Frente común de cinco alcaldes de Salamanca: "El Gobierno nos obliga a subir la tasa de basuras"

En un frente común sin precedentes, los alcaldes de cinco de los municipios no mancomunados más importantes de la provincia de Salamanca han comparecido este lunes, 27 de octubre, para explicar una medida que, han admitido, "no es nada fácil" y les "preocupa profundamente": la inminente y obligatoria subida de la tasa de basuras. Desde el salón de plenos del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, han señalado directamente al Gobierno de España como único responsable de una actualización que afectará a miles de familias y empresas.

Los regidores Pedro Samuel Martín (Carbajosa de la Sagrada), David Mingo (Santa Marta de Tormes), Roberto Martín (Guijuelo), Ángel Peralvo (Villamayor) y Agustín Rodríguez (Doñinos) han detallado cómo la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados, les obliga a modificar sus ordenanzas fiscales. La nueva normativa exige que la tasa cubra la totalidad del coste real del servicio de recogida y tratamiento de residuos, eliminando el déficit que hasta ahora asumían los consistorios con fondos propios.

El portavoz del grupo y alcalde de Carbajosa, Pedro Samuel Martín, ha sido tajante al desvincular la decisión de la gestión municipal. "Esta subida no responde a una decisión política local ni a un cambio de forma de gestionar. Responde a una imposición directa del gobierno de España", ha asegurado. Según explicó, la ley "obliga, y repito el verbo, obliga" a los ayuntamientos a establecer una tasa no deficitaria, forzándoles a repercutir el coste íntegro a los ciudadanos.

El caso de Carbajosa de la Sagrada ilustra el impacto de la ley. "Nosotros recaudamos al año 180.000 euros y el servicio nos cuesta unos 400.000 euros. Esa diferencia de más de 200.000 euros es la que asume el ayuntamiento", ha detallado Martín. Este desequilibrio, que antes se cubría con el presupuesto municipal, ahora deberá cargarse íntegramente en el recibo por imperativo legal. Un recibo que además, según han recalcado, irá "con el sello del ayuntamiento en cuestión y no con el del Gobierno de España, que es quien se beneficia de esta nueva política".

Una imposición "sin diálogo" y que va "más allá de Europa"

Pedro Samuel Martín ha criticado con dureza las formas en las que el Ejecutivo central ha trasladado esta obligación, "sin diálogo, sin una transición razonable y sin apoyo económico" para los ayuntamientos. El regidor de Carbajosa ha ahondado en la cuestión afirmando que el Gobierno "ha ido más allá de lo que exige Europa, imponiendo condiciones que ni siquiera figuran en la directiva comunitaria", como es la obligatoriedad de que la tasa cubra la totalidad del coste.

En este sentido, el alcalde de Santa Marta, David Mingo, ha reforzado la idea al calificar de "mentira que exista ninguna directiva europea que obligue a que repercuta al 100% en el ciudadano". Aunque los alcaldes han manifestado compartir el espíritu de la directiva, basado en el principio de "quien contamina paga", han lamentado que la aplicación nacional no haya tenido en cuenta la realidad de los municipios, que durante años han congelado tasas a pesar del aumento de costes energéticos y de los cánones de vertido.

"A todo esto, se suman los nuevos impuestos y gravámenes que el gobierno socialista ha impuesto sobre el tratamiento y eliminación de residuos, lo que encarece más el servicio", ha añadido Martín, explicando que este sobrecoste se traslada a los ayuntamientos a través de la mancomunidad GIRSA.

El bloqueo político a la alternativa del Partido Popular

El alcalde de Carbajosa también ha relatado el recorrido político que ha tenido el intento del Partido Popular por frenar esta medida. Según ha explicado, el grupo popular presentó una proposición de ley en el Congreso en enero de 2025 para eliminar esta obligatoriedad, pero "el gobierno lo vetó e impidió su tramitación".

Posteriormente, la iniciativa se tramitó en el Senado, donde fue aprobada por mayoría absoluta en febrero con 145 votos a favor. Sin embargo, al regresar a la Cámara Baja el 21 de febrero, la propuesta encontró un nuevo bloqueo. "En el Congreso una vez más se vetó esta ley", ha denunciado Martín, quien ha señalado directamente a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por mantenerla "en el congelador" junto a otras 28 iniciativas populares.

El reto técnico: ¿cómo crear una ordenanza justa?

Más allá de la imposición legal, los alcaldes se enfrentan ahora a un desafío técnico y social: cómo aplicar esta subida de forma equitativa. La ley exige que cada ciudadano contribuya en función de los residuos que genera, un criterio que todos coinciden en que es muy difícil de objetivar.

"Uno de los grandes hándicaps es cómo lo hacemos y nos va a generar problemas con los vecinos", ha reconocido Ángel Peralvo, alcalde de Villamayor. Por su parte, el alcalde de Guijuelo, Roberto Martín, ha sido más explícito: "No sabemos objetivar la basura que tiran en una vivienda o en otra. Se nos hace imposible".

La dificultad reside en encontrar un criterio justo. Aplicar la tasa en función de los metros cuadrados de una vivienda, por ejemplo, podría llevar a que "los que tenían una vivienda pequeña van a ver mermado su recibo, pero lo van a tener que compensar otras viviendas". El gran problema, han concluido, es "qué ordenanza hacemos que se ciña a la realidad de lo que nos viene".

Cada municipio afronta la situación con sus propias cifras, pero con una preocupación compartida. David Mingo ha adelantado que en Santa Marta de Tormes la subida supondrá un incremento de 2,89 euros al mes para el 70% de los contribuyentes, y ha expresado su temor a que la nueva ordenanza pueda ser recurrida, generando inseguridad jurídica. En Guijuelo, Roberto Martín ha cifrado en 200.000 euros el gasto que actualmente asume el Ayuntamiento y que ahora deberá repercutir, afirmando que la norma "tiene más problemas que beneficios para los ciudadanos".

A estas preocupaciones se sumaron los alcaldes de Doñinos y Villamayor, Agustín Rodríguez y Ángel Peralvo, quienes respaldaron las intervenciones de sus compañeros y se mostraron igualmente inquietos por la dificultad técnica y económica que supone aplicar la nueva política de tasas. A pesar de la impopularidad de la medida, los cinco alcaldes han defendido su comparecencia como un ejercicio de responsabilidad. "Sabemos que estas decisiones no son populares, pero también sabemos que los vecinos valoran la gestión responsable, la transparencia y la verdad", ha concluido Pedro Samuel Martín, insistiendo en que han decidido "dar la cara" para explicar una medida que no es una elección, sino una obligación legal.