Trata de mujeres y niñas: la esclavitud que crece en Europa

Julia de Castro Revuelta

Defensora de los Derechos Humanos

La trata de mujeres y niñas es una de las formas más graves de violación de los derechos humanos. Según Naciones Unidas, ellas son el 72 % de las víctimas detectadas y, en la trata con fines de explotación sexual ese porcentaje asciende al 99 %. Detrás de estos números se esconden historias de engaños, coacciones, secuestros y abusos, convirtiendo la vida de estas víctimas en una forma de esclavitud moderna.

Las redes de trata buscan a sus víctimas en zonas de pobreza, donde los conflictos y la desigualdad empujan a miles de mujeres y niñas a abandonar sus países buscando una vida mejor. Durante ese viaje de migración, muchas son captadas con promesas de trabajo o estudios, pero terminan convertidas en una mera mercancía. África, Latinoamérica y Asia son las regiones de origen más frecuentes, sin embargo, esto es un problema que nos apela de primera mano, pues España, como puerta de entrada a Europa, se ha convertido en uno de los principales países de tránsito y destino de trata.

Amnistía Internacional ha denunciado la responsabilidad del Estado español por no cumplir su obligación de identificar y proteger a las víctimas. El Convenio de Varsovia y la Directiva Europea de 2011 exigen que la identificación se realice por un personal formado y especializado, cosa que en España no pasa, pues se encarga la policía, que se centra en la persecución del delito. Esto convierte a las víctimas en herramientas, ya que solo se reconoce a las víctimas si colaboran con la policía, pero cuando lo hacen quedan completamente desprotegidas, pues la mayoría, al ser inmigrantes irregulares, son deportadas y muchas acaban de nuevo en manos de sus tratantes.

La trata de seres humanos se ha convertido en uno de los negocios ilegales más lucrativos del mundo, solo por detrás del tráfico de drogas y de armas. Las mafias que la sostienen mueven millones cada año a costa del cuerpo y la dignidad de mujeres y niñas. Cada víctima representa una fuente de ingresos para organizaciones criminales que operan con total impunidad, aprovechando la falta de coordinación institucional y el silencio social.

Este delito arrebata la infancia de miles de niñas, pues muchas son captadas apenas con trece años. De estar en una escuela pasan a sufrir continuas violaciones y ser obligadas a prostituirse con amenazas constantes hacia sus familias. Hay que reforzar los servicios destinados a las víctimas menores de edad asegurándoles su acceso a alojamiento, educación y asistencia sanitaria.

La falta de identificación temprana y de mecanismos de protección agravan la situación. A los centros de internamiento de inmigrantes y en las fronteras muchas mujeres llegan con claros indicios de haber sido víctimas, pero se prioriza el control migratorio sobre la vida humana. He aquí la raíz del problema: unas políticas migratorias que criminalizan a quien huye, y que, en lugar de ofrecer protección y asilo, castigan la irregularidad. El artículo 59 bis de la Ley de Extranjería, que debería garantizar su protección, condiciona su reconocimiento como víctimas a su colaboración con las autoridades, una práctica que las deja expuestas a represalias, aislamiento y miedo.

España incluyó el delito de trata en su Código Penal en 2010. No obstante, se pide una Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos que aborde todas sus formas, garantice coordinación institucional y asegure que ninguna mujer ni niña va a quedar fuera del sistema de protección por no tener papeles. Tiene que ser una ley con enfoque de derechos humanos, género e infancia.

El trabajo sexual en España es una forma visible de violación de los derechos humanos que se esconde tras la tolerancia y colaboración de parte de nuestra sociedad. La trata es una forma de esclavitud en pleno siglo XXI. Es necesario romper las cadenas invisibles que atrapan a miles de mujeres y niñas, además de garantizar que las víctimas sean tratadas como tales, que reciban protección efectiva y se reconozca la dimensión de género y desigualdad que sostiene este crimen.