"El sistema de atención a la dependencia en Castilla y León es el más eficiente y equilibrado de España"
Destacan la rapidez en la tramitación, ya que "Castilla y León resuelve los expedientes de dependencia en 119 días, frente a los 334 de media nacional"
Castilla y León se corona, por vigésimo quinto año consecutivo, como la comunidad autónoma que mejor gestiona la dependencia en España. Con una calificación de 8,3 sobre 10, supera en más de tres puntos la media nacional, situada en un discreto 5,04, según revela el último dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
En Salamanca, las cifras hablan por sí solas: prácticamente la totalidad de personas dependientes reciben prestación. Concretamente, el 99,9% de las 19.351 personas con dependencia reconocida están siendo atendidas, con un total de 26.721 prestaciones concedidas hasta la fecha actual.
"El sistema de atención a la dependencia en Castilla y León, y concretamente en Salamanca, es el más eficiente y equilibrado de España", afirmaron con orgullo los procuradores populares por la provincia de Salamanca, María del Carmen Sánchez Bellota y José María Sánchez Martín, durante una rueda de prensa celebrada este lunes.
En este sentido, destacaron que 9.410 personas dependientes en la provincia salmantina se benefician del servicio de teleasistencia, un sistema que proporciona mayor seguridad y acompañamiento ante posibles percances. Además, 5.641 ciudadanos reciben ayuda a domicilio, permitiéndoles permanecer en sus hogares con una calidad de vida digna.
La oferta asistencial en la provincia se completa con 7.557 plazas en centros residenciales y 627 en centros de día, configurando un modelo que los procuradores consideran "un ejemplo exportable a otras comunidades autónomas" por su eficiencia y equilibrio.
Agilidad administrativa frente a la burocracia
Otro de los aspectos más destacados por los representantes populares es la rapidez en la tramitación. Castilla y León resuelve los expedientes de dependencia en 119 días, frente a los 334 de media nacional. Esta agilidad administrativa ha mejorado incluso respecto al anterior informe, cuando el tiempo medio era de 127 días.
"Es un claro indicador de la agilidad de nuestra comunidad en la gestión de la dependencia", subrayaron los procuradores, contrastando con la tendencia nacional, donde los plazos se han incrementado de 324 a 334 días en el último año.
En este sentido, argumentaban que durante 2024, la comunidad castellanoleonesa ha atendido a 126.194 dependientes, 3.605 más que en 2023, lo que supone un incremento del 2,94%, por debajo del 7,55% de la media nacional, reflejo de un sistema ya consolidado y cercano a la plena cobertura.
Inversión y generación de empleo
La inversión per cápita en dependencia en Castilla y León alcanza los 256,4 euros por habitante, un 41% más que la media de las comunidades autónomas. Los procuradores atribuyeron este logro "al firme compromiso del presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, y del Partido Popular, con todos los castellanos y leoneses".
El sistema no solo destaca por su eficacia asistencial, sino también por su capacidad para generar empleo, según los procuradores populares. En este sentido, aludía a los datos de 2023 cuando Castilla y León creó 339 nuevos puestos de trabajo vinculados a la dependencia, alcanzando los 39.814 empleos directos, lo que representa el 11,21% del empleo generado en este sector en toda España.
"En Castilla y León se crean 63,5 empleos por cada millón de euros invertidos", destacaron, atribuyendo este éxito a "esa cartera de servicios altamente generadora de empleo" en la que sobresalen las prestaciones económicas vinculadas al servicio.
Críticas al Gobierno central
A pesar de los buenos resultados, los procuradores populares no escatimaron críticas al Gobierno central. Según señalaron, el dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia "incide un nuevo año en la distancia y las desigualdades entre las comunidades autónomas, en el desequilibrio interterritorial en la asistencia y en la gestión de la dependencia".
Denunciaron que el Estado sigue sin aportar el 50% de la financiación que establece la ley, quedándose en "un escaso 36,8%", lo que supone 306,6 millones de euros de los 816,8 millones del gasto total en dependencia de la comunidad. "Castilla y León está asumiendo un porcentaje mucho mayor que el que asume el gobierno de España", lamentaron.