Las competencias en prevención y extinción de incendios forestales conforme a la Constitución y los diferentes Estatutos de Autonomía, son autonómicas y, en virtud de ello, las responsabilidades políticas e incluso penales por actuaciones incorrectas, por no haber hecho la gestión preventiva correspondiente, deben ser imputadas a las autoridades competentes de las respectivas Comunidades Autónomas.
Los gravísimos incendios que están asolando algunos territorios de España, como son Galicia, Castilla y León y Extremadura, están constituyendo un episodio más de la incoherencia, las mentiras, la manipulación y la mala fe política de la derecha extrema de Feijóo y de toda su guardia pretoriana autonómica.
El comportamiento de los líderes regionales del PP me recuerda más a la de unos niños malcriados y maleducados que optan por la pataleta constante porque no se salen con la suya y se mantienen en una rabieta permanente que les hace perder el juicio y la razón. También comparado, en el argot futbolístico, con los jugadores que protestan ante cualquier decisión arbitral y que se dedican a derribar al contrario con zancadillas y agarrones, debido a la impotencia que sienten porque sus adversarios juegan mejor al fútbol y van ganando el partido.
Así son en el PP y su jefe de filas es el que está instigando constantemente a la rebelión, a la bronca y la discordia. Y lo hace, fundamentalmente, porque de lo contrario, sabe que el empujón que le dará Ayuso y sus compinches será determinante para su expulsión de la dirección del PP. Una prueba de ello es que durante el comienzo de los incendios en Castilla y León y Galicia, el presidente castellanoleonés, Mañueco, dijo que “no es problema de medios, tenemos los medios adecuados para extinguir los incendios”, atribuyéndose, además, las competencias, que las tienen de forma exclusiva las Comunidades Autónomas. Pero en cuanto Feijóo comenzó a lanzar críticas al gobierno central, inmediatamente –estrategia ya cansina e indecente del PP a nivel nacional- sus barones se pusieron a su servicio, lanzándose al ataque, haciendo de altavoz de esas críticas e incrementándolas de forma escandalosa.
No es nada nuevo, por desgracia. Siempre escuché al politólogo gallego Antón Losada –quién fue vicepresidente de la Xunta de Galicia en una de las ocasiones en que gobernó la izquierda y los nacionalistas gallegos- hablar en estos términos de Feijóo –que aparentaba ser un político serio, sosegado y de talante negociador- cuando fue designado presidente del PP en sustitución de Pablo Casado: “que nadie se lleve a engaño, Feijóo mintió, manipuló la información y practicó el juego sucio contra los entonces responsables de la Xunta, con la única intención de llegar al poder, como fuera”. Feijóo es el líder de la corriente ideológica de la “zorrería política”, que practica, además, con mala fe.
Y consiguió llegar al poder en Galicia, con mentiras, manipulaciones y acusaciones falsas. Menos mal que “segundas partes nunca fueron buenas” y la vil y malintencionada estrategia que hace valer ante la opinión pública, está “más vista que el tebeo”. Ya se sabe, “el que pueda hacer, que haga”, como diría Aznar, el “señor de la guerra”, el que no hizo más que mentir en los ocho años que estuvo de presidente del gobierno: guerra de Irak y las armas de destrucción masivas, Prestige y los “hilillos de plastilina”, Yak-42 y el penoso estado de los aviones del ejército o el 11-M y ETA, por poner solo algunos ejemplos.
La estrategia de acoso y derribo al presidente Pedro Sánchez por parte del PP no tiene límites y dan igual los medios que se utilicen, sean éticos o deplorables. Lo mismo utilizan a grupos y asociaciones ultras para que interpongan querellas por cualquier cosa –les da igual que se estimen por el juez de turno como que no-, todas ellas irracionales y esperpénticas.
Se sirven, además, de jueces amigos e ideológicamente “de la cuerda” a los que no les importa dictar resoluciones arbitrarias a sabiendas de su injusticia; utilizan medios de comunicación afines, con periodistas que poseen una ética profesional más que discutible, a los que nada les valen las propuestas del gobierno por muy interesantes que sean: la última sobre el pacto de Estado contra el cambio climático y para ponerse de acuerdo en actuaciones a seguir, cuando todos sabemos que el clima en el planeta se está despeñando por el precipicio más vertiginoso y como no se actúe, como no se haga algo, en muy poco tiempo desaparecerá la vida en la tierra tal como actualmente la conocemos. Porque, ¿quién y cómo se podrá sobrevivir a las catástrofes que presumiblemente están a punto de llegar si entre todos no lo impedimos?
Al hilo de este razonamiento, leí hace unos días un determinado artículo de opinión en un medio de comunicación de nuestra tierra, afín a la derecha extrema y a la extrema derecha, criticar que Pedro Sánchez, que preside un gobierno “cicatero”, haya propuesto un pacto de Estado, desdeñándolo y que no tuvo la decencia de acercarse con su “Falcon” por los incendios habidos en Salamanca estos días. A este respecto recordaría a quienes estos comentarios hacen que en el año 2001 –no hace falta que diga quién gobernaba entonces, el PP por mayoría absoluta tanto en Castilla y León como en la Administración General del Estado- hubo un incendio en Las Arribes salmantinas –concretamente se inició el 31 de julio y estuvo activo varios días- donde se quemaron cerca de 5.000 hectáreas y uno de los municipios más afectados fue el mío, en el que, además, ocupaba el puesto de Alcalde, Mieza, donde ardieron 1.500 hectáreas de las 3.400 que tiene su término municipal. Allí no sólo no se dignó visitarnos ni Aznar –presidente del gobierno, que utilizaba el Falcon para otros menesteres- ni el recién nombrado presidente de la Junta de Castilla y León de entonces, Juan Vicente Herrera -que sustituyó a Juan José Lucas al ser este nombrado ministro de la Presidencia- sino que nos pusimos de acuerdo varios alcaldes para solicitar la declaración de “zona catastrófica” y el gobierno Aznariano se lo pasó por “el Arco de Triunfo”. Recuerdo que, en la actualidad, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado que el próximo martes se declararán las zonas afectadas por estos incendios “zona catastrófica”, con las consecuencias indemnizatorias que ello tiene para las zonas afectadas por los devastadores incendios.
Sé que, por otra parte, es muy difícil aguantar el acoso permanente al que la derecha extrema está sometiendo al gobierno y a los grupos políticos que lo apoyan. Que algunos responsables políticos, como Elías Bendodo, del PP, acusen a la Directora General de Protección Civil, Virginia Barcones, de “pirómana” o que una descerebrada política como Ayuso acuse al gobierno de “dejar que esos problemas se maceren” –en relación a la DANA o los incendios-, o de que “falta rigor, falta humanidad y antelación”, es poco menos que decir que el gobierno parece que disfruta con estas catástrofes para luego echarles la culpa a los gobiernos autonómicos del PP y a la oposición política del PP en España, son declaraciones completamente “incendiarias” –nunca mejor dicho- que lo que buscan es la confrontación permanente, la bronca, la insidia y la calumnia.
Y es absolutamente normal que quién recibe estos insultos se sienta vilmente agredido y con el derecho a contestar y con una respuesta que pueda ser desproporcionada, porque es lo que buscan los que quieren que todo se destruya porque esa destrucción puede beneficiarles, en este caso electoralmente. Ante esta situación hay que tener la cabeza fría, porque, ya lo dice el aforismo popular: “no discutas nunca con un imbécil, te llevará a su terreno y allí te ganará por experiencia”.
Está muy claro que, según lo previsto en la Constitución Española y en los diferentes Estatutos de Autonomía, la prevención y extinción de incendios es una competencia que han asumido las Comunidades Autónomas y, por tanto, son éstas las máximas responsables de que la gestión sea la adecuada. Po tanto, aquí hay que preguntarse lo siguiente, ¿por qué han sido estas tres comunidades Galicia, Castilla y León y Extremadura, donde se han propagado de forma alarmante los incendios?
Una de las respuestas, la que provoca las causas “mediatas”, es fácil de responder: porque son las que menos han invertido en la prevención de los incendios. Castilla y León, por ejemplo, de los 103 millones de euros que tenían que haber invertido en la prevención de los mismos: despliegue de brigadas forestales para desbroce de caminos, limpieza de matorrales y creación de cortafuegos, sólo se habían invertido 50 millones; es decir, menos de la mitad en un momento –mes de junio-, en el que se tenía que haber invertido todo ese dinero.
Por tanto, cuando se ha incumplido el “deber objetivo de cuidado” y, como consecuencia de ello, se produce el hecho lesivo correspondiente –incendios forestales, hechos penalmente relevantes- los resultados producidos deben ser imputables también a quién debiendo tener la diligencia debida de cumplir con las obligaciones de la prevención, no lo ha hecho; es decir, deben ser responsables penales las autoridades competentes para la prevención –de las Comunidades Autónomas respetivas- a título de imprudencia.
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