El documento establece criterios unificados para valorar y sancionar daños al patrimonio, con coeficientes específicos según el nivel de protección del bien afectado
El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad ha dado un paso decisivo en la protección del patrimonio cultural mundial. Durante su reunión celebrada ayer en París, la Asamblea del Grupo aprobó la 'Declaración de Salamanca', un protocolo pionero de aplicación internacional diseñado para responder de manera efectiva a los actos vandálicos contra el patrimonio cultural.
La delegación, encabezada por la presidenta y alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, mantuvo un encuentro con el Director del Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco, Lazare Eloundou Assomo, donde acordaron establecer líneas directas de colaboración para afrontar desafíos como el vandalismo que afectan a los bienes patrimoniales.
Según explicó Sanmartín tras la reunión, la 'Declaración de Salamanca' constituye "un protocolo pionero para dar respuesta al vandalismo con un catálogo de medidas que incluye sanciones por faltas y delitos contra el patrimonio cultural, además de la cuantificación de los coeficientes específicos que se puedan aplicar en una nueva regulación para calificar el coste de la restauración del daño".
Este documento marco es el resultado de las jornadas celebradas los días 3 y 4 de abril en Salamanca, donde un equipo multidisciplinar integrado por técnicos del Grupo de Ciudades Patrimonio, junto con jueces, fiscales y fuerzas de seguridad, concluyeron que son necesarios protocolos que aporten una respuesta uniforme frente a los atentados contra el patrimonio cultural.
La 'Declaración de Salamanca' establece criterios ponderables para valorar los atentados contra el patrimonio cultural, entre los que se incluyen el valor histórico o estético, el valor de uso, el valor de antigüedad, el valor de identidad, el valor tipológico, el valor urbanístico y ambiental, así como el valor de la autenticidad.
A estos valores intrínsecos del bien cultural se les otorga un porcentaje de ponderación variable: 20% para el Bien de régimen común, 50% para el Bien catalogado o inventariado, y hasta el 100% en el caso del Bien de Interés Cultural (BIC) o el Bien declarado Patrimonio Mundial.
El alcalde de Salamanca, Carlos G. Carbayo, ha destacado la importancia de que "partiendo de la experiencia de las 15 ciudades que integran el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, ejemplos paradigmáticos de los conjuntos históricos del país, se logre un avance esencial en la lucha contra el vandalismo".
Carbayo subrayó que "cuando se ataca un monumento, se está causando un daño irreparable" y que la 'Declaración de Salamanca' contempla variables que incluyen "nivel de protección legal, tipo de daño y reparación, valor económico, antigüedad, tipología, singularidad, universalidad, valor cívico, valor histórico, artístico, simbólico, identitario o valor ambiental, entre otros".
La presidenta del Grupo confirmó al Director del Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco que participarán en el próximo Comité de Patrimonio Mundial que se celebrará en julio en París, donde compartirán la 'Declaración de Salamanca' como una nueva hoja de ruta de referencia y con vocación internacional para proteger el patrimonio cultural.
Además de establecer sistemas de valoración desde el punto de vista técnico, normativo y jurídico, el protocolo incluye medidas de sensibilización y concienciación ciudadana, como la formación en centros escolares y el fomento del arte urbano autorizado como manifestación cultural contemporánea.
El Grupo también pretende que este protocolo sirva para la creación de fondos de documentación específica de las intervenciones realizadas en limpieza, la elaboración de mapas de agresiones y la incorporación de documentación sobre los diferentes sistemas utilizados en la limpieza y restitución de los bienes históricos dañados.
La Asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, celebrada en la sede de la Embajada de Francia en París, contó con la participación de alcaldes y representantes de las 15 ciudades españolas declaradas Patrimonio de la Humanidad, consolidando así un frente común en la defensa del patrimonio histórico frente a actos vandálicos.