Los servicios públicos se enfrentan a una huelga en diciembre por el bloqueo salarial del Gobierno
Los sindicatos mayoritarios del sector público, UGT, CCOO y CSIF, han anunciado un calendario de movilizaciones que comenzará el 30 de octubre. Exigen al Gobierno negociar la subida salarial para 2025 y amenazan con una huelga nacional en diciembre si sus demandas no son atendidas.
Los principales sindicatos del sector público, UGT, CCOO y CSIF, han anunciado el inicio de un calendario de movilizaciones en toda España para protestar contra el bloqueo en la negociación colectiva por parte del Ministerio de Función Pública. Las protestas, que comenzarán el próximo 30 de octubre, irán en aumento y culminarán con la convocatoria de una jornada de huelga a nivel nacional en diciembre si el Gobierno no atiende sus demandas.
Bajo el lema “Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos”, la primera acción consistirá en concentraciones frente a las subdelegaciones del Gobierno en todas las provincias, incluyendo las de Castilla y León, y ante la sede del ministerio en Madrid. Si la situación persiste, los sindicatos, que representan a más del 80% del personal público, planean una gran concentración en Madrid durante el mes de noviembre como paso previo a la huelga.
Las organizaciones sindicales acusan al departamento dirigido por Óscar López de mantener congeladas las nóminas de este año y de impedir un nuevo acuerdo salarial. Denuncian que el Gobierno utiliza como "excusa" la falta de Presupuestos Generales del Estado para no aplicar la subida correspondiente a 2025 y recuperar poder adquisitivo.
El conflicto se agrava por otros asuntos laborales no resueltos. Los sindicatos critican la Oferta de Empleo Público (OEP) de este año, aprobada sin su apoyo, por considerar que "reduce la creación de empleo neto". Según sus datos, en los últimos 20 años se han perdido más de 42.000 efectivos, mientras que la nueva OEP tan solo crea 4.500 plazas de empleo neto.
Asimismo, alertan de que la temporalidad en las Administraciones Públicas permanece estancada casi en el 30 por ciento. En este sentido, recuerdan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) está exigiendo elevar las indemnizaciones para las personas afectadas y concretar sanciones a las administraciones que abusen de la contratación temporal.
