El Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado las ordenanzas fiscales para 2026, que congelan por duodécimo año consecutivo los cinco grandes impuestos (IBI, plusvalía, ICIO, IAE y vehículos).
El pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha dado luz verde este viernes a la aprobación inicial del Proyecto de Ordenanzas para 2026, consolidando una política de contención fiscal que se extiende ya por doce años consecutivos. La medida principal es la congelación de los cinco impuestos municipales y de la gran mayoría de tasas y precios públicos.
Esta decisión implica que, una vez más, los salmantinos no verán incrementos en tributos clave como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), la plusvalía, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el impuesto sobre los vehículos.
Desde el consistorio se destaca que, de haberse aplicado la subida del IPC acumulado durante estos doce años, que asciende al 27,4%, los tributos se habrían elevado en esa misma proporción. En cambio, han permanecido congelados e incluso, como en el caso del IBI, llegaron a bajar un 5% en 2019.
A pesar de la congelación generalizada, el proyecto contempla una actualización del 2,7%, equivalente al IPC interanual de agosto, para ciertas tarifas vinculadas a compromisos contractuales. Los servicios afectados por esta subida son:
Las tarifas del transporte urbano también se actualizarán en ese 2,7%. No obstante, el Ayuntamiento ha decidido mantener congelado el precio del bono-bus especial. Según se justifica en la nota de prensa, esta medida responde al elevado coste del nuevo servicio, que es subvencionado por el Consistorio en un 75,5%.
Aun con esta actualización, las tarifas del autobús en Salamanca continuarán entre las más económicas de España. Cabe recordar que estas permanecieron congeladas entre 2015 y 2023, un periodo en el que la variación del IPC fue del 21,3%.
La modificación más significativa para los ciudadanos vendrá de la mano de la tasa de recogida de basura. Este ajuste no responde a una decisión municipal, sino a la obligación de cumplir con la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, que exige que la tasa cubra el coste real del servicio.
Para el 81% de los contribuyentes (viviendas), este ajuste supondrá un incremento mensual que oscilará entre 1,14 y 1,35 euros. El objetivo es aproximarse al coste total del servicio, que asciende a casi 23 millones de euros.
El Ayuntamiento explica que este encarecimiento se debe, en gran medida, al aumento de los costes del depósito en el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de Gomecello, que se han disparado un 446,20% desde 2022 por la aplicación de nuevos impuestos estatales.
Finalmente, el Proyecto de Ordenanzas para 2026 garantiza la continuidad de todos los beneficios fiscales existentes. Estas ayudas están dirigidas tanto a las familias con menores ingresos como a fomentar la actividad económica en la ciudad, asegurando así una red de apoyo social y empresarial a pesar de los ajustes obligados por la normativa estatal.