Ganaderos Unidos de Castilla y León inicia una batalla judicial contra la Administración por “atropellos diarios”

La asociación Ganaderos Unidos de Castilla y León ha anunciado su decisión de emprender acciones legales ante lo que califican como “atropellos diarios” por parte de la Administración. En un comunicado cargado de indignación, los ganaderos denuncian la falta de diálogo y el giro en la gestión de la Consejería, que, según afirman, les ha dejado como única salida la vía judicial para defenderse de políticas que consideran carentes de criterio y eficacia.

El malestar del colectivo se fundamenta en una serie de agravios que, aseguran, han sido ignorados tras múltiples reuniones infructuosas con las autoridades. Entre las quejas más destacadas está la gestión de las pruebas de prevalencia de enfermedades en el ganado. Según explican, en 2024 se logró reducir la prevalencia en toda la provincia, pero la Administración sigue aplicando datos de 2023, lo que obliga a las explotaciones de nivel T3 a realizar pruebas cada seis meses. “Esto no se puede consentir”, sentencia el comunicado, que también plantea la pregunta retórica de qué ocurriría si la situación se invirtiera.

Los ganaderos señalan además la reciente aparición de focos de enfermedad en comunidades oficialmente indemnes, como Asturias, como prueba de la “ineficacia” en la gestión sanitaria. Critican métodos que, en su opinión, suponen un “despilfarro de dinero público” y que no logran erradicar enfermedades sin el uso de vacunas ni un control efectivo de todos los animales en las dehesas. “La Administración lo sabe perfectamente”, afirman, sugiriendo la existencia de un “monopolio” con intereses ajenos a la sanidad animal.

Crisis insostenible

Entre sus demandas, Ganaderos Unidos reclama dos medidas que, aseguran, ya funcionan en países como Reino Unido o Francia, y en algunas comunidades autónomas españolas como Madrid, Andalucía o Extremadura. En primer lugar, exigen que las actuaciones sean interpretadas por técnicos con experiencia, quienes conocen de primera mano la trayectoria de la ganadería y las enfermedades que la afectan. “No entendemos por qué nuestra comunidad no lo pone en práctica, habiendo cambiado ya la ley para permitirlo”, lamentan.

En segundo lugar, solicitan indemnizaciones justas por los animales sacrificados, equiparándolas al valor real y actual del mercado. “Es muy triste que hoy te acuestes con un capital y mañana te levantes en números rojos”, denuncian, destacando diferencias de hasta 2.000 euros en las compensaciones respecto a países como Francia. Esta situación, advierten, está llevando al sector a una crisis insostenible, con una pérdida progresiva de profesionales y relevo generacional, agravando el fenómeno de la “España Vaciada”.

Posibles movilizaciones

Además de la vía judicial, la asociación no descarta retomar movilizaciones, afirmando que la situación actual es “igual o peor” que en ocasiones anteriores. En un tono contundente, concluyen que “el campo no se está muriendo, al campo lo están matando”, y advierten que la soberanía alimentaria del país está en juego. “Con las cosas de comer no se juega, y la Administración y sus políticos están jugando a que desaparezcamos”, sentencia el comunicado, que refleja el hartazgo de un sector que se siente abandonado y dispuesto a luchar por su supervivencia.