La antipolítica

La oleada reaccionaria que está atacando el sistema político posterior a la Segunda Guerra Mundial -entendido éste como el que consagra los ideales del Estado Democrático de Derecho Constitucional- está provocando situaciones delirantes, inimaginables hace tan sólo una década y que tienen que ver con la anteposición de los intereses privados a los colectivos por parte de los gobernantes, con la privatización de políticas públicas que son patrimonio de todos los ciudadanos, con la utilización de grupos mediáticos de comunicación -a los que financian con dinero público- para que intoxiquen a una opinión publica ignorante con un ideario político determinado y, en definitiva, con una gestión política que vulnera sistemáticamente la normativa internacional sobre Derechos Humanos, que tantos siglos de esfuerzo han costado, de guerras y revoluciones contra regímenes políticos tiranos, déspotas y autoritarios, para poder conseguirlos.

En el ámbito internacional, los ejemplos de esta grave desviación en la gestión política se están dando, no sólo con las políticas “Trumpistas” en USA, sino con las seguidas a nivel local en muchos otros países. A los desmanes provocados por las políticas arancelarias -que desde el punto de vista puramente económico son claramente perjudiciales para todos- se unen otras políticas de mayor enjundia y que erosionan gravemente los derechos humanos de los sectores sociales más vulnerables. Al genocidio de Gaza y a las invasiones ilegítimas de países –como es el caso de Ucrania por Rusia-, apoyadas incondicionalmente por el mandatario norteamericano, se están uniendo las deportaciones de inmigrantes, extranjeros y minorías étnicas por parte de Trump y con la complicidad de terceros, no a sus países de origen, sino a cárceles de exterminio, como es el caso de los cientos de inmigrantes que están siendo enviados a las cárceles de El Salvador, donde y sin haber cometido delitos, se están violando sistemáticamente los derechos humanos más elementales cuya defensa, garantía y respeto, están previstos en la normativa internacional: Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convenio contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes o la normativa sobre reclusión, Reglas Mínimas Para el Tratamiento de los Reclusos, por ejemplo. Y lo más grave de todo esto es que la comunidad internacional se mantiene impasible ante estas gravísimas tropelías.

En al ámbito interno, la oposición política de nuestro país -la ultraderecha de PP y Vox- lejos de criticar estos desmanes, practican un silencio cómplice e incluso ante las gestiones políticas del Gobierno que pretenden alternativas viables al comercio exterior de las empresas españolas, como la visita del presidente Pedro Sánchez al mandatario del gigante asiático, China, lo único que se les ocurre a los dirigentes ultraconservadores como Abascal, Ayuso, Gamarra y Feijóo, es hacer una crítica feroz y destructiva, síntoma del sometimiento de la derecha y la ultraderecha a los criterios del tirano norteamericano, del predicador de la “motosierra” argentino o del dirigente autoritario salvadoreño, que tiene amenazado a todos los activistas defensores de los derechos humanos en El Salvador, quienes tienen que autoexiliarse a terceros países por temor a gravísimas represalias contra sus personas y familias. Es muy triste que los líderes ultra conservadores españoles se limiten a censurar solamente a gobiernos como el venezolano o el cubano y callen, otorguen y apoyen, con su omisión interesada, las barbaridades que se comenten contra los más elementales derechos humanos. Una posición hipócrita que pone en tela de juicio los esfuerzos y reivindicaciones de siglos, desde la lucha iniciada precisamente en nuestra Alma Mater, desde la Universidad de Salamanca hace 5 siglos por Francisco de Vitoria y el Derecho de Gentes con la fundación de la Escuela de Salamanca.

Los mandatarios reaccionarios de nuestro país están practicando sistemáticamente la antipolítica y manifestaciones de ello las tenemos a borbotones. Para Ayuso, todo, absolutamente todo lo que hace el gobierno central, es negativo y despreciable. El último ejemplo lo tenemos en su oposición al Decreto que ha aprobado el Gobierno para garantizar que todos los niños y niñas tengan cinco comidas saludables a la semana en los centros escolares y asegurar el consumo de frutas y verduras frescas, así como pescado, carne y legumbres, eliminado las bebidas azucaradas. Ante ello, Ayuso dice que esto es un “Decretazo” y que lo que hay que hacer es “menos prohibir y menos regulación”. Claro, es más fácil suministrar bebidas fuertemente azucaradas y comidas precocinadas alos niños y niñas. Es más barato para la administración regional madrileña, algo que hizo fundamentalmente durante la pandemia a los escolares madrileños.

Otra manifestación de esa “rabia” de la derecha española –exclusivamente porque no ostenta el poder del gobierno del Estado- es la oposición al Decreto de reparto de menores migrantes entre las diferentes Comunidades Autónomas, para descongestionar los centros de Canarias, Ceuta y Melilla, fundamentalmente y con argumentos xenófobos y racistas o la férrea defensa del presidente valenciano, Carlos Mazón, cuando, a todas luces, se está demostrando que con su inacción el día de la DANA, se produjeron cerca de 230 muertes, que pudieron evitarse. Una defensa que es ya patológica. Mientras tanto, esos mismos partidos que apoyan a Mazón en Valencia, critican ferozmente al gobierno del Principado de Asturias por su probable responsabilidad en la autorización de la explotación minera donde se produjo la muerte, por accidente, de 5 mineros hace unas semanas. La diferencia es que la consejera asturiana del ramo dimitió inmediatamente para, según ella, no ser un obstáculo a la investigación, ni para conocer la verdad, ni para que se haga justicia.

De la misma manera, resulta vergonzoso y condenable que el PP haya otorgado que se viertan mensajes machistas, amenazadores y sexistas contra la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, porque siendo Delegada del Gobierno en Aragón, el entonces ministro Ábalos –expulsado de sus cargos como miembro del PSOE, cuando se conocieron las presuntas corruptelas cometidas por el mismo- hizo, al parecer, una fiesta con prostitutas en un parador de turismo. Según el PP, la Delegada tenía que conocer la existencia de esa fiesta. ¿Por qué el PP es más inquisidor que Torquemada ante presuntos hechos, no probados, y, en cambio, es tan defensor de la presunción de inocencia cuando la acusación se formula contra ellos? ¿Por qué nunca ha aclarado ni el PP ni Mazón qué hizo éste durante la tarde del 29 de octubre durante la comida con una periodista y, por tanto, por la ausencia de Mazón dirigiendo la declaración de emergencia de la DANA, que es de exclusiva competencia de la Comunidad Valenciana, como también declara en Auto Judicial, la jueza que instruye el sumario correspondiente?

Preguntas que no tienen aún respuestas. No las tienen porque ni al PP ni a sus aduladores mediáticos les interesa darlas. Lo que sí hacen es tergiversar la realidad, contaminando, intoxicando, desviando su graves contradicciones hacia otros derroteros, sabiendo que en la actualidad se saca más rédito político y electoral siendo altavoz de noticias falsas que siembren dudas sobre el adversario político, mientras ocultan interesadamente sus miserias.