La Junta de Castilla y León ha rechazado formalmente el nuevo Mapa Estatal de Transportes del Gobierno central, calificándolo de "inaceptable" y "unilateral". El ejecutivo autonómico denuncia que la propuesta suprimiría 474 paradas en 346 municipios y exige una negociación en la Conferencia Sectorial, criticando la financiación "limitada" y sin garantías que ofrece el Ministerio.
La Junta de Castilla y León ha formalizado su total oposición al nuevo Mapa Estatal de Transportes propuesto por el Gobierno central. A través de una carta remitida al Ministerio de Transportes, el ejecutivo autonómico ha rechazado la decisión "unilateral" del Gobierno y ha instado a que el diseño del nuevo modelo se negocie en una Conferencia Sectorial, el máximo órgano de debate entre las comunidades autónomas y el Estado.
El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha sido contundente al valorar la postura del Ministerio, que exige a las comunidades autónomas asumir los tráficos del nuevo mapa o, en su defecto, que sea el propio Ministerio quien los gestione "con unos criterios que no son adecuados" para la región.
"Nos parece inaceptable el planteamiento y las opciones que ofrecen no garantizan los servicios", ha subrayado Sanz Merino. El consejero ha denunciado la persistente "falta de diálogo" por parte del Gobierno, recordando que "se lleva pidiendo esta Conferencia durante tres años y se está desoyendo el sentir de las comunidades autónomas".
Este rechazo no es exclusivo de Castilla y León. En la última reunión de directores generales, el punto referente al mapa de transportes tuvo que ser retirado del orden del día ante la oposición de once comunidades autónomas.
La principal preocupación de la Junta radica en el impacto directo que el borrador del mapa, presentado en 2022, tendría sobre el territorio. Según los datos del ejecutivo autonómico, la propuesta del Gobierno central supondría la supresión de 474 paradas en 346 municipios de Castilla y León.
Para Sanz Merino, este diseño "no responde a las necesidades de cohesión y vertebración territorial de nuestra Comunidad", un pilar fundamental en una región con una gran dispersión geográfica.
Las alternativas que ofrece el Ministerio tampoco convencen a la Junta. La primera opción es que las comunidades asuman la gestión de estas rutas con una financiación que el consejero califica de "limitada", cifrada en 40 millones de euros y "sin vocación de continuidad".
La segunda opción, que el Ministerio asuma directamente los tráficos, no aclara si se mantendrán en el futuro las paradas consideradas deficitarias. "Hemos suscrito el mismo rechazo por la falta de garantías en la financiación y en la prestación de los servicios tal y como están en la actualidad", ha indicado el consejero.
Desde la Consejería de Movilidad y Transformación Digital se destaca el choque entre dos modelos de gestión "totalmente opuestos". Por un lado, el modelo estatal que, según la Junta, suprime paradas y reduce servicios. Por otro, el modelo que defiende la Junta, que busca implantar la gratuidad del transporte para los empadronados en las 2.610 rutas autonómicas como una medida para fijar población, generar ahorro en las familias y garantizar el acceso a servicios públicos esenciales.