El servicio de Justicia Gratuita de Salamanca atendió 8.925 asuntos en 2024 con una media de 139 euros por caso

En la víspera del Día de la Justicia Gratuita, la abogacía salmantina ha alzado la voz para presentar una radiografía cruda del servicio: menos letrados, retribuciones estancadas y una lista de reivindicaciones históricas que siguen sin ser atendidas por el Ministerio de Justicia.

En un acto celebrado en la sede colegial, el decano de la Abogacía salmantina, Miguel Del Castillo y la diputada responsable del Turno de Oficio, Gema Duarte Durán, han desgranado los datos que evidencian la tensión que soporta este pilar fundamental del Estado de derecho. Un servicio que garantiza la tutela judicial efectiva a los más vulnerables, pero que se sostiene gracias al esfuerzo y la vocación de unos profesionales cada vez más desincentivados.

Los números de la precariedad: menos abogados para más trabajo

Los datos, correspondientes al cierre de 2024 y al primer semestre de 2025, no dejan lugar a dudas. La sangría de profesionales es el síntoma más alarmante. “A 30 de diciembre de 2024 éramos 292 compañeros adscritos al turno de oficio. A día de 30 de junio somos 19 menos, 273”, ha detallado Gema Duarte. Esta caída de casi un 7% en solo seis meses es un reflejo directo de las condiciones insostenibles del servicio.

Pese a esta disminución, la calidad del servicio se mantiene en niveles de excelencia, un hecho que la abogacía ha querido subrayar. De las 5.411 solicitudes de justicia gratuita tramitadas en 2024, solo se han registrado 40 quejas, y de ellas, apenas 8 han derivado en un expediente disciplinario. “Estamos hablando que ni siquiera el 1 por 100 de los solicitantes de justicia gratuita está descontento”, ha apuntado Duarte, lo que demuestra el compromiso de los letrados.

El perfil del abogado de oficio en Salamanca es el de un profesional con una edad media de 52 años, con veteranos como el letrado de mayor edad, de 85 años, que sigue prestando servicio, y jóvenes de 29 años, que representan el relevo. Sin embargo, la pregunta que flota en el aire es si ese relevo estará garantizado en el futuro si las condiciones no mejoran drásticamente.

169 euros por procedimiento: la cifra de la discordia

El nudo gordiano del problema es, sin duda, la remuneración. El Colegio de la Abogacía de Salamanca ha gestionado un total de 1.112.000 euros para el Turno de Oficio en 2024. Una cifra que, según Duarte, “puede parecer mucho dinero, pero que nadie vive del turno de oficio”. La realidad es que, una vez repartido entre los 303 letrados que han percibido alguna cantidad y descontando los gastos, la media por cada procedimiento completo es de 139 euros. Esta cantidad debe cubrir todas las actuaciones: desde la asistencia inicial al detenido, la presentación de escritos, el juicio, los posibles recursos y la ejecución de la sentencia. “No llega ni de sombra al salario mínimo interprofesional”, ha sentenciado Duarte.

Un ejemplo sangrante es el de las guardias de violencia de género. Dos letrados cubren toda la provincia durante 24 horas, con la obligación de personarse “lo antes posible” donde se les requiera. Por esta disponibilidad total, la retribución es de 81,14 euros. “Desde enero nos han subido 6 euros”, ha comentado Duarte, refiriéndose a la actualización del 8% aplicada por el Ministerio, una cifra que consideran irrisoria.

El propio Colegio de la Abogacía sufre este estancamiento. Por cada expediente de justicia gratuita que tramita, recibe 30 euros, una cantidad congelada desde el año 2008. Todo este sistema, esencial para la ciudadanía, le cuesta a cada salmantino 3,3 euros al año a través de sus impuestos.

Una lista de reivindicaciones justas y necesarias

Ante este panorama, el Colegio ha puesto sobre la mesa una tabla reivindicativa clara y contundente, que se repite año tras año ante la falta de respuesta ministerial. Estas son las exigencias principales:

• Remuneración justa y actualizada: Exigen que los baremos se actualicen conforme al coste real del servicio y, posteriormente, se vinculen al IPC anual. “Desde el 2016 al 2025 el IPC se ha incrementado un 37 y medio por 100, y nos han subido un 8 por 100”, ha denunciado Duarte.
• Pago de todas las actuaciones: Reclaman que se retribuyan actuaciones que actualmente realizan de forma gratuita, como la vía administrativa previa o las defensas por mandato judicial cuando al cliente se le deniega la justicia gratuita. “Yo tengo que asumir por mandato judicial la representación de ese señor gratis, no me pagan ni los 169 euros”, ha explicado la diputada.
• Abono del kilometraje: Es incomprensible que los letrados que se desplazan a los partidos judiciales de Vitigudino, Béjar, Ciudad Rodrigo o Peñaranda de Bracamonte tengan que asumir de su bolsillo los costes del viaje.
• Cobertura de nuevos trámites: La reciente obligatoriedad de la mediación (MASC) antes de interponer una demanda no está contemplada en los módulos de pago, dejando en un limbo al ciudadano.
• Mejoras estructurales: Piden un letrado de guardia específico para violencia de género en cada partido judicial para garantizar una atención inmediata y eficaz a las víctimas.
• Unificación de criterios: Solicitan que los requisitos económicos para acceder a la justicia gratuita sean los mismos en todo el territorio nacional para evitar desigualdades.

Un homenaje a la vocación

Pese al tono reivindicativo, el acto también ha servido para homenajear la dedicación de los profesionales. El momento más emotivo ha sido la entrega de un diploma de reconocimiento del Consejo General de la Abogacía Española a Gervasio Moisés Cabrera Ramos por su ejemplar labor en el Turno de Oficio. Un Moisés visiblemente emocionado ha agradecido el apoyo de sus compañeros, del personal del colegio y de las juntas de gobierno, destacando la dureza y la importancia del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ).

Al final, el mensaje del decano ha resonado con fuerza. La justicia no es solo cosa de jueces y fiscales. “Entre todos construimos el sistema de la justicia”, ha afirmado Miguel del Castillo, recordando que sin la labor de los abogados de oficio, el derecho a la tutela judicial efectiva sería papel mojado. La lucha, aunque a veces parezca sin esperanza, continuará los 365 días del año, porque la dignidad de la profesión y los derechos de la ciudadanía están en juego.