El afectado, que había sufrido una enfermedad degenerativa y una estafa digital, podrá conservar sus propiedades y afrontará un plan de pagos símbólico de 50 euros mensuales durante cinco años, tras la resolución del Juzgado de Primera Instancia nº4 de Salamanca.
Un vecino de Salamanca ha visto cómo su vida daba un giro radical tras obtener la exoneración de una deuda que ascendía a 29.803 euros. El Juzgado de Primera Instancia nº4 de Salamanca, en una resolución fechada el pasado 7 de julio de 2025, ha aplicado la Ley de Segunda Oportunidad para liberar a este trabajador del sistema público sanitario de una carga financiera que arrastraba desde hacía años, permitiéndole además conservar su patrimonio inmobiliario.
La situación de sobreendeudamiento del afectado no fue fruto de una mala gestión, sino de una concatenación de graves reveses personales y económicos. El origen de sus dificultades se remonta a 2017, cuando fue diagnosticado con una enfermedad degenerativa ocular y neuronal que le provocó la pérdida de visión en un ojo.
Años más tarde, ya con un empleo estable en la administración, intentó emprender una actividad como autónomo en modalidad de teletrabajo, para lo cual solicitó un préstamo. Sin embargo, sus planes se vieron frustrados por un episodio de ingeniería social y estafa digital que lo despojó de sus ahorros. El caso fue denunciado y, según consta en el procedimiento judicial, uno de los ciberdelincuentes implicados fue detenido en Bulgaria.
Incapaz de hacer frente a las deudas contraídas con las entidades bancarias con un sueldo modesto, el salmantino acudió a la Asociación Ayuda al Endeudamiento, entidad que ha tramitado todo el procedimiento de insolvencia. El letrado responsable del caso, José Domínguez, subraya la importancia de esta herramienta legal.
“Este tipo de historias demuestran que no todas las deudas son fruto de una mala gestión, sino que muchas veces se originan en situaciones personales o de vulnerabilidad que escapan al control del deudor", explica Domínguez. "La Ley de Segunda Oportunidad es, precisamente, una herramienta para ofrecer justicia y segundas oportunidades a personas que han sufrido reveses extraordinarios”.
El fallo judicial no solo cancela la deuda acumulada con cuatro entidades bancarias, sino que establece una medida clave para la estabilidad del afectado: le permite mantener tres propiedades inmobiliarias, incluida su vivienda habitual.
A cambio de esta exoneración, se ha fijado un plan de pagos de cinco años con una cuota mensual simbólica de 50 euros, una cantidad ajustada a su capacidad económica real y que le permitirá cubrir sus necesidades básicas mientras cumple con la resolución.
Para el abogado José Domínguez, el desenlace evidencia la eficacia de la normativa. “La Ley de Segunda Oportunidad no es un salvoconducto para eludir responsabilidades, sino una salida regulada y justa para quienes lo han intentado todo y aún así no han podido salir adelante”, concluye. “Casos como este demuestran que la normativa funciona, y que es posible reconstruir una vida cuando hay voluntad, honestidad y apoyo legal adecuado”.