El genocidio ha sido declarado oficialmente: ya no existe debate

Julia de Castro Revuelta

Defensora de los derechos humanos

La presidenta de la Asociación Internacional de Académicos sobre Genocidio ha declarado que el conflicto armado perpetrado por el Estado de Israel en Gaza cumple todos los requisitos legales para ser considerado genocidio, el crimen más atroz del derecho internacional.

La definición de genocidio fue establecida por la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, adoptada tras los asesinatos en masa hacia los judíos, con la intención de que una barbarie así no se volviese a producir en la historia. Este convenio, junto con el famoso Convenio de Ginebra, tiene una ratificación universal, firmado por 196 países, lo que significa que esos países aceptaron estar jurídicamente obligados por sus disposiciones. Las políticas y acciones de Israel en Palestina suponen una violación constante de estos convenios, pero ya no solo por Israel, sino por los restantes 195 países, pues la inacción frente a bombardeos indiscriminados sobre civiles, el bloqueo total y la política de hambre o la matanza masiva de niños, equivale a complicidad. Ya no estamos pidiendo a la comunidad internacional un deber moral, sino una obligación legal.

La resolución aprobada en cuanto a la calificación de genocidio es una afirmación respaldada por expertos en la materia, de manera que ya no caben interpretaciones, debates políticos o posturas ideológicas, ningún gobierno puede seguir optando por la neutralidad.

La situación es insoportable. La hambruna ha sido declarada oficialmente, hospitales reducidos a ruinas, familias enteras borradas del mapa, niños muertos bajo los escombros, mujeres sometidas a violencia sexual y una población casi desplazada en su totalidad. Amnistía Internacional lo ha denunciado de manera reiterada, las políticas de bloqueo y los ataques sistemáticos contra la infraestructura civil no son acciones aisladas, sino que el panorama actual es el desenlace de una estrategia que lleva décadas, y que está utilizando el hambre y la devastación como armas de guerra.

Recuentos públicos dan la cifra de más de 66.000 palestinos asesinados, y más del 40 % de las víctimas mortales en Gaza son menores de edad. Esto nos lleva a otro de los grandes tratados internacionales que ha quedado en total suspensión. La comunidad internacional ha proclamado durante décadas que el interés superior del menor es un principio irrenunciable, recogido en la Convención sobre los Derechos del Niño, siendo este el tratado más ratificado de la historia. Esta es otra obligación legal que deberíamos reclamar a nuestros gobernantes.

Y es que no podemos seguir fingiendo sorpresa o discutiendo lo evidente. La Unión Europea se muestra como un referente para el mundo en cuanto a derechos humanos, sin embargo, ahora vemos que ha resultado ser una farsa. Empresas, bancos, fondos de inversión e incluso universidades participan y legitiman la ocupación, a la vez que se benefician de la destrucción. Se repite la historia de nuevo, la mentalidad colonial que no deja a los pueblos desarrollar su derecho a la libre autodeterminación, primando así los intereses lucrativos y privados por encima de la vida de un pueblo. Así, afirmaba Francesca Albanese, relatora de Naciones Unidas: «El genocidio israelí en Gaza no solo es inhumano, es también lucrativo; hay gente haciendo dinero con él».

La Corte Internacional de Justicia ya ha señalado a las autoridades israelíes como posibles autoras de crímenes atroces y ha emitido medidas de urgencia. La Corte Penal Internacional, por su parte, mantiene órdenes de arresto contra dirigentes como Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Sin embargo, los Estados callan o miran hacia otro lado, incumpliendo la obligación legal y moral que les corresponde. La inacción no es neutralidad, es complicidad.

La historia nos juzgará, juzgará cómo pudimos ser una sociedad tan insensible presenciando un genocidio en directo, con las imágenes de niños mutilados, padres llorando con los cadáveres de sus bebés en brazos, jóvenes en estado de hambruna, familias desplazadas o hospitales bombardeados. La normalización de estas imágenes y la banalización del sufrimiento palestino es una forma más de violencia.

La obligación de los estados es clara. Es necesario romper todos los vínculos económicos que sostienen la maquinaria de guerra: prohibir venta de armas, cortar relaciones comerciales, ejercer presión diplomática, política y económica y garantizar un alto el fuego inmediato, con acceso humanitario sin trabas.

Nosotros como sociedad civil también tenemos unas obligaciones ante esta crisis humanitaria, no podemos mantener una postura pasiva, sino que hay que utilizar todos los mecanismos a nuestro alcance: presión pública, denuncia social, movilización política y exigencia judicial.

Ya no podemos seguir diciendo que no lo sabíamos, el silencio nos convierte en cómplices. Gaza nos interpela a todos, necesita ayuda internacional, la muerte de inocentes tiene que parar de inmediato y hay que defender los principios más básicos de la humanidad. Con todo ello, este crimen atroz que supone la aniquilación de un pueblo no puede quedar impune, hay que pedir las responsabilidades legales necesarias y juzgar todos los crímenes, y, para ello, el derecho internacional tiene todo un sistema. No es ideología, es cumplir con un deber moral y legal, detener el genocidio y hacer justicia.