El Salvador: «la cárcel-infierno podría expandirse»

Lucía Rubio García

Defensora de los derechos humanos

En diciembre de 2023, Amnistía Internacional publicaba un informe denominado «Detrás del velo de la popularidad: represión y regresión en materia de derechos humanos en el Salvador», en el que se recogían 62 casos de violación de los derechos humanos descubiertos gracias al análisis de expedientes judiciales, leyes nacionales y una serie de entrevistas realizadas a personas víctimas de la suspensión de múltiples derechos por el régimen de excepción que Nayib Bukele instauró en el país. El líder «ha planteado un falso dilema, como la necesidad de restringir ciertos derechos para disfrutar de otros».

A pesar de los múltiples aspectos a los que se refiere el informe, nos centraremos en el modelo punitivo estatal, caracterizado principalmente por: la militarización de la seguridad pública, el uso excesivo de la fuerza por los cuerpos de seguridad, la inexistencia de garantías en el proceso judicial y los encarcelamientos masivos, junto con las inhumanas condiciones penitenciarias. Todo esto ha de enmarcarse en el contexto del grave cuestionamiento de la independencia del poder judicial, el secretismo en cuanto a la gestión estatal, la restricción del espacio cívico y la ineficacia de los mecanismos que debieran responder frente a las violaciones de derechos humanos causadas por el propio estado.

El estado de excepción se decretó bajo la premisa de erradicar la violencia en el país, principalmente manifestada por el gran poder de las pandillas o «maras». Y así fue como, en septiembre del pasado año 2024, el presidente anunciaba el éxito de su política de seguridad: daba por desarticuladas las pandillas con una cifra de 82.000 encarcelados. Esta noticia se aplaudía por diversos países, sobre todo de América del Sur. Pero, ¿cuál ha sido el precio que ha pagado la población de El Salvador por este «logro»?

Todo comenzó con detenciones ilegales de forma masiva y, consecuentemente, una serie de desapariciones forzadas, pues la Policía detuvo a unas 70.000 personas bajo el título de «agrupaciones ilícitas», violando la presunción de inocencia y el derecho a ser debidamente informado de la acusación.

Amnistía Internacional, en su informe de 2024 sobre «La situación de los Derechos Humanos en el mundo», señala que gran parte de las personas detenidas fueron sometidas a tortura y a tratos inhumanos, crueles y degradantes dentro de los centros de detención, llegando incluso a fallecer (a causa de la tortura o por la falta de atención médica). Entre estas personas, las más afectadas fueron las comunidades marginadas y empobrecidas, intensificando su vulnerabilidad. Se denunciaron, ante mecanismos nacionales de protección, múltiples desapariciones y la falta de respuesta a una gran cantidad de recursos de hábeas corpus. Actualmente, se estima que miles de esas personas ni siquiera pertenecían a ninguna pandilla, pues fueron detenidos por la policía por causas como «mostrar nerviosismo». Se recoge en este Informe de 2024 que incluso defensoras y defensores de los Derechos Humanos en este país han sido perseguidas y detenidas arbitrariamente.

En este contexto, nació el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad inaugurada en enero de 2023, diseñada por y para los pandilleros de este país. Esto supone que los internos que aquí cumplen su condena han sido condenados a penas de más de 100 años, pues la idea principal es que nunca salgan de aquí; una poco disimulada cadena perpetua.

Esta cárcel, denominada por algunas personas como «el infierno en la tierra», cuenta con espacio para 40.000 reclusos. En ella existen celdas ocupadas por hasta 100 reclusos, quienes pasan 23 horas y media al día dentro, para dormir cuentan con literas metálicas sin colchón, y únicamente disponen de dos retretes y una pileta de agua para asearse. Los reos del CECOT tienen prohibidas tanto las visitas como las comunicaciones con cualquier persona del exterior, salvo sus abogados. Todo ello claramente muestra de la nula intención que existe por su reinserción en la sociedad.

En el último informe de Amnistía mencionado, el de 2024, se destaca que la cifra de población reclusa ascendía a 100.000 personas, lo que supone un 1,14 % de la población nacional, siendo El Salvador el país con la tasa de encarcelamiento más elevada del mundo. Cabe destacar que, además de las torturas y malos tratos mencionados, en las prisiones (y principalmente en el CECOT), también son sometidos a restricción de alimentos, agua y servicios de saneamiento, a falta de atención médica adecuada y a un uso excesivo de la fuerza por parte del personal de la prisión.

Sin embargo, y pese a todo el secretismo que el presidente Bukele trataba de imponer sobre el sistema carcelario, ha sido recientemente cuando ha permitido a ciertos periodistas o incluso youtubers entrar a las prisiones, en las que los presos parecen haber sido deshumanizados de tal forma que, pandilleros que según cuentan habrían asesinado a más de 20 personas, parecen sumisos, lo que efectivamente da una idea de cómo han sido las torturas a las que les han sometido. La mayoría de las investigaciones sobre ello fueron archivadas por parte de la Fiscalía General del país, además de negarse el acceso a las prisiones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Planteado todo lo anterior, parece evidente la postura enfrentada que sostienen, por un lado, todas las organizaciones y países preocupados por los derechos humanos, y por otro lado, los países que creen que la violación de todos los derechos es un medio para conseguir sus fines. Así, millones de personas creen que la situación de El Salvador es incluso envidiable.

Ahora bien, hace unos días saltaba la noticia de que Nayib Bukele parecía estar planeando un acuerdo con el gobierno de Donald Trump, concretamente con el Secretario de Estado Marco Rubio, para que las cárceles de El Salvador sirvan como centro de detención a los migrantes que hayan cometido delitos en Estados Unidos. Esta deportación de personas detenidas no es algo novedoso, pues ya tenemos antecedentes de EE. UU. con la prisión de Guantánamo, aunque en esta el número de detenidos es mucho menor, siendo de 35 personas cuando comenzó el mandato de Biden, en 2023.

Por todo ello, la comunidad internacional debe, según palabras de Ana Piquer, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, «permanecer vigilante y utilizar todos los recursos y mecanismos a su disposición, para detener y revertir los abusos y la violencia estatal que ponen en riesgo la situación de derechos humanos de El Salvador» para, añado, que esta violación sistemática no se extienda a más países.