Matrimonio infantil en el Sahel

Giorgia Rivetta

Defensora de los Derechos Humanos

En la vasta región del Sahel, que se extiende desde las costas del Atlántico en Senegal hasta los desiertos de Sudán, millones de niñas crecen hoy en día en un entorno marcado por la precariedad extrema. La pobreza crónica, la violencia armada, los desplazamientos forzados y una crisis climática cada vez más aguda han creado un contexto perfecto que destruye comunidades enteras y somete a la infancia (en especial a las niñas) a una gama de violaciones de derechos humanos. En este escenario, el matrimonio infantil se consolida como una de las formas más enraizadas, normalizadas y nocivas de la violencia de género.

El matrimonio infantil, definido como la unión formal o informal de menores de 18 años, afecta de manera desproporcionada a las niñas del Sahel: de hecho en Níger, el país con una de las tasas más altas del mundo, tres de cada cuatro niñas se casan antes de los 18 años y más de una de cada cuatro antes de cumplir los 15. Tambien en Malí y Burkina Faso las cifras superan el 50 %, reflejando una realidad estructural que trasciende fronteras y refleja una situación regional de discriminación sistemática. Aunque también existen niños víctimas de estas uniones forzadas, la dimensión de género es innegable: las niñas son, en su inmensa mayoría, quienes soportan las consecuencias más duraderas y graves.

Estas uniones, claramente, lejos de ser fruto de decisiones libres e informadas, responden a una mezcla de presiones económicas, sociales y culturales que colocan a las niñas en una posición de absoluta vulnerabilidad: casi siempre las decisiones se toman sin su consentimiento real, y cuando lo hay, suele estar condicionado por la falta de alternativas, la presión familiar o el miedo a la exclusión social. Las consecuencias son profundamente destructivas: la mayoría de las niñas que se casan dejan la escuela, muchas quedan embarazadas a edades tempranas (lo que comporta un alto riesgo para su salud física y mental) y casi todas enfrentan violencia, aislamiento, pérdida de autonomía y una vida marcada por la pobreza intergeneracional.

En los últimos años, el cambio climático ha intensificado dramáticamente esta situación: la desertificación, la disminución de recursos hídricos, la degradación del suelo y la pérdida constante de cosechas han llevado a millones de personas a un estado de inseguridad alimentaria crónica. En este escenario de escasez, muchas familias ven en el matrimonio de sus hijas una forma de reducir la carga económica o de obtener recursos a través de la dote. En otros casos, los matrimonios infantiles son considerados por las familias como una medida desesperada de protección frente a un contexto de violencia y colapso institucional. La realidad, sin embargo, es que estas niñas no ganan seguridad: se ven arrastradas a una espiral de violencia, invisibilidad y exclusión, en la que sus derechos fundamentales quedan completamente relegados.

La expansión del conflicto armado en el Sahel es otro de los factores decisivos. La proliferación de grupos armados no estatales, el debilitamiento de las instituciones y la ausencia del Estado en vastos territorios han generado un clima de terror e impunidad. En regiones donde los actores armados ejercenel control, el matrimonio forzado se utiliza incluso como arma de guerra: una herramienta de dominación, castigo y apropiación de loscuerpos de las niñas. El desplazamiento forzado, con más de cinco millones de personas obligadasa abandonar sus hogares, ha creado un nuevo escenario de extrema vulnerabilidad, especialmente en los campos de personas desplazadas, donde las niñas carecen de acceso a servicios básicos, a la educación, a la protección institucional o a mecanismos de denuncia.

A nivel jurídico, el matrimonio infantil constituye una violación directa de diversos tratados internacionales. La Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) obligan a los Estados a proteger a los menores frente a prácticas nocivas y a eliminar toda forma de violencia y desigualdad estructural. También la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño establece de forma categórica la necesidad de erradicar el matrimonio precoz. Sin embargo, muchos países del Sahel no han adaptado sus marcos legislativos a estos estándares. De hecho, en algunos casos, las leyes nacionales permiten excepciones que justifican estas uniones por razones culturales, religiosas o con el consentimiento parental, lo que en la práctica perpetúa literalmente una forma legalizada de violencia.

En este contexto, los esfuerzos de la sociedad civil han sido fundamentales. A pesar de operar en condiciones extremadamente difíciles, muchas organizaciones comunitarias trabajan en campañas de sensibilización, programas educativos, apoyo psicosocial y refugios seguros para niñas en riesgo. Estas iniciativas, lideradas en muchos casos por mujeres activistas y defensoras de derechos humanos, representan una luz de esperanza en un panorama oscuro. Pero su alcance es limitado si no cuentan con respaldo institucional, financiación estable y un entorno seguro en el que puedan operar. La falta de voluntad política y la ausencia de políticas públicas integrales bloquean cualquier posibilidad de cambio estructural a gran escala. Además, la carencia de datos fiables y actualizados sigue siendo una barrera crítica: sin cifras desagregadas por género, edad y contexto, resulta imposible diseñar políticas públicas eficaces. Es urgente invertir en sistemas de recopilación de datos, capacitar a profesionales del ámbito social y jurídico, establecer protocolos de actuación en casos de riesgo y garantizar canales accesibles y seguros para la denuncia y la protección.

La comunidad internacional también tiene una responsabilidad irrenunciable. La erradicación del matrimonio infantil no puede seguir relegada a los márgenes de las agendas de desarrollo; no se trata únicamente de una cuestión de pobreza o de tradición cultural, sino de una flagrante violación de derechos humanos. La protección de las niñasdebe estar en el centro de las estrategias de cooperación, de laspolíticas climáticas, de las acciones humanitarias y de seguridad. Los gobiernos «financiadores», las agencias multilaterales y los organismos internacionales deben exigir rendición de cuentas a los Estados y garantizar que los derechos de las niñas no sean negociables.

El matrimonio infantil no puede seguir siendo considerado una consecuencia inevitable del hambre, de la guerra o del cambio climático: es una práctica evitable, prevenible y jurídicamente inaceptable. Cada niña tiene derecho a ser protegida, a decidir sobre su vida, a acceder a la educación, a vivir libre de violencia. Mientras una sola niña sea obligada a casarse en contra de su voluntad, no podremos hablar de justicia, ni de igualdad, ni de derechos humanos.