La vivienda en España: un derecho convertido en privilegio

Valeriya Valerieva Angelova

Defensora de derechos humanos

Constitución española en el artículo 47: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos».

También protegen este derecho declaraciones internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 25.1 —«el derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios»— o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 11.1. En el ámbito europeo, lo hace la Carta Social Europea Revisada, en su artículo 31.

También en 2023 el gobierno publica una ley de vivienda (Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda), que trataba de facilitar el acceso a la vivienda con diversas medidas.

Quién diría que con todas estas regulaciones respaldando la vivienda como un derecho y estableciendo que los poderes deben de favorecer el acceso a ella, estaríamos actualmente en esta situación. Me remito a los siguientes datos en España:

En España, solo un 1,6 % de las viviendas existentes están dedicadas a políticas sociales, mientras que el estándar de países de la UE supera el 15 %. La vivienda social es clave para personas en situaciones de vulnerabilidad.

El precio de la vivienda de compraventa se ha incrementado más de un 63 % en la última década. También el precio de la vivienda se ha disparado en comunidades donde la demanda crece, sobre todo en sitios turísticos. El 38 % de los hogares españoles en alquiler hace un esfuerzo alto para pagar y tiene que invertir más del 30 % o incluso algunos el 40 % de sus ingresos. Según un informe publicado por el CGPJ, el número total de desahucios que se han realizado en el segundo trimestre de 2024 fue de 7.850, un 7,8 % más que en ese mismo trimestre de 2023. Los desahucios por impago del alquiler han aumentado un 10,7 % en el segundo trimestre del año hasta colocarse en 5.874 procedimientos.

El 66 % de jóvenes de entre 18 y 34 años siguen viviendo con sus padres y si logran independizarse la mayoría de las veces es compartiendo piso y tratando de sobrevivir a fin de mes. Los hogares jóvenes son más pobres que hace dos décadas.

Estos datos evidencian que la vivienda más que un derecho parece un privilegio. España es uno de los Estados más demandados y el más condenado por el Comité de derechos económicos Sociales y Culturales. Con varias condenas por vulnerar el art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Todos estos problemas en España proceden de que se ha permitido que la vivienda sea un bien para especular, para invertir y sacar rentabilidad. El número de multipropietarios ha crecido en la última década, lo que favorece aún más estas prácticas especulativas. Realmente es una pena cómo hemos llegado a esta situación donde la vivienda es un lujo o un bien de inversión cuando en realidad es un derecho básico que tenemos todas las personas para tener una vida digna.