El aumento de los feminicidios en Argentina

Lucía Fondón Valdés

Defensora de los derechos humanos

Resulta realmente preocupante el alarmante incremento de los femicidios en Argentina durante lo que llevamos de 2025, pues el año ha empezado con un promedio de una mujer asesinada cada 26 horas en el país. Esto, sin lugar a dudas, pone de manifiesto una crisis de derechos humanos que exige una atención y acción inmediatas. Según datos recogidos por el Observatorio de Femicidios en Argentina «Adriana Marisel Zambrano» de La Casa del Encuentro, se han registrado 28 femicidios en los primeros 31 días del año, a lo que hay que sumar las cifras de años anteriores: 2024 con 255, 2023 con 250 o 2022 con 233 feminicidios.

Esta situación se ha incrementado con las recientes iniciativas gubernamentales que buscan eliminar la figura legal del feminicidio y derogar la Ley Micaela, la cual establece la capacitación obligatoria en cuestiones de género para funcionarios públicos en Argentina. El actual presidente, Javier Milei, ha anunciado recientemente su intención de presentar un proyecto de ley llamado «De igualdad ante la ley» que propone las modificaciones legales mencionadas anteriormente. La eliminación de la figura del feminicidio del Código Penal argentino significa un gran retroceso en la protección de los derechos de las mujeres. Actualmente, este texto legal reconoce la violencia de género como un delito específico, castigado con sanciones más severas y visibilizando, de esta manera, esto mismo en la sociedad. La eliminación de este término podría reducir o minimizar la gravedad de estos crímenes y obstaculizar la recopilación de datos precisos y fundamentales para el estudio y creación de políticas públicas efectivas para evitar este delito.

Por otra parte, La Ley Micaela ha sido una herramienta clave en la formación y sensibilización de los funcionarios públicos respecto a la violencia de género en el país. La derogación de esta ley, como hemos mencionado anteriormente, podría debilitar los esfuerzos por erradicar la violencia machista y, también, perpetuar la falta de perspectiva de género en la administración pública. Además de lo anterior, la falta de formación en cuestiones y derechos de género entre los funcionarios argentinos, podría incentivar respuestas inadecuadas ante casos de violencia, perpetuando, de esta manera, la impunidad y la revictimización. Es fundamental e imperativo que el Estado argentino reafirme su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres, fortaleciendo las leyes existentes y garantizando su efectiva implementación. La violencia de género no es un asunto aislado, sino una violación de los derechos humanos que requiere una respuesta sólida, así como una respuesta sostenida por parte de las instituciones y la sociedad argentina.

Por ello, es imperativo mantener y reforzar las políticas públicas orientadas a la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres. La protección legal específica y el apoyo a las víctimas son pilares esenciales para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria. La comunidad internacional también juega un papel crucial en este contexto, observando y señalando posibles retrocesos en materia de derechos humanos. La solidaridad global y la presión internacional pueden ser determinantes para Argentina.

Como síntesis de todo lo anterior, debemos concluir que ante este alarmante aumento de los femicidios y las propuestas legislativas que podrían debilitar la protección de los derechos de las mujeres, es esencial que Argentina refuerce su marco legal y las políticas públicas destinadas a combatir la violencia de género, llegando incluso a blindarlas de manera legal para que no les ocurra nada. Solo a través de un compromiso firme por preservar los derechos de las mujeres, y de acciones concretas para llegar a este fin, se podrá garantizar una vida sin violencia, justa y libre para todas las mujeres en el país.