La Junta formaliza su rechazo a la condonación de deuda: supondrá 523 euros más para cada ciudadano de la comunidad

La Junta de Castilla y León ha remitido formalmente al Ministerio de Hacienda su oposición frontal al plan del Gobierno de España para la condonación de la deuda autonómica. A través de un documento que contiene 12 alegaciones, el ejecutivo regional argumenta que la medida, lejos de beneficiar a la Comunidad, perjudicará gravemente a sus ciudadanos, quienes verían aumentada su deuda per cápita en 523 euros.

El escrito ha sido registrado dentro del plazo de audiencia pública del Anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera. La Junta reitera así una postura que ya había manifestado en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, calificando la propuesta como una decisión de carácter político sin el necesario rigor técnico ni el consenso multilateral con las autonomías.

Un "parche político" que no soluciona el problema de fondo

El principal argumento esgrimido por la Consejería de Economía y Hacienda es que la norma responde a un "acuerdo político de investidura" entre dos partidos, en lugar de a una necesidad técnica real. Según el documento, la condonación es un "parche aislado" que no aborda la raíz del problema: la insuficiencia financiera estructural de las comunidades autónomas.

Para la Junta, la prioridad absoluta debe ser la reforma del modelo de financiación, caducado desde hace 11 años, para garantizar los principios de solidaridad y suficiencia de recursos en un marco de igualdad para todas las regiones.

Los 12 argumentos clave de la Junta contra la condonación

El documento registrado detalla una docena de puntos fundamentales que sustentan el rechazo de Castilla y León a la medida. Los más destacados son:

• Motivación política: La norma responde al cumplimiento de un acuerdo de investidura y no a un análisis técnico.
• No es una solución integral: No corrige la insuficiencia financiera estructural de las CC.AA. y elude la necesaria reforma del sistema de financiación.
• Menoscabo de la responsabilidad fiscal: Atenta contra el principio de que cada administración debe responder por sus decisiones, como recoge la Constitución.
• Falta de condicionalidad: No implementa mecanismos para incentivar una disciplina fiscal efectiva en el futuro.
• Actuación sin transparencia: El Gobierno ha socavado la cooperación al no negociar multilateralmente y presentar un acuerdo cerrado.
• Medida injusta y discriminatoria: Genera agravios comparativos entre territorios y vulnera la lealtad institucional.
• Criterios de reparto discrecionales: Se critica que los criterios son ajenos al sistema de financiación y perjudican a las comunidades que han bajado impuestos y han sido prudentes en su política presupuestaria.
• Impacto negativo para Castilla y León: Los ciudadanos de la Comunidad verían aumentada su deuda per cápita en 523 euros.
• No genera mayor capacidad de gasto social: La propia ley impediría que la reducción de deuda se emplee en incrementar el gasto en sanidad, educación o servicios sociales.
• Cambios en el régimen de endeudamiento: Se critica la derogación de la obligación de destinar la deuda a largo plazo a inversión pública, considerándolo un intento de "esquivar el problema real".
• Sostenibilidad financiera no garantizada: La Junta considera que la medida no reforzará la sostenibilidad, destacando que Castilla y León ya tiene una solvencia idéntica a la del Reino de España para acceder a los mercados.
• La reforma del SFA como única vía: Se insiste en que la sostenibilidad debe abordarse de forma conjunta con la reforma del Sistema de Financiación Autonómico (SFA) en un debate multilateral.

La infrafinanciación, un déficit de 6.722 millones

La Junta subraya que la condonación no soluciona el problema de fondo, que es la infrafinanciación que sufre la Comunidad. Según datos del Consejo de Cuentas de Castilla y León, el déficit acumulado de financiación para la región entre los años 2009 y 2021 asciende a 6.722 millones de euros, lo que supone más de 500 millones anuales.

El ejecutivo autonómico defiende que el modelo actual no pondera suficientemente factores clave como los demográficos y territoriales, que incrementan significativamente el coste real de la prestación de servicios públicos en una comunidad tan extensa y con una población tan dispersa como Castilla y León.