Un preso agrede a una funcionaria en la cárcel de Topas tras negarse a compartir celda

Una funcionaria del área de vigilancia interior del Centro Penitenciario de Topas ha sido agredida este martes, 2 de septiembre, por un interno. El suceso se produjo cuando el recluso, al negarse a compartir celda con otro preso, reaccionó de forma violenta y le propinó varias patadas en las piernas y el resto del cuerpo a la trabajadora, que tuvo que ser atendida en la enfermería del propio centro por contusiones de diversa consideración.

Tras este nuevo episodio de violencia, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha vuelto a alzar la voz para denunciar lo que consideran una situación de "total indefensión" para el personal penitenciario ante unas agresiones que, afirman, padecen "masivamente".

Desde CCOO critican duramente la gestión de Instituciones Penitenciarias, asegurando que las medidas actuales "dejan sin prevención ni protección al personal". El sindicato señala directamente al protocolo PEAFA (Protocolo Específico de Actuación Frente a las Agresiones), el cual califican de ineficaz, no preventivo y de recortar los derechos de la Ley de Prevención. CCOO recuerda que fue la "única organización estatal de la mesa de negociación" que rechazó y no firmó dicho protocolo.

Según los datos aportados por la organización sindical, la violencia laboral en las prisiones se ha convertido en un "riesgo estructural y endémico", con un au*mento del 113,94% por cada mil presos desde el año 2010. Acusan al servicio de prevención de "mirar hacia otro lado" sin estudiar las causas ni proponer soluciones efectivas.

Las cifras de este año son especialmente alarmantes para el sindicato. Entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2025, se han registrado 233 incidentes que han derivado en 281 agresiones. "De mantenerse el actual número de agresiones, estamos en el PEOR AÑO de agresiones contra el personal penitenciario", sentencian desde CCOO.

Para CCOO, estas agresiones "se pueden evitar y reducir únicamente con medidas de prevención de riesgos laborales". Acusan a Instituciones Penitenciarias de "maquillar los datos", infravalorando el número y la gravedad de los incidentes para proyectar una imagen externa que no se corresponde con la realidad.

Ante esta situación, el sindicato ha puesto sobre la mesa una serie de medidas que consideran fundamentales para garantizar la integridad y el derecho a la salud del personal de prisiones:

• Aplicación íntegra de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales al personal penitenciario.
• Evaluar las causas y los riesgos de manera exhaustiva.
• Aplicación de medidas preventivas que se anticipen al riesgo.
• Modificación de las medidas que demuestren no solucionar el riesgo.
• Protección del derecho a la salud de la población penal, especialmente en materia de salud mental.
• Adecuación de la clasificación regimental a la realidad penitenciaria actual.
• Dotación de equipos de protección individuales adecuados a los riesgos afrontados.
• Apoyo psicológico y jurídico a las víctimas de las agresiones.

Finalmente, CCOO insiste en la necesidad de que los trabajadores penitenciarios obtengan el reconocimiento como agentes de la autoridad en el ejercicio de su profesión como una medida clave de protección.