Migraciones en el siglo XXI: entre la necesidad y la restricción

Violeta Olalla

Defensora de los derechos humanos

La migración ha sido una constante a lo largo de la historia. En el siglo pasado, los habitantes de las zonas rurales se trasladaban a las ciudades en busca de mejores oportunidades laborales. Actualmente, debido a la globalización, entre otros factores, las personas de los países más pobres emigran hacia naciones más ricas en busca de una vida mejor.

Anteriormente, la mano de obra extranjera se consideraba necesaria; sin embargo, hoy en día se percibe por algunos como indeseable. Muchos países, incluido España, realizan grandes esfuerzos para cerrar sus fronteras y limitar los permisos de trabajo para «proteger» a sus ciudadanos, cuando las verdaderas víctimas de esta situación son los propios inmigrantes.

El primer acuerdo global para proteger los derechos de los inmigrantes y resaltar los beneficios de la migración fue promovido por la ONU en 2018, bajo el nombre de Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Este tratado, reafirma los derechos fundamentales establecidos por la ONU, incluyendo la soberanía nacional, mientras promueve una sensibilización y humanización de las acciones que benefician a los países de origen, tránsito y destino, así como a los propios migrantes. No obstante, su efectividad ha sido limitada, ya que muchos países, entre ellos Estados Unidos, no lo han ratificado. La realidad es que los inmigrantes son vistos como una amenaza y un peligro para la seguridad nacional.

El sistema penal ha centrado sus nuevos objetivos en los migrantes. La prueba más evidente de esto es que, en muchos países, la población extranjera en las cárceles supera el 30 %, una cifra excesivamente alta en comparación con su peso demográfico real. Esta concepción de los inmigrantes los somete a un control policial intensificado y a un trato desfavorable en los tribunales, donde tienen más probabilidades de ser enviados a prisión preventiva sin opciones alternativas. Finalmente, la experiencia carcelaria para ellos es más traumática y deshumanizadora, ya que corren el riesgo de ser expulsados si son condenados a más de un año de cárcel (artículo 89 del Código Penal español). Esta situación los coloca en una posición que, en ocasiones, los lleva a buscar medios ilegales para sobrevivir, como el crimen organizado.

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tampoco mejora la situación. En lugar de fomentar la integración social de los extranjeros, se esfuerza por evitarlos de cualquier manera. Recorta los derechos de aquellos sin permisos de residencia, privándolos incluso del derecho a la salud y a la protección judicial.

La ley criminal no debería involucrarse en los flujos migratorios, sino concentrarse en proteger a los inmigrantes del abuso. Aunque es lógico que el Estado trate de regular la inmigración, restringir excesivamente la migración regular provoca un aumento de inmigrantes ilegales, quienes, para sobrevivir, podrían acabar acogidos por organizaciones criminales.

Por ende, la inmigración debe ser regulada conforme a las necesidades económicas y sociales de nuestra sociedad. La migración no surge de oportunidades, sino de necesidad, generalmente causada por conflictos, desastres naturales, colapso ambiental, políticas de genocidio y, sobre todo, factores económicos. Por lo tanto, si los recursos no se dirigen al sur, las personas se moverán hacia el norte en su búsqueda. En conclusión, los flujos migratorios son incontrolables; la inmigración nunca dejará de existir. Por ello, y más en España, debería regularse de manera que los inmigrantes también tuvieran la oportunidad de vivir dignamente, evitando una cadena de descontento que afecta a todos.