La medida, que incluye el incremento de 2026 y los atrasos de 2025, supondrá un desembolso de 400 millones de euros.
La Administración autonómica hará efectivo el próximo mes el incremento retributivo para los trabajadores del sector público. La medida movilizará un montante global de 400 millones de euros para cubrir tanto la previsión de subida del 4 % en la nómina de 2026 como la aplicación con carácter retroactivo del aumento del 2,5 % correspondiente al ejercicio 2025.
El anuncio ha sido realizado por el consejero de Economía y Empleo y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, tras la celebración del Consejo de Gobierno. El responsable autonómico ha garantizado estos ingresos que beneficiarán a cerca de 100.000 empleados públicos de la Comunidad, incluyendo al personal de la Administración, universidades públicas y centros educativos concertados.
El portavoz ha explicado que el Ejecutivo regional "hará frente en el mes de enero" a estos pagos. La operación administrativa unificará en el tiempo la actualización salarial del nuevo año y el abono de los atrasos acumulados durante 2025, simplificando así la gestión de las nóminas.
La operación financiera tiene un calado considerable para las arcas autonómicas. Según ha detallado Fernández Carriedo, la masa salarial de la Administración autonómica supera los 5.000 millones de euros. Si se suman las universidades y la enseñanza concertada, esta cifra asciende a los 6.000 millones.
El cálculo de los 400 millones de euros resulta de aplicar un incremento global cercano al 6,5 % sobre esa masa salarial total. Este porcentaje agrupa:
"El Estado establece un máximo de incremento y nosotros aplicaremos ese máximo", ha subrayado el portavoz, precisando que el aumento incorpora "un 2,5 por ciento más un 1,5 por ciento adicional, además de los atrasos de 2025".
Para materializar este abono, la Junta de Castilla y León debe activar dos mecanismos paralelos. En el ámbito presupuestario, se realizarán las modificaciones de crédito necesarias en los programas de gasto. En el plano normativo, será necesaria la aprobación de un Decreto Ley autonómico.
Esta norma regional replicará las condiciones del Decreto Ley aprobado por el Gobierno central y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), asegurando la seguridad jurídica de la medida "en las mismas condiciones y rango que la norma estatal".
Respecto a la forma de pago, Fernández Carriedo ha confirmado que las cuantías correspondientes a los atrasos se abonarán en la misma nómina de enero. No obstante, aparecerán bajo un concepto diferenciado donde figure claramente que se trata de la cuantía retroactiva.
El consejero ha asegurado que esta fórmula "resulta más sencillo para la gestión administrativa que emitir dos nóminas diferentes", a pesar de la complejidad operativa que conlleva el cálculo. Los servicios de la Junta deben ajustar las cantidades individualmente, teniendo en cuenta casuísticas como:
Pese a estas dificultades técnicas, el portavoz ha reiterado que la Administración "está en condiciones de realizar los cálculos y efectuar el pago durante el mes de enero".
Por otro lado, y de cara al cierre del presente ejercicio, la Junta mantiene su calendario habitual de pagos. Fernández Carriedo ha avanzado que la mensualidad de diciembre y la paga extraordinaria se abonarán "antes del Día de Nochebuena".
El objetivo de este adelanto es que los empleados públicos puedan disponer de estas cantidades "ante los gastos que se avecinan" durante las fiestas navideñas, evitando cualquier retraso en la percepción de sus haberes.