La imprudencia de cosechar en alerta máxima de incendios le cuesta 360 euros a un agricultor
El suceso ocurrió en junio de 2022, cuando provocó un incendio con maquinaria agrícola durante una jornada de alerta máxima por riesgo de fuego. La pena fue rebajada al aplicarse la atenuante de reparación del daño, ya que el acusado indemnizó a todos los perjudicados antes del juicio.
La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a un agricultor a una pena de multa de 360 euros como autor de un delito de daños por imprudencia grave, a raíz de un incendio agrícola que se originó en junio de 2022. La sentencia, dictada por conformidad de las partes, aplica la atenuante muy cualificada de reparación del daño, ya que el acusado indemnizó a todos los perjudicados antes de la celebración del juicio.
El fallo establece una pena de multa de 120 días a razón de 3 euros diarios, que sustituye a una pena de prisión de dos meses. En caso de impago, esta se transformará en responsabilidad personal subsidiaria. La resolución también impone al condenado el pago de las costas procesales causadas durante el procedimiento.
Según se recoge en los hechos probados de la sentencia, el suceso tuvo lugar el 14 de junio de 2022 sobre las 17:00 horas. Ese día existía una alerta máxima por riesgo de incendio decretada por el servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León debido a las adversas condiciones de temperatura, viento y humedad.
A pesar de la alerta, el acusado se encontraba realizando labores agrícolas con una cosechadora y un tractor en una parcela de su propiedad en una localidad de la provincia de Salamanca. El fuego fue provocado por la acción mecánica de una de las dos máquinas que estaba utilizando, desatendiendo la advertencia de riesgo máximo y causando daños en varias parcelas colindantes.
La sentencia es el resultado de un acuerdo entre el Ministerio Fiscal y la defensa, ratificado por el propio acusado en la vista oral. Previamente, la acusación particular, que representaba a los afectados, se había retirado del proceso tras constatar que sus representados habían sido totalmente indemnizados por los daños sufridos. Al no existir reclamaciones civiles pendientes, no se ha realizado ningún pronunciamiento sobre responsabilidad civil.
El tribunal considera los hechos constitutivos de un delito de daños por imprudencia grave mediante incendio en zona agrícola no forestal, previsto en el Código Penal. La sentencia, dictada 'in voce' en la sala, fue declarada firme en el mismo acto al manifestar todas las partes su intención de no recurrirla.
