La victimización del novio de Ayuso

Desde que el gran sociólogo norteamericano Edwin Sutherland comenzó a hablar, en 1939, de la White Collar Crime (Criminalidad de Cuello Blanco) se ha considerado a los delincuentes que cometen estos hechos como personas “respetables” y de un elevado status social, que cometen fundamentalmente delitos de naturaleza económica y financiera (Fraudes al Fisco, Evasión de capitales, Blanqueo y otros) apoyados por el poder económico, político, empresarial o judicial y que constituye un problema muy grave; aunque, desde una perspectiva criminológica se etiquete al delito de cuello blanco de naturaleza “no violenta” y por ende, al delincuente como “escasamente peligroso”.

Esta semana han comenzado las sesiones del infame juicio al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos al filtrar un correo del novio de Ayuso, convicto y confeso de haber defraudado a la Hacienda Pública y el espectáculo dantesco que están dando personajes relevantes del poder –en este caso del Gobierno de la Comunidad de Madrid- resulta lamentable e impropio de un Estado Social y Democrático de Derecho como es el nuestro.

Y es un espectáculo deplorable porque los máximos mandatarios de Madrid consideran que las conductas presuntamente delictivas del “novio” son una mera negligencia sin más, un descuido perdonable, cuando este tipo de conductas penales sólo pueden cometerse de forma dolosa, es decir, intencionada, porque el responsable conoce lo que está haciendo y quiere hacerlo. Incluso apelarán, en su defensa, a lo que en Derecho penal se conoce como “error” -de tipo o de prohibición- y que busquen con esta calificación quedar exentos de responsabilidad criminal. Casi nada. Por su parte, un hombre “ilustrado” como se presume que es el “novio” no parece que pueda alegar falta de conocimiento sobre la obligación tributaria, la cuantía de la deuda o la forma de cumplir con la obligación o que pueda alegar que creyera erróneamente que la conducta no es ilegal o que está permitida por la ley debido a una interpretación errónea de la norma tributaria o a una falta de conocimiento sobre la misma. Además, todo esto no concuerda con la intención del “novio” de llegar a un pacto con la fiscalía reconociendo los hechos imputables, es decir, asumiendo que cometió un delito contra la Hacienda Pública y ser, en consecuencia, defraudador confeso.

En cualquier caso, lo que llama poderosamente la atención es que en la declaración testifical realizada en el Tribunal Supremo por el Jefe de Gabinete de la presidenta madrileña Ayuso, es decir, “la novia”, diga que “el novio”, no es ningún delincuente. Craso error, dado que esa es la calificación que de sí hacen los poderosos de sus propias conductas criminales :“no son delincuentes”, cuando la delincuencia de cuello blanco es un problema muy grave, ya que con conductas como la del “novio” defraudando a la Hacienda Pública millones de euros, se pueden causar daños significativos e irreparables a la economía y a la sociedad en general. Con esos millones de euros que no se recaudan por el fraude, el Estado y las administraciones territoriales competentes podrían construir más hospitales, más escuelas, contratar más médicos y maestros, pagar más pensiones o realizar más políticas de bienestar social para todos los ciudadanos, sobre todo para los que cuentan con menos recursos económicos.

Por su parte, lo que también parece escandaloso es que se estén movilizando recursos públicos de la Comunidad de Madrid, para, de alguna manera promover la defensa y honorabilidad del “novio” ante la sociedad en general: “pobrecito, no es un delincuente, lo persiguen estos comunistas y amigos de los terroristas por ser el novio de..” y otras lindezas de naturaleza defensiva. Todas estas acciones, que también son evaluables económicamente y que son promovidas por agentes, asesores, diputados, consejeros y otros cargos de gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿podrían ser calificadas como presuntos delitos de malversación de caudales públicos? Estoy seguro que si organizaciones o pseudosindicatos del tipo de “Manos Limpias” o “Hazte oír” fueran enemigos de la señora Ayuso habrían interpuesto una querella contra la presidenta o contra algún miembro de su Gobierno, por presunto delito de malversación de caudales públicos. Así son. Y luego se escandalizan de que se les acuse de fomentar y jalear el lawfare, o utilización estratégica y deliberada de los tribunales de justicia para intimidar o silenciar a los adversarios políticos.