Los socialistas critican las subidas "salvajes" en la vivienda pública y piden actuaciones contra más de 200 pisos turísticos ilegales en la capital.
El acceso a la vivienda, concebido por el Partido Socialista como el "quinto pilar del estado de bienestar", se ha convertido en el epicentro de una dura crítica hacia las administraciones del Partido Popular tanto en la región como en la capital salmantina. En una rueda de prensa, el diputado provincial Carlos Fernández Chanca y la secretaria general de la Agrupación Socialista Jaime Vera, María Sánchez, han desgranado lo que consideran una gestión "tibia" y "pasiva" que agrava uno de los mayores retos sociales de la actualidad, especialmente para la juventud.
"La vivienda se tiene que convertir en un elemento fundamental de transformación social", ha afirmado Fernández Chanca al inicio de su intervención, subrayando que es quizás "el elemento más importante para conseguir una sociedad más justa y más equilibrada". Desde esta premisa, el diputado ha contrapuesto dos modelos de gestión: el del Gobierno de España, que ha calificado de "estrategia global", y el de la Junta de Castilla y León, al que ha acusado de inacción y de favorecer la especulación.
El punto más crítico de la denuncia se ha centrado en una orden publicada por la Junta el pasado 1 de agosto, que establece nuevos precios para la compra y alquiler de vivienda pública. Fernández Chanca no ha dudado en calificar estos precios como "salvajes", argumentando que la medida ha supuesto, en algunos casos, "un incremento de 200 euros mensuales para el alquiler, y hasta un 8 por 100 en la venta". Para los socialistas, esta decisión no es una política de vivienda, sino una acción que favorece "a las grandes promotoras inmobiliarias y a los grandes fondos de inversión".
Esta política, según ha expuesto, choca frontalmente con la realidad de la juventud castellana y leonesa. Citando un estudio del Consejo de la Juventud de Castilla y León, ha recordado que la tasa de emancipación juvenil es de apenas un 14,4%, una de las más bajas del país. La razón principal, ha explicado, son los bajos salarios y el prohibitivo coste de la vivienda. "Un joven en Castilla y León debe destinar, de media, el 57,5 por 100 de sus ingresos mensuales para alquilar una vivienda", ha detallado, una cifra que se dispara hasta el 104,3% para el tramo de edad de 16 a 24 años, algo que ha calificado de "a todas luces imposible".
Fernández Chanca también ha criticado duramente la postura "rebelde e insumisa" de la Junta por negarse a aplicar la Ley de Vivienda estatal y a declarar zonas de mercado tensionado, una medida que, según ha asegurado, ha logrado reducir los precios del alquiler hasta un 8% donde ya se ha implementado. Ha calificado esta negativa como "absurda, pueril, una rabieta de patio de colegio impropia de un gobernante serio".
Frente a esta inacción, ha destacado la inversión del Gobierno central, afirmando que "3 de cada 4 euros que destina la Junta de Castilla y León en vivienda provienen del gobierno de Pedro Sánchez". Según sus datos, el Ministerio de Vivienda ha invertido 600 millones de euros en la región desde 2018, lo que ha permitido rehabilitar 13.000 viviendas y construir 1.800 nuevas. Además, ha adelantado que el nuevo plan estatal incrementará la inversión en la comunidad de 101 a 380 millones, incluyendo ayudas de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes, una medida clave para luchar contra la despoblación.
Por su parte, María Sánchez ha trasladado el foco a la capital, asegurando que el panorama no difiere del autonómico. "El Ayuntamiento de Salamanca no cumple o no quiere cumplir las normas a nivel estatal, ni a nivel autonómico, ni las suyas propias", ha sentenciado. La principal carencia, según la denuncia socialista, es la falta de un plan de vivienda municipal, un incumplimiento de la ley autonómica de 2010 que deja las políticas en esta materia sin una "hoja de ruta" clara.
Sánchez ha sido especialmente crítica con la gestión de los pisos turísticos. Ha recordado que el propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ya establecía la ilegalidad de estos alojamientos por encima de una primera planta. "Hemos detectado y los hemos denunciado más de 200 pisos turísticos ilegales, y a fecha de hoy, a pesar de haber aprobado la ordenanza, que se planteaba como excusa para no sancionar, siguen sin realizar ningún tipo de sanción", ha manifestado.
Para los socialistas, la suma de un gobierno del PP en el Ayuntamiento y en la Junta "está lastrando los derechos de los ciudadanos salmantinos". Han concluido exigiendo un cambio de rumbo y que las administraciones asuman su responsabilidad para garantizar el acceso a una vivienda digna, advirtiendo que la pasividad actual solo agrava problemas como la despoblación. "Una provincia que se vacía no puede permitirse seguir poniendo palos en la rueda", ha finalizado Chanca.