CyL promete un 80% más de vivienda pública en alquiler y ayudas de hasta 50 millones al año
Foto archivo | David Sañudo
La política se basa en un aumento del 80% del parque público de alquiler, un incremento del 900% en las ayudas desde 2015 y medidas para agilizar la construcción en el medio rural.
En un escenario nacional complejo para el acceso a la vivienda, Castilla y León ha alzado la voz este lunes en el Senado para defender su particular modelo de política de vivienda. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha sido el encargado de presentar las líneas maestras de la actuación del Gobierno autonómico ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas, calificándolas como una alternativa eficaz y sostenible.
Suárez-Quiñones ha subrayado la eficacia de un enfoque mixto, que combina la promoción pública con la activación del sector privado, resultando en medidas de alto impacto social y territorial.
Incremento del parque público y promoción
Uno de los pilares de esta política es la expansión del parque público. Según el consejero, la Comunidad prevé incrementar su parque público en alquiler en un impresionante 80 % durante el actual periodo legislativo (2022-2026), pasando de 2.600 a 4.600 viviendas. Paralelamente, el parque en venta crecerá un 20 %, con 1.000 nuevas unidades.
Esta ambiciosa expansión se materializará a través de diversas vías: la promoción de obra nueva (más de 1.300 viviendas en alquiler y 1.000 en venta), la rehabilitación de inmuebles (más de 500, con el programa Rehabitare como estandarte) y la adquisición directa de vivienda ya construida (más de 100). En total, se espera que "más de 3.200 viviendas, al menos, verán la luz en estos años hasta el año 2030".
Agilidad urbanística y apuesta por el medio rural
Castilla y León se ha posicionado como pionera en la utilización de instrumentos de ordenación del territorio para facilitar la construcción de vivienda protegida. La administración autonómica ha logrado reducir a menos de un año los trámites de planificación y gestión urbanística en proyectos de interés autonómico, acortando a unos 24 meses el plazo medio para la entrega de llaves.
Esta agilidad se aplica especialmente para construir viviendas en el medio rural, en entornos de zonas de interés, actividad económica y donde existe carencia de viviendas para sus trabajadores. Se está trabajando activamente en los entornos de Aguilar de Campo, Guijuelo, Ólvega, Ribera de Duero y otros objetivos, con el fin de "fijar a los trabajadores en el territorio, dotarlo de seguridad, evitar desplazamientos y ganar calidad de vida" bajo el sello 'Tuya Calidad' de la Junta.
Soluciones habitacionales modernas y eficientes
El consejero ha destacado que estas políticas no se anclan en el pasado, sino que apuestan por soluciones modernas como el cohousing, la vivienda industrializada y la construcción de edificios pasivos. Estas opciones buscan ser eficientes y estar adaptadas a las nuevas necesidades sociales y demográficas de la población.
Fuerte impulso al alquiler asequible
En materia de alquiler asequible, Suárez-Quiñones ha puesto cifras sobre la mesa para demostrar la efectividad del modelo de incentivos de la Junta. Desde 2015, la inversión pública en ayudas al alquiler ha experimentado un crecimiento del 900 %, pasando de 5 millones de euros a 50 millones en 2024.
Este esfuerzo se traduce en un total acumulado de 238 millones de euros que han beneficiado a más de 131.000 personas. Las ayudas pueden alcanzar hasta el 75 % del coste del alquiler, priorizando a aquellas personas con ingresos inferiores a 24.000 euros anuales.
Otras ayudas y reformas para facilitar el acceso
Además de las ayudas directas al alquiler, se mantienen descuentos del 20 % en la compra de vivienda protegida y una línea de avales para jóvenes menores de 35 años. Se suman beneficios fiscales específicos para facilitar la adquisición, rehabilitación o alquiler de viviendas en el medio rural, donde "prácticamente se eliminan los impuestos por transmisión de inmuebles".
Paralelamente, Castilla y León está impulsando reformas normativas que abren nuevas vías, como permitir al sector privado promover vivienda protegida sobre suelos dotacionales públicos o privados, adaptar locales comerciales a vivienda en zonas consolidadas y ajustar los precios máximos de la vivienda protegida a las realidades del mercado.
“El modelo de Castilla y León demuestra que, con rigor, innovación y cercanía a las necesidades reales de los ciudadanos, es posible garantizar el derecho a la vivienda y luchar contra la despoblación”, concluyó Suárez-Quiñones en su intervención.
