"La jornada semanal de 37,5 horas necesita consenso con los empresarios y ayudas a PYMEs"

El reciente anuncio del Gobierno sobre la reducción de la jornada laboral estándar de 40 a 37,5 horas semanales ha encendido un intenso debate. En este escenario, Joaquín Merchán Bermejo, el salmantino que preside el Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España, emerge con una llamada a la prudencia y, fundamentalmente, al diálogo social.

Si bien la iniciativa busca modernizar las relaciones laborales y mejorar el bienestar de los trabajadores, su tramitación parlamentaria se ve ensombrecida por una notable ausencia: el consenso con las organizaciones empresariales. Este es un punto que Merchán considera crítico para el éxito y la fluida implementación de la reforma.

Contexto de una reforma histórica

El proyecto de ley, ya aprobado en Consejo de Ministros, no solo persigue esta histórica reducción horaria, la primera de calado desde 1983. También incorpora elementos cruciales como la garantía del registro de la jornada laboral y el derecho a la desconexión digital de los empleados.

Esta reforma toca la fibra del Estatuto de los Trabajadores, un pilar legislativo que cumple 45 años. Muchos, incluido Merchán, sienten que está maduro para una actualización integral hacia un "Estatuto de las personas trabajadoras del siglo XXI".

No obstante, esta modificación específica llega al Parlamento en un contexto complejo. "Ahora va lógicamente al Congreso, y va a haber un largo proceso de negociación que está abierto", explica Merchán. Añade que la propia ministra ha manifestado su disposición a escuchar propuestas y alegaciones.

La piedra angular: el consenso ausente

Merchán es taxativo sobre el cimiento de cualquier reforma laboral exitosa: el diálogo social. "Ni trabajadores ni empresarios se benefician de medidas impuestas sin diálogo", asevera con contundencia. Subraya que "estas reformas tienen que nacer del consenso entre gobiernos, sindicatos y organizaciones empresariales".

El presidente de los Graduados Sociales destaca que, a pesar de trece meses de negociaciones tripartitas, el proyecto de ley carece del respaldo crucial de las patronales. "Esta Ley tendría que haber llegado al parlamento con el consenso entre gobierno, sindicatos y empresarios", lamenta. Esta ausencia, recalca, es vital, pues las relaciones laborales son, por naturaleza, un pacto entre dos partes fundamentales.

El desafío de las PYMEs y el control horario digital

La viabilidad de la medida, según la perspectiva de Merchán, depende de abordar estas preocupaciones de manera efectiva. Aclara que los empresarios no se oponen frontalmente a la reducción de jornada. Su preferencia radica en que dichos cambios se canalicen a través de la negociación colectiva, adaptándose a cada sector.

Un punto especialmente conflictivo es la implementación del sistema de control horario digitalizado. Este representa un reto mayúsculo para las pequeñas y medianas empresas (PYMEs), que constituyen la abrumadora mayoría del tejido productivo español, en torno al 95-96%, con especial incidencia en provincias como Salamanca.

"No se puede legislar igual para una empresa de 2.000 trabajadores que, por ejemplo, para el 95, 96 por 100 del tejido empresarial que tenemos en España... que son pymes", argumenta Merchán. Pone como ejemplo el caso de un pequeño y popular comercio salmantino, como "Calzados Antonio" con apenas dos o tres empleados, para ilustrar las dificultades prácticas y financieras.

Si bien la obligación de registrar la jornada no es nueva, el salto a un sistema digital, verificable instantáneamente por la Inspección de Trabajo, implica costes adicionales. Merchán revela que durante las negociaciones se contemplaron ayudas para la digitalización, el conocido "Plan PYME 375". Sin embargo, estas ayudas fueron retiradas al no suscribir la patronal el acuerdo. A pesar de ello, Merchán confía en su recuperación durante el debate parlamentario: "Yo estoy seguro que en lo que es la negociación de los grupos parlamentarios, estas ayudas se van a se van a dar, se van a conseguir".

Ejemplos internaciones con éxito

Se estima que la reducción horaria afectará a unos 12 millones de trabajadores que actualmente no disfrutan de jornadas similares o inferiores por convenios colectivos. Merchán reconoce los beneficios potenciales: una mejor conciliación de la vida laboral y personal, el fomento de la corresponsabilidad y la reducción de desigualdades.

También señala precedentes internacionales en países como Bélgica, Alemania y Holanda. En estos lugares, experiencias similares "no han reducido la productividad, incluso la aumentan", según indica.

No obstante, los desafíos son innegables. El principal es el "aumento de costes laborales, que va a ser difícil de asumir para pymes... y sectores con márgenes estrechos". Ante esto, Merchán insiste en la necesidad de "objetivos financieros y asesoramiento para las PYMEs y microempresas" que deben afrontar esta transición.

Pronóstico y la asignatura pendiente de la desconexión

A pesar de los escollos, Merchán se muestra optimista sobre la aprobación final de la ley, probablemente hacia finales de 2025, aunque anticipa que será "retocada". Prevé modificaciones en lo referente a las ayudas a las PYMEs y otros aspectos que puedan surgir de las negociaciones parlamentarias.

"Yo creo que no hay nadie que esté en desacuerdo con la reducción de jornada", observa, recordando que la principal demanda empresarial era que esta reducción se gestionara mediante la negociación colectiva.

Un último y crucial punto que Merchán pone sobre la mesa es el derecho a la desconexión digital. Si bien aplaude su inclusión para los trabajadores por cuenta ajena, aboga con vehemencia por su extensión a los trabajadores autónomos.

Presenta una cifra alarmante para ilustrar su argumento: "La administración... ha remitido 72 millones en 2024, toma nota, 72 millones de notificaciones fuera de horas de trabajo en festivos, sábados y domingos". Este aluvión de comunicaciones oficiales, sostiene, vulnera el necesario descanso y desconexión de los autónomos, quienes también son trabajadores. "Estoy peleando por esta desconexión también para los autónomos, para los ciudadanos, para los profesionales", concluye, señalando una laguna importante en la propuesta actual.

El camino hacia una semana laboral más corta en España se presenta, por tanto, lleno de buenas intenciones pero también de obstáculos significativos. El análisis de Joaquín Merchán Bermejo subraya una verdad fundamental en el ámbito de las relaciones laborales: las reformas sostenibles y eficaces se construyen mejor sobre el cimiento del entendimiento mutuo y el acuerdo.

Mientras el proyecto de ley transita por el laberinto parlamentario, la esperanza reside en que el espíritu de diálogo prevalezca. El objetivo es asegurar que las nuevas medidas beneficien genuinamente a los trabajadores, se adapten a las diversas realidades empresariales, especialmente de las PYMEs, y quizás, incluso extiendan protecciones vitales como la desconexión digital a todos los rincones del mundo laboral.