Amnistía Internacional y el programa de protección temporal de defensores de derechos humanos

Lucía Rubio García

Defensora de los derechos humanos

Cada año, miles de personas en el mundo afrontan el proceso de huir de su propio país para vivir una vida mejor y más segura. Esto se da por motivos muy diversos como los conflictos armados, las crisis económicas, la violencia, o incluso por sus propias condiciones étnicas, religiosas, sexuales o sus opiniones políticas.

Una vez salen de sus países de origen, estas personas corren el riesgo de convertirse en víctimas de diversas formas de explotación, o quizás de ser detenidas por las autoridades de los países a los que lleguen.

Para proteger a estas personas, surgen en el derecho internacional las figuras del refugiado y el solicitante de asilo. En el primer caso, se considera refugiado a personas que, por temores fundados de ser perseguidas por motivos de religión, nacionalidad, raza, opiniones políticas, género u orientación sexual, entre otras, lo que supone una violación grave de los derechos humanos, huyen de su propio país. Este concepto también se ha ampliado recientemente a grupos de personas que, debido a guerras o desastres naturales, huyen de un país. Mientras, el solicitante de asilo también busca en otro país protección frente a la persecución y las violaciones graves de derechos humanos, pero aún no ha sido reconocido como refugiado, porque no ha sido sometido a evaluación ni ha recibido aprobación. Según ACNUR, 43 millones de personas en el mundo son refugiadas, y el 75 % de estas viven en países de ingresos medios o bajos.

Por ello, desde hace años, Amnistía Internacional defiende los derechos humanos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y de los migrantes. Esto lo hace exigiendo a los gobiernos asumir su responsabilidad de proteger los derechos de estas personas y condenando cualquier práctica o política pública que busque violar estos derechos.

Sin embargo, también existen casos en los que las personas que han huido de sus países o las personas apátridas no reúnen los requisitos necesarios para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero sí que se demuestra fundadamente que corren un riesgo real de sufrir un daño grave si vuelven a su país de origen (o a su anterior residencia), por lo que se crea el derecho a la protección subsidiaria. Este derecho adquiere fundamental importancia cuando contemplamos el complejo proceso lleno de trabas que supone adquirir el estatus de refugiado.

Es aquí donde entran las personas defensoras de derechos humanos, pues tanto activistas como periodistas en todo el mundo son víctimas de amenazas, persecución, encarcelamientos o incluso asesinatos, únicamente por su labor de denuncia. Por eso organizaciones como Amnistía Internacional desarrollaron mecanismos para proteger a estos activistas, como el Programa de Protección Temporal de Defensores de Derechos Humanos (de aquí en adelante PPTD).

El PPTD no requiere que las personas se postulen a él, sino que Amnistía Internacional y, concretamente, el secretariado internacional, identifica a personas defensoras de derechos humanos que se encuentren en alto riesgo y para las cuales ya se haya intentado aplicar otras medidas de ayuda que no fueran suficientes. Esto puede hacerlo a través de otras organizaciones o de equipos regionales.

Además, si una persona se encuentra en esta situación, se posibilitará que viaje junto con su pareja y sus hijos menores de 18 años, a quienes se facilitará el proceso de escolarización y de acceso a la sanidad pública española. Todos ellos se alojarán en una vivienda que se adapte al tamaño de su familia, y el lugar donde residirán dentro del Estado Español dependerá del grupo de Amnistía Internacional España que esté dispuesto y tenga capacidad para recibir y acoger a la familia. Aunque sí se tratará de priorizar que el alojamiento se adopte al perfil de la familia, si este es más rural o más urbano, por ejemplo.

La duración del PPTD oscila entre 3 meses y 1 año, dependiendo de la situación y las necesidades específicas que tengan la persona o el grupo familiar. En ese periodo, además de brindarles protección y seguridad, se les ofrecerán diferentes vías de promover su trabajo en defensa de los derechos humanos, o de concienciar a la sociedad sobre su situación, y en general la situación de muchos defensores y defensoras en otras partes del mundo. Además, se les ofrecerá apoyo psicológico, asistencia médica y una aportación mensual para que puedan cubrir sus necesidades básicas.

Se les facilitará también la obtención de los visados necesarios para la estancia en España y podrán construir nuevas redes de apoyo ciudadanas, de modo que tengan la oportunidad de permanecer, si lo desean, de forma ilimitada. Si bien es cierto que, una vez finalizado el programa, la decisión de retornar o no a su país de origen será propia de la persona o de la familia. No obstante, Amnistía Internacional España se encargará de recolectar cierta información sobre el país del que proceden, incluyendo un análisis de riesgos y posible impacto de su petición de asilo o refugio, para que la decisión se tome desde el pleno conocimiento.

Como conclusión, me gustaría destacar el papel que realizan en la sociedad los defensores y defensoras de derechos humanos, quienes, además de ayudarnos a conocer múltiples situaciones que permanecen ocultas en el mundo, son claves para la promoción de valores como la justicia y la igualdad. Sin embargo, en esta lucha, cuando hablamos de «entregar la vida por una causa», a veces se vuelve literal, y por ello debemos seguir luchando para que cada una de las personas que alza la voz en defensa de los derechos humanos pueda disfrutar de una vida segura y sin riesgos, o en definitiva, de una vida.