Malos tiempos para los Derechos Humanos

Los acontecimientos de las ultimas semanas en España, sobre todo en la región de Murcia, demuestran la radicalización a la que está llegando la derecha extrema española, del PP de Feijóo, que sigue “al pié de la letra” la ideología de la extrema derecha de VOX. No solo está pasando “de puntillas” sobre la problemática de la inmigración, sino que con su conducta omisiva, está permitiendo que se propague el rechazo, el odio, la discriminación y el racismo en una sociedad española que no se destacaba en la esfera internacional por ser una sociedad “racista y excluyente”, sino por ser un pueblo cívico donde convivieron pacíficamente durante siglos las tres grandes culturas del viejo mundo conocido hasta el descubrimiento de América: la cristiana, la judía y la musulmana.

Lo lamentable, lo condenable y lo triste no es que haya un partido como VOX, racista, xenófobo y segregacionista, que se ha cultivado en la cultura excluyente del “Trumpismo”, lo realmente grave es que esta formación política esté teniendo tantos adeptos en la sociedad actual y que otras formaciones conservadoras que no eran racistas como el PP, le estén “dando la vuelta a la tortilla” y comulguen con este ideario radical, ultramontano y secesionista. Las proclamas políticas contra la inmigración, de Feijóo, últimamente dan pena, dado que está convirtiendo en sinónimos inmigración y delincuencia y eso es tremendamente peligroso y letal para la convivencia pacífica entre todos los seres humanos que cohabitamos en la sociedad actual. En la comparecencia pública del fin del curso político, hace unos días, Feijóo radicalizó tremendamente su discurso y no solo se dedicó a mentir sobre la buena situación económica española -que, como sabemos, es la economía que más crece de la Unión Europea, más del doble que el crecimiento de la media de los países más avanzados-, sino que se atrevió a contradecir las estadísticas oficiales sobre delincuencia en España. Como sabemos la delincuencia en España, según las estadísticas oficiales, ha descendido en los últimos años –es de las más bajas del mundo en tasas de delitos por cada 1000 habitantes y con un porcentaje de homicidios notablemente inferior a la de 1 por cada cien mil habitantes y año- a pesar de que la población extranjera ha crecido exponencialmente –España está cerca ya de los 50 millones de habitantes con un total de 7 millones de extranjeros conviviendo con nosotros-

El discurso de Feijóo se ha radicalizado tanto que apenas hay diferencias entre los contenidos ideológicos de VOX y los del PP. Es cierto que el PP de algunas regiones, como Madrid, Valencia o Murcia, no se diferencia prácticamente nada del discurso xenófobo y excluyente de VOX –la prueba evidente son las políticas de Ayuso o Almeida en Madrid-, pero el giro hacia la ultra derecha que ha experimentado la formación, sobre todo a partir del último congreso de los populares, ha sido espectacular. Un giro que permite afirmar con total rotundidad que el PP está pasándose “por el Arco de Triunfo” la parte dogmática más importante de nuestra Carta Magna, es decir, la relativa al Título I de la CE, referido a los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, especialmente lo relativo a los derechos y libertades –incluidos los derechos fundamentales y las libertades públicas y los principios rectores de la política social y económica-. Y lo está haciendo “sin despeinarse”, algo que es gravísimo, dado que estas políticas generan odio y enfrentamiento entre la población que habita los diferentes pueblos de España, promoviendo la ruptura progresiva de los jirones de la convivencia, que tanto trabajo costó tejer en su dia.

Esto es una realidad y lo vivimos hace algunas semanas con los trágicos sucesos contra los inmigrantes en Torre Pacheco (Murcia) y recientemente en un pleno municipal de otro municipio de Murcia, Jumilla, donde se ha aprobado una moción –a instancia de VOX- por la que se prohíbe a los musulmanes utilizar las instalaciones de un polideportivo municipal para celebrar las fiestas de la religión musulmana próximamente, cuando nuca había ocurrido algo así en un municipio donde el 20 % de la población es de cultura y religión musulmana. Una decisión que, aunque el PP quiera vestirlo de otra manera, supone un ataque frontal a la libertad de culto, una libertad fundamental reconocida en nuestra CE y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Recordemos que en el artículo 10 de la CE, el que reconoce y garantiza con carácter general los derechos de la persona, se establece en su párrafo segundo que “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”. La pregunta que podríamos hacernos para comprender mejor que la decisión del ayuntamiento de Jumilla es un presunto atentado constitucional, sería la siguiente: ¿Qué ocurriría si cualquier ayuntamiento de España prohibiera los itinerarios de las distintas procesiones en Semana Santa, por ejemplo, o si ante la visita del Papa a España, se solicitara el uso de un polideportivo, campo de fútbol o cualquier otra instalación municipal en cualquier municipio para los actos religiosos y se denegara?

Es más, la decisión del pleno del ayuntamiento de Jumilla de no permitir la celebración de la fiesta a los musulmanes en el polideportivo municipal ha sido censurada, de una manera clara y sin titubeos, por la Conferencia Episcopal Española. Los Obispos católicos han expresado que “las manifestaciones religiosas públicas están amparadas por la Constitución y han calificado la decisión de PP y VOX como “una discriminación que no puede darse en democracia, porque atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano”. Continúan diciendo que “la libertad de culto está amparada por el derecho a la libertad religiosa, un derecho fundamental protegido por la Constitución Española”.

Estoy cansado de denunciar la hipocresía de la extrema derecha de VOX y de la derecha extrema del PP, porque públicamente no les tiembla el pulso a los responsables de las dos formaciones políticas en decir que son “los más constitucionalistas del mundo mundial”. En sus manifestaciones siempre portan la bandera nacional y sus lemas están presididos por las proclamas del respeto a la Constitución y a las leyes, cuando en la práctica están vulnerando sistemáticamente uno de los apartados más importantes de la Carta Magna: el respeto y la garantía de los Derechos Humanos.

Recordemos -como siempre le he escuchado a mi maestro Ignacio Berdugo-, que “es prioritario para el jurista recordar que la vigencia de las garantías individuales son fundamento y límite del ordenamiento jurídico”. Continuaba diciendo Ignacio Berdugo -en el prólogo de la tesis doctoral de mi buen amigo y querido José Ramón Serrano-Piedecasas, de hace casi 4 décadas, titulada “Emergencia y crisis del Estado Social. Análisis de la excepcionalidad penal y motivos de su perpetuación”- que “so pena si estas se abandonan de introducirse en una espiral diabólica, que podría llegar a ocasionar la ruptura y el abandono de los modelos sociales hasta ahora vigentes…”. ¡Qué razón tenías, querido Ignacio, nunca más vigentes tus palabras ahora que te has jubilado de la docencia!; la deriva reaccionaria que estamos viviendo acabará con los principios y valores del Estado del Bienestar, si no ponemos remedio y seguimos permitiendo que políticos reaccionarios implementen esta endiablada gestión de los intereses generales. Nunca habrá respeto a las garantías individuales si no se reconocen y garantizan los derechos y libertades de todos los seres humanos, sin excepción.