Julián Martín no ha esperado a que el propio partido le diera de baja como militante tras haber sido condenado a 8 años de inhabilitación por prevaricación, aunque la sentencia no es firme y será recurrida ante el TSJCyL, también por el Grupo VyC
El alcalde de Villarino de los Aires, Julián Martín, ha solicitado este miércoles su baja voluntaria como militante del PP, según ha podido saber Las Arribes al Día a través de responsables del Partido Popular. Las mismas fuentes han señalado que el escrito se encontraba "esta misma mañana" en la sede del PP. La baja como militante no afecta a su permanencia como alcalde, pasando así a ser regidor no adscrito a ningún partido.
La decisión del alcalde de Villarino de los Aires llega después de que ayer martes se conociera la sentencia de la Audiencia Provincial por la que le considera culpable de un delito de prevaricación por la contratación de uno de sus hermanos durante un periodo de tres años, por lo que le impone una pena de pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 9 años.
De este modo, Julián Martín se anticipa a la posibilidad de que el PP lo diese de baja de militancia ante la presión de otros partidos políticos y la propia disciplina del PP según sus estatutos, aunque cabe señalar que la sentencia no es firme y que el regidor aseguró ayer a este diario que la recurriría ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Cabe señalar que Julián Martín fue absuelto de los delitos de prevaricación administrativa y de malversación de fondos públicos por los que había sido acusado por el Ministerio Fiscal y por la acusación popular. Por ello, el Grupo Villarino y Cabeza en el Ayuntamiento de Villarino, habría tomado también la decisión de recurrir la sentencia a través de su portavoz Javier Sendín, según ha podido saber este medio.
La sentencia conocida ayer corresponde al juicio celebrado el pasado 12 de marzo y cuyos hechos se remontan a 2015, cuando el regidor contrató a uno de sus hermanos para el montaje y desmontaje de la plaza de toros con motivo de las fiestas patronales en el mes de agosto. Sin embargo, el contrato de mes y medio de duración se extendió posteriormente hasta el verano de 2018. Además, a esta denuncia se suma la contratación de un sobrino como socorrista sin que se realizara ninguna selección de personal, y el pago de un finiquito por un importe superior a lo que legalmente le correspondía y el abono de cantidades presuntamente “irregulares”,
Tras la denuncia presentada por el portavoz municipal del Grupo VyC, Javier Sendín, en 2022 el Juzgado de Vitigudino abrió diligencias y posteriormente la Fiscalía solicitó penas de “trece años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena”, pues los hechos denunciados “son formalmente constitutivos de un delito continuado de prevaricación administrativa previsto y penado en el artículo 404 del Código Penal”.