Interior ordena extremar la vigilancia de las víctimas de violencia de género durante el verano
Imagen de archivo de una manifestación en Salamanca contra la violencia de género
La medida, vigente hasta el 14 de septiembre, pone el foco en casos con menores en riesgo, agresores persistentes y aquellos con problemas de salud mental o adicciones
El verano no solo trae consigo un aumento de las temperaturas, sino también un repunte en los riesgos para las víctimas de violencia de género. Ante esta realidad, constatada por las estadísticas, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior ha emitido una directriz clara: reforzar las medidas de protección a las mujeres en situación de vulnerabilidad durante todo el periodo estival.
La instrucción, fechada el 23 de junio y que estará vigente hasta el próximo 14 de septiembre, se ha enviado a los principales cuerpos que operan en el Sistema VioGén 2: Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Foral de Navarra. No obstante, su alcance es mayor, ya que se ha difundido a todos los operadores que interactúan en el sistema.
El objetivo es anticiparse a un incremento de sucesos violentos, adoptando medidas extraordinarias para proteger a las víctimas. La directriz subraya que ciertas circunstancias ambientales, como las altas temperaturas, pueden favorecer dinámicas de crisis y aumentar la probabilidad de conductas agresivas.
Además, se establece una alerta especial durante los fines de semana y los días previos a cualquier tipo de festividad, periodos considerados de mayor riesgo para la seguridad de las mujeres.
Factores de riesgo y casos prioritarios
La orden del Ministerio del Interior pone el foco en perfiles y situaciones concretas que requieren una vigilancia exhaustiva. Los agentes deberán reforzar la protección en aquellos casos catalogados como de especial relevancia o en los que haya menores en una situación de riesgo potencial.
Asimismo, se prestará especial atención a las víctimas que ya han sufrido episodios de violencia con otros autores en el pasado y a los casos que involucran a agresores persistentes, cuyo historial delictivo los convierte en una amenaza constante.
Otro de los puntos críticos señalado en la directriz son aquellos casos en los que constan problemas de salud mental y de adicciones o abuso de sustancias, con una mención específica al consumo de alcohol, un factor que a menudo agrava la violencia.
Protocolos y entorno de la víctima
Para garantizar la eficacia de esta protección reforzada, la instrucción recuerda la obligación de cumplir de manera rigurosa el Protocolo 2025. Este protocolo mejora la valoración policial del riesgo al analizar con mayor precisión la peligrosidad del agresor, teniendo en cuenta elementos como antecedentes violentos, consumo de tóxicos o rasgos de impulsividad.
La directriz también insta a los agentes a incrementar los canales de comunicación con el entorno de las víctimas. El objetivo es obtener información veraz y actualizada que permita ajustar el nivel de riesgo y perfeccionar las medidas de protección de manera dinámica y efectiva.
Se solicita, además, un aumento de las actuaciones de detección precoz de posibles casos de violencia de género que aún no han sido denunciados. Para ello, los cuerpos policiales cuentan con el denominado Protocolo Cero, una guía para el primer contacto con víctimas en situación de desprotección.
Abordaje de los 'casos resistentes'
Una de las mayores complejidades en la lucha contra esta lacra son los denominados ‘casos resistentes’. Se trata de situaciones en las que la víctima, a pesar de la protección que se le ofrece, rechaza o dificulta la asistencia y las medidas de seguridad propuestas por el sistema.
En estos supuestos, la instrucción es clara: los agentes deberán buscar activamente la implicación de los servicios sociales y otros recursos asistenciales disponibles. La finalidad es ofrecer una respuesta integral y más eficaz a estos casos complejos, donde la detección precoz del riesgo es fundamental para activar acciones específicas y adaptadas a cada víctima.
