Septiembre: el mes de las separaciones y la vuelta al colegio

Septiembre no solo marca el final del verano y el regreso a la rutina laboral. También inaugura dos procesos que, aunque distintos, se entrelazan en miles de hogares españoles: la vuelta al colegio de los menores y el inicio de un procedimiento de separación. Porque sí, septiembre es el mes en el que más parejas se separan en España. Un dato que no debería quedar en una mera estadística, sino en un motivo de reflexión sobre cómo gestionamos las rupturas, especialmente cuando hay hijos en común.

Las vacaciones, lejos de ser siempre un bálsamo, actúan en muchos casos como un catalizador. El tiempo compartido intensifica conflictos larvados, las diferencias se hacen más visibles y las tensiones acumuladas desembocan en la decisión de poner fin a la convivencia. Por eso septiembre es, año tras año, el mes de más separaciones.

Pero mientras los adultos toman decisiones difíciles, los niños cargan con la mochila más pesada: la de enfrentarse a un nuevo curso escolar en un contexto familiar fragmentado. Y aquí empieza la verdadera asignatura pendiente de nuestro sistema educativo y judicial: garantizar que esos menores no sufran doblemente las consecuencias de la separación.

Parte del problema reside en la persistente confusión entre custodia y patria potestad.

Custodia: hace referencia al día a día del menor, a quién organiza rutinas, horarios y convivencia. Puede ser exclusiva o compartida.

Patria potestad: abarca un conjunto más amplio de derechos y obligaciones. Incluye decisiones esenciales como la educación, la salud, el lugar de residencia o la orientación religiosa. En la inmensa mayoría de casos, tras una separación, la patria potestad sigue siendo compartida por ambos progenitores, aunque uno de ellos no tenga la custodia.

Esto significa que los dos padres, salvo resolución judicial en contrario, deben estar igualmente informados de la vida académica de sus hijos. Sin embargo, la práctica dista mucho de este principio.

La realidad cotidiana demuestra que muchos colegios e institutos siguen confundiendo custodia con patria potestad. El resultado es un patrón preocupante:

Reuniones escolares notificadas solo al progenitor custodio.

Circulares, notas y comunicados enviados únicamente a uno de los padres.

Matriculaciones realizadas sin el conocimiento ni el consentimiento del otro progenitor.

Profesores que, por desconocimiento, se limitan a dar por válido lo que afirma un único padre o madre.

Estos errores —a veces fruto de la ignorancia, otras de la comodidad— generan desigualdad y, lo que es peor, colocan a los menores en medio de un conflicto que no les corresponde.

La administración educativa no puede mirar hacia otro lado. En un país donde el divorcio y la separación son realidades cada vez más comunes, resulta incomprensible que no existan protocolos claros y obligatorios que obliguen a los centros a informar a ambos progenitores titulares de la patria potestad.

Un sistema educativo moderno no puede depender de la “voluntad” de un director de colegio ni de la diligencia de un tutor. La transparencia informativa debería ser automática, y en pleno siglo XXI resulta ridículo alegar problemas técnicos: basta con duplicar un correo electrónico o conceder dos accesos a la plataforma online del centro.

La cuestión no es técnica, sino de voluntad política y administrativa. Y mientras no se legisle o se ordene de forma expresa, seguirá siendo el menor quien pague el precio de esta negligencia.

En este escenario, los abogados de familia desempeñan un papel esencial. Son ellos quienes deben recordar en cada proceso de separación que la patria potestad no se diluye con el divorcio y que los convenios reguladores deben contemplar de manera expresa la obligación de los centros de informar a ambos progenitores.

Un abogado experto en Derecho de Familia no solo gestiona un procedimiento judicial: también garantiza que la separación se lleve a cabo con equilibrio, justicia y, sobre todo, respeto hacia los hijos.

No obstante, no todo debería quedar en manos de los abogados. La administración tiene el deber de establecer normas claras que eviten la arbitrariedad. De lo contrario, se seguirá alimentando la desigualdad entre familias de distintas comunidades autónomas, o incluso entre colegios de la misma ciudad.

Imaginemos dos situaciones reales:

Una madre recibe la convocatoria de una reunión de padres para hablar del inicio de curso. El padre, también titular de la patria potestad, no recibe nada. Cuando se entera, ya es tarde. Su hijo le reprocha no haber estado presente.

Un padre matricula unilateralmente a su hija en una actividad extraescolar. La madre, que no fue consultada, se entera semanas después. La niña, atrapada entre la ilusión de la actividad y la tensión entre sus progenitores, acaba siendo la víctima emocional.

Estos escenarios, tan comunes como invisibles, demuestran que la falta de información compartida no es un problema burocrático: es una herida emocional que se abre en el corazón del menor.

La solución exige un doble cambio:

Normativo: leyes claras que obliguen a los centros educativos a facilitar toda la información escolar a ambos progenitores con patria potestad. Sin excepciones, salvo privación judicial expresa.

Cultural: una mayor sensibilización en colegios, juzgados y familias. Porque el derecho a la información no es un capricho de los padres, sino una garantía de estabilidad para los hijos.

En definitiva, se trata de pasar de un modelo de educación centrado en la comodidad administrativa a otro centrado en el bienestar del menor.

La vuelta al colegio debería ser un tiempo de reencuentros, ilusión y proyectos, no un escenario de disputas legales ni de exclusiones arbitrarias. Y septiembre, mes de rupturas y separaciones, debería recordarnos que los hijos no son botín de guerra, sino personas en formación que necesitan el apoyo equilibrado de ambos padres.

Negar información a uno de los progenitores es, en la práctica, negar al menor una parte de su infancia compartida. Es privarle de la certeza de que, pese a la ruptura, sigue teniendo a su madre y su padre, pendientes de él.

Por eso, si septiembre es el mes de más separaciones, también debería ser el mes de la responsabilidad compartida. Porque las parejas pueden terminar, pero la obligación de educar, proteger e informar sobre los hijos es irrenunciable. Y es hora de que la administración, los colegios y la sociedad lo asuman de una vez por todas.