El gobierno autonómico articula una red de ayudas en materia fiscal, sanitaria, educativa o de atención a mayores, entre otras, para garantizar la dignidad y justicia de quienes han sufrido la violencia terrorista
Mantener viva la memoria de quienes sufrieron la sinrazón del terrorismo y asegurar su dignidad, justicia y verdad es una labor prioritaria y constante para la Junta de Castilla y León. El ejecutivo autonómico trabaja diariamente para ofrecer un reconocimiento y una atención integral a las víctimas, materializando este compromiso a través de un conjunto de medidas específicas en diversos ámbitos cruciales para su bienestar y recuperación.
Este esfuerzo se canaliza a través de diferentes consejerías, buscando ofrecer un paraguas de protección y apoyo que abarque desde beneficios económicos hasta el acompañamiento educativo y sanitario, siempre con el objetivo de honrar a las víctimas y facilitarles un camino hacia la normalización de sus vidas.
La normativa autonómica de Castilla y León establece beneficios fiscales propios significativos para las personas víctimas de terrorismo, así como para sus herederos. Estas medidas buscan mitigar el impacto económico que estas situaciones pueden acarrear.
En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se contemplan las siguientes reducciones:
La atención sanitaria es otro de los pilares fundamentales del apoyo institucional. De conformidad con la Ley, las víctimas del terrorismo tienen acceso a los tratamientos médicos, quirúrgicos y ortoprotésicos que necesiten, incluidos en las carteras de servicios de atención primaria y atención hospitalaria, así como en el Catálogo General de Prestación Ortoprotésica del Sistema Público de Salud de Castilla y León (Sacyl).
De manera específica, se garantiza a las víctimas del terrorismo una asistencia psicológica y psiquiátrica inmediata, personalizada, de forma continuada y acorde con sus necesidades. Cuando la prestación no pueda realizarse a través de los medios propios de la Gerencia Regional de Salud, se activa el procedimiento de derivación general de Sacyl.
La Junta de Castilla y León considera la educación un vehículo esencial no solo para el apoyo directo a las víctimas, sino también para la construcción de una sociedad basada en el respeto y la paz. Por ello, la administración educativa incluye en el currículo la formación en la defensa de los derechos humanos, los valores democráticos y el estudio de la historia y consecuencias del terrorismo.
En cuanto a las ayudas directas, se han implementado diversas medidas:
Además, se dispone de un sistema de atención específica e individualizada en los centros docentes sostenidos con fondos públicos para facilitar la continuación de los estudios y solventar problemas de aprendizaje y adaptación social. La Junta implementa las medidas necesarias para garantizar esta atención incluso en centros que no dispongan inicialmente de los recursos.
El compromiso de la Junta se extiende también a las personas mayores que han sido víctimas del terrorismo. Estas tendrán preferencia en el acceso a los centros residenciales para personas mayores de titularidad pública, así como a las plazas concertadas por la Comunidad en centros privados.
Esta prioridad se aplica cuando el recurso residencial sea el idóneo para la persona afectada y esta se encuentre en situación de desamparo, de acuerdo con la normativa en materia de Servicios Sociales de Castilla y León.
Todas estas acciones reflejan el firme propósito de la Junta de Castilla y León de no olvidar y de ofrecer un respaldo tangible y continuado a quienes han padecido la violencia terrorista, siempre bajo los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad.
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