por ejemplo, la edad legal para entrar en prisión son los dieciocho años, mientras que los niños de doce a catorce años son inimputables. Los de la franja intermedia son menores a los que se aplicarán medidas.

En este contexto, debemos referirnos, en primer lugar, a las Reglas mínimas de las Naciones Unidas, también conocidas como Reglas de Beijing, pues en su artículo 4 reflejaban que cuando los sistemas jurídicos reconocieran la mayoría de edad penal, esta no podía ser una edad demasiado temprana, pues deben considerarse factores como la madurez emocional, mental e intelectual.

Sobre esto, en 2007 el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas emitía su Observación General nº 10, en la que recomendaba a los Estados Parte que fijaran la edad mínima de responsabilidad penal en doce años, aunque años más tarde, en 2019, una nueva Observación General nº 24 la ascendía a los catorce años. La justificación está vinculada con la neurociencia, ya que en los niños de doce y trece años se ha demostrado que la parte frontal de su corteza cerebral aún está en desarrollo, lo que determina su capacidad de pensamiento abstracto. Este tipo de pensamiento está vinculado con procesos como interpretar problemas, planificar soluciones, proyectarse al futuro, etc., lo que en la práctica supondría que un niño de doce años puede cometer delitos sin plantearse para nada sus consecuencias, lo que en el sistema penal español denominamos «capacidad cognitiva». Es decir, de la misma forma en que una persona con cierta discapacidad intelectual, o una persona bajo la influencia de sustancias tóxicas, un niño debería ser inimputable.

Teniendo en cuenta lo anterior, según el Informe Anual de Amnistía Internacional, en 2024 Israel asesinó a unas 21.600 personas palestinas en Gaza, siendo un tercio de ellos niños y niñas, destruyendo el 60 % de sus hogares.Prácticamente la totalidad de estos niños han vivido situaciones extremadamente traumáticas, como los continuos ataques, los desplazamientos de población y la grave falta de alimentos y de materiales sanitarios. Además, muchos niños han sido secuestrados. Todo ello supone graves violaciones a los derechos de la infancia, según indica UNICEF.

Si conectamos toda la información anterior, por tanto, los menores de catorce años que vieron a sus familias ser asesinadas y sus hogares destrozados, sin nada que perder, probablemente decidirían atacar a Israel, porque así es una guerra. Y sus ataques hacia Israel, al ser niños palestinos, serían considerados como terrorismo, por lo que cientos de estos niños pueden haber sido encerrados en esta interminable guerra.

Si bien en ningún momento se plantea excusar a los niños de sus actos, es necesario que la esfera internacional entienda que, en situaciones de guerra todos los niños son víctimas, y más aún lo son los menores de catorce años. Por ello, es imprescindible que se ejerza presión sobre países como Israel, y que estas normativas desaparezcan, pues por sí solas también violan derechos humanos y, por supuesto, derechos de la infancia.

En ningún caso puede plantearse que, por muy grave que sea el acto que cometa, un niño responda como un adulto ante la justicia, porque nunca será un adulto. Además, la prisión supondrá en una probabilidad muy alta que estos niños consoliden su carrera como delincuentes, siendo bastante probable que reincidan. Debemos plantear alternativas que resultan mucho más efectivas, como programas de reinserción, educación y apoyo psicológico, para facilitar la vuelta de estos niños a la sociedad, pues las secuelas que han sufrido hasta ahora ya son marcas que perdurarán el resto de sus vidas.