La vulneración de derechos más grave de Europa: la Cañada Real

Carlos Garrido Andújar

Defensor de los derechos humanos

En este barrio en el que viven unas 8.600 personas según El País, de las cuales más de 2.500 son menores de edad, llevan ya cinco inviernos consecutivos sin suministro eléctrico. Este barrio, que se extiende por más de 15 kilómetros, está dividido en 6 sectores: el primero de ellos con viviendas de dos pisos y —principalmente— de ladrillos; en el segundo, se encuentran los chalés, casas y naves industriales; y en el tercero, cuarto y quinto, la mayoría son chabolas, casas humildes y alguna casa de lujo. Por último, y alejado a más de un kilometro de distancia, se encuentra el sexto sector; este sector esta formado por alrededor de 40 parcelas, de las cuales una pequeña parte se dedican al cultivo y venta de marihuana. Ya tenemos una imagen mental de la Cañada Real, pero ¿cómo o de dónde surge este asentamiento?

Para ello debemos retroceder hasta 1960, año en el que se regula el uso de las cañadas reales para huertas y pequeñas casetas de aperos en las que se refugiaban los hortelanos. Estas pequeñas construcciones empezaron a aumentar en número y tamaño muy rápidamente hasta día de hoy, que llegan a albergar a mas de 8.000 personas. Es a partir del año 2009 cuando la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), junto al Gobierno Central, dejaron de considerar esa zona como apta para el paso de ganado, lo que provocó en 2011 la llegada masiva de gente que no podía permitirse un alquiler o hipoteca. En 2017, desde el gobierno de la CAM y los ayuntamientos de las diferentes localidades limítrofes a la cañada, se empieza a hablar de buscar una solución que trate de integrar y de dotar de recursos y posibilidades a los habitantes del lugar—solución que aún se espera— y, además, acabar con el principal problema que estaba surgiendo en esta zona: el trafico de droga del sector 6.

Como ya hemos dicho anteriormente, el sector 6 es una zona ciertamente alejada del último sector —1 km. aproximadamente—, donde conviven familias enteras con un cartel de varias familias dedicadas al cultivo y venta de marihuana. Estos cultivos estaban «enganchados» de manera ilegal a los tendidos eléctricos de la zona. Esto provocó una sobrecarga de electricidad en el tendido y un sobrecoste en la facturación, es por esto por lo que la empresa Naturgy decidió arbitrariamente, el día 2 de octubre de 2020, cortar el suministro eléctrico de esa zona, en la que se incluye tanto el sector 6 como el sector 5 al completo, sumiendo en la «noche eterna» —así la definen los vecinos— a ambos sectores.

Esta práctica, por supuesto, supone una gravísima vulneración de los derechos humanos; así llevan reclamándolo estos vecinos desde principios de 2021, esperando una solución que aún no ha llegado, pero que parece que lo hará pronto. Las administraciones públicas tanto de la CAM como del Estado español están permitiendo la que es considerada como «la vulneración de derechos más grave que tenemos ahora mismo en Europa», como señala la jurista y portavoz de la Plataforma Cívica por la Luz en la Cañada Real, María López. Aproximadamente unas 4.500 personas, de las cuales alrededor de 1.800 son menores, llevan sin electricidad, calefacción ni prácticamente agua 1624 días, 52 meses, 5 inviernos consecutivos. El informe «La Cañada responde», elaborado por el Centro Sira en 2024, calificó las condiciones de la zona como «entorno torturante»; en este se recogen las más de 25 intoxicaciones, los 5 incendios y las víctimas mortales ocasionadas por los motores y medios de calefacción improvisados.

¿Alguien ha tratado de hacer algo para frenar esta vulneración? ¿Qué se ha intentado hacer y cuál ha sido el resultado? En primer lugar, un grupo de asociaciones vecinales, humanitarias, sociales y sindicales presentaron en 2022 una demanda colectiva al Comité Europeo, el cual resolvió que la vulneración de los derechos de estas familias es una realidad; de hecho, pidió tomar medidas urgentes en 2023 pero únicamente realojaron a unos poco vecinos, en palabras de Alejandra Jacinto: «Esta no es la solución, sino una excusa para tapar la cuestión de fondo: garantizar la devolución de los suministros». Por su lado, el Defensor del Pueblo también ha emitido «reiteradas recomendaciones» a las autoridades competentes, pero ni el Gobierno ni la Comunidad de Madrid han decidido mover ficha. Las autoridades siguen justificando esta actuación en base a las plantaciones de marihuana y la red de conexiones ilegales y a que la decisión del corte de suministro es una decisión de una empresa privada donde el Estado «no puede entrometerse».

La demanda colectiva previamente mencionada ha salido resuelta por el Comité Europeo de Derechos Sociales, dependiente del Consejo de Europa. El 26 de febrero del año en curso se ha dictaminado que España lleva más de 4 años violando la Carta Social Europea Revisada, en concreto, los derechos relativos a vivienda digna, a la infancia, a la protección de la salud y la familia, a la protección contra la pobreza y la exclusión social, a la participación, los derechos de las personas de edad avanzada, así com oel derecho de las personas discapacitadas a la autonomía. Además de eso, se advierte del impacto de género que supone los cortes de electricidad, ya que ponen en mayor situación de riesgo a las mujeres, ya que son quienes asumen mayoritariamente las responsabilidades domésticas, tales como los cuidados, limpieza o cocina.

La justificación inicial para el corte de luz —como hemos dicho anteriormente— fue la sobrecarga de las conexiones irregularesa la red. No obstante, tanto los vecinos como las asociaciones en apoyo especulan que las causas reales —entre otras, por supuesto— están relacionadas con ciertos intereses urbanísticos, como los proyectos de ampliación de Los Berrocales, Valdecarros y Cañaveral ilustrados en el plano de arriba. Esto y los intentos de regulación de ciertas partes del suelo de la Cañada desde el ayuntamiento han levantado sospechas entre los afectados. Tal y como sentencia Alejandra Jacinto para Público: «Las administraciones llevan cuatro décadas tolerando estos asentamientos (…) pero parece que ahora han primado los intereses especulativos por encima de las necesidades del barrio».

Esta situación es no solo una vulneración de los derechos humanos, sino que también esta afectando a la salud mental de los vecinos. El informe del Centro Sira asegura que han aumentado exponencialmente los problemas de salud mental; casi un 40 % más de peticiones de atención psicológica, y un 15,7 % ha expresado tener pensamientos de suicidio.

Desde Estrasburgo reconocen que el Estado español debería de haber intervenido para evitar el corte de luz, a pesar de que se trate de una empresa privada. Además, y según la última resolución de Europa, las administraciones tienen la obligación de implementar medidas para reestablecer el suministro energético, afirman desde el Comité. Mientras tanto, los vecinos y asociaciones siguen unidos y luchando por conseguir sus derechos y una vida digna.

En este contexto, Amnistía Internacional ha denunciado repetidamente la vulneración de derechos fundamentales que sufren las familias de la Cañada Real, exigiendo a las autoridades españolas y madrileñas una respuesta inmediata que garantice el acceso a servicios básicos como la electricidad, así como la protección integral de todos los residentes. Su pronunciamiento pone de relieve la urgencia de implementar soluciones que aseguren la dignidad de miles de personas que, tras años de desatención institucional, continúan viviendo en una situación incompatible con los principios más básicos de derechos humanos.