La sentencia, dictada por conformidad, incluye penas de prisión, trabajos comunitarios, órdenes de alejamiento y la inhabilitación para ejercer la patria potestad.
La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a un hombre, como autor de varios delitos de maltrato en el ámbito de la violencia de género y familiar, y un delito de amenazas, dirigidos contra su mujer y sus dos hijas menores de edad en el domicilio familiar de Guijuelo. La sentencia, dictada el pasado 30 de septiembre, se alcanzó mediante un acuerdo de conformidad entre las partes.
Los hechos probados se remontan a junio de 2024. En un primer episodio, el condenado insultó a su esposa, para después "agarrarla del cuello y tirarla sobre la cama impidiéndola levantarse al tiempo que la daba patadas en ambas piernas". La agresión finalizó gracias a la intervención de la hija mayor del matrimonio, de 15 años.
Dos días después, el acusado entró en la habitación donde estudiaban sus dos hijas y, al negarse estas a darle un beso, propinó un puñetazo en la cabeza a la menor, de ocho años, provocando que se golpeara la frente contra la mesa. Ese mismo día, amenazó de muerte a su hija mayor, diciéndole que "la mataría".
La sentencia establece penas diferenciadas para cada uno de los delitos cometidos:
Además de las penas principales, el fallo judicial incluye importantes medidas accesorias. Se le prohíbe aproximarse a menos de 100 metros y comunicarse por cualquier medio con su mujer y sus dos hijas durante un periodo de cinco años. También se le retira el derecho a la tenencia y porte de armas por dos años y un día.
De forma significativa, la sentencia inhabilita al condenado para el ejercicio de la patria potestad durante dos años respecto a su hija Graciela y durante cinco años en el caso de Justa.
En concepto de responsabilidad civil, Antón deberá indemnizar a su mujer con un total de 2.701 euros por las lesiones físicas y las secuelas psicológicas. Asimismo, deberá abonar 1.901 euros a su hija menor, y 1.800 euros a su hija mayor, por los daños físicos y psíquicos sufridos.
La sentencia fue declarada firme en el propio acto judicial, al reconocer el acusado los hechos y aceptar las penas. El tribunal resolverá en una pieza aparte la posible suspensión de la ejecución de las penas de prisión impuestas.