El bloqueo a la jornada de 37,5 horas semanales deja en el aire la mejora de 60.000 trabajadores en Salamanca

Las aceras de la Gran Vía de Salamanca han sido este martes el escenario de una reivindicación histórica que busca abrirse paso en el presente. Convocados por los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), decenas de personas se han concentrado en la esquina con la calle Abogados de Atocha para alzar la voz en favor de una medida que podría transformar el paradigma laboral español: la reducción de la jornada a 37 horas y media semanales.

La protesta ha coincidido de manera simbólica con el debate de esta misma propuesta en el Congreso de los Diputados, un foro donde, según los sindicatos, la iniciativa se ha topado con un muro inesperado. José Fernando Luengo, secretario provincial de CCOO, ha sido contundente al señalar a los responsables del bloqueo. "Desgraciadamente, sabemos que la derecha extrema y la extrema derecha se han aliado para que esta nueva reforma no salga adelante", ha afirmado, lamentando la unión de votos del Partido Popular, Vox y los partidos de Puigdemont para impedir siquiera el diálogo parlamentario.

Esta alianza política, según los cálculos sindicales, frena una medida que podría beneficiar a 12 millones de trabajadores en toda España. El impacto en la provincia de Salamanca no es menor. "A lo que nos corresponde a la provincia de Salamanca son 60.000 personas, 60.000 personas trabajadoras que no se van a poder beneficiar de esta reducción", ha detallado Luengo. Para el líder de CCOO, esta lucha va más allá de una simple mejora; es una cuestión de progreso social estancado durante décadas. "No es un capricho, es una necesidad, ya que llevamos muchos años con una jornada de 8 horas diarias, y es el momento de que esta ley se debata y pueda salir adelante", ha sentenciado.

Una cuestión de justicia tras 42 años

A su lado, Marcelino Muñoz, secretario provincial de UGT, ha suscrito las palabras de su homólogo y ha añadido una perspectiva histórica y de justicia social. Ha recordado que han pasado 42 años desde la última gran reforma que fijó la jornada en 40 horas semanales, un marco temporal que considera obsoleto. "Es de justicia que después de 42 años sigamos en este punto", ha reivindicado.

Muñoz ha puesto el foco en los colectivos más vulnerables, que serían los principales beneficiarios de la reforma. La reducción a 37,5 horas afectaría, principalmente, "a todas las personas que no tienen convenio colectivo y a los convenios colectivos que regulan la jornada por encima de ese horario, que son los convenios colectivos más precarizados y más feminizados".

El "miedo" empresarial y las horas extra sin registrar

Ante los argumentos esgrimidos por ciertos sectores empresariales, especialmente en una provincia tan dependiente de los servicios como Salamanca, que alertan de la insostenibilidad de la medida, los sindicatos han ofrecido una respuesta clara. Marcelino Muñoz ha calificado estas advertencias como "la misma excusa de siempre". Ha recordado los presagios apocalípticos que acompañaron a la reforma laboral de 2022 o a las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). "Esa excusa no nos la creemos", ha afirmado, señalando que, tras aquellas medidas, España y Salamanca han alcanzado "récord histórico de afiliación a la seguridad social y mínimos de paro".

Además, ha recordado un matiz crucial que a menudo se omite en el debate: "El gobierno ha propuesto, junto con esta reducción de la jornada laboral, una serie de baterías de ayudas a pymes". Para Muñoz, la oposición empresarial es "otra excusa más sin base lógica", posiblemente fruto del "desconocimiento o el miedo a lo que pueda pasar".

Sin embargo, José Fernando Luengo ha sugerido que podría haber un temor más profundo y menos confesable detrás de esta resistencia. La reforma no solo contempla reducir el tiempo de trabajo, sino también mejorar el control sobre el mismo. "Esta reforma también va a hacer que se registren todas las horas extraordinarias que se echan. Igual es el miedo que tienen las empresas, de que hay muchas horas extraordinarias que no cuestan en ningún sitio", ha deslizado el secretario de CCOO. Esta medida sacaría a la luz una bolsa de trabajo no declarado que, según los sindicatos, es una de las grandes lacras de la precariedad en la provincia.

Un contexto de salarios congelados

La reivindicación de la jornada laboral se enmarca en un contexto de creciente precarización que va más allá de las horas trabajadas. Marcelino Muñoz ha aportado un dato revelador sobre la situación salarial en la provincia. Mientras la inflación interanual a nivel nacional se sitúa en el 7,5%, "la subida media salarial en los convenios de la provincia de Salamanca apenas pasa el 2,5% por unas décimas". Esta brecha evidencia la pérdida de poder adquisitivo que sufren los trabajadores salmantinos y refuerza la urgencia de mejorar sus condiciones en todos los frentes.

A pesar del bloqueo parlamentario, ambos líderes sindicales han dejado claro que no darán su brazo a torcer. "Los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, seguiremos peleando para que esta reforma siga adelante y consigamos nuestro propósito, que es mejorar las condiciones de las personas trabajadoras", ha concluido Luengo, dejando patente que la lucha por el tiempo y la dignidad laboral no ha hecho más que empezar.