Se enfrenta a dos años de cárcel por tender un pastor eléctrico y herir a un motorista

La Guardia Civil de Tráfico de Salamanca ha concluido una investigación que ha culminado con la identificación de una persona como presunta autora de un delito contra la seguridad vial. Se le acusa de colocar un obstáculo en un camino público en la localidad de Anaya de Alba, lo que provocó un siniestro vial con un herido. El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico ha sido el encargado de llevar a cabo las pesquisas para esclarecer unos hechos que, según el Código Penal, pueden acarrear importantes penas de prisión y multas.

Los hechos se remontan al pasado 24 de agosto de 2025. Ese día, en un camino público sin asfaltar del término municipal de Anaya de Alba, un motorista que circulaba por la vía colisionó violentamente contra un pastor eléctrico que había sido instalado de forma transversal, cortando el paso. Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta cayó al suelo, resultando herido. Además, el vehículo sufrió daños materiales de consideración, según ha detallado la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca.

La investigación del GIAT para identificar al autor

Dada la "gravedad de los hechos y la peligrosidad que supone la colocación intencionada de obstáculos", el equipo del GIAT inició de inmediato una minuciosa investigación. El objetivo era claro: identificar a la persona responsable de esta acción. Tras más de un mes de gestiones, la investigación dio sus frutos. El pasado 1 de octubre de 2025, los agentes lograron identificar e investigar a una persona como presunta autora de los hechos.

La Guardia Civil recuerda que la colocación de objetos que obstaculicen la circulación en cualquier tipo de vía pública constituye un "grave riesgo para la seguridad vial", ya que genera un peligro "concreto y directo" para todos los usuarios. Esta conducta está tipificada como delito en el artículo 385 del Código Penal. Quienes cometen este tipo de acciones se enfrentan a una posible pena de prisión de seis meses a dos años y a una multa de doce a veinticuatro meses, independientemente de las consecuencias que su acción pueda provocar.