El acceso a la vivienda: un derecho humano convertido en negocio

Jesús Piñuela

Defensor de los derechos humanos

El Pisito, película dirigida por Marco Ferreri y con guion de Rafael Azcona, contaba a finales de la década de los cincuenta del pasado siglo las vicisitudes de una pareja (interpretada por Mary Carrillo y José Luis López Vázquez) que, debido a las penurias económicas de la época, no podían encontrar una vivienda y contraer matrimonio. Casi siete décadas más tarde, y varias generaciones después, el problema persiste en la sociedad española.

Desde el punto de vista de la normativa internacional, tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 25.1 como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconocen «el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluidas alimentación, vestido y vivienda…». En el ámbito europeo, la Carta Social Europea Revisada, en su artículo 31, establece la obligación de los Estados de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda. Además, el artículo 47 de la Constitución Española protege el «derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada» y establece que los poderes públicos adoptarán medidas para hacer efectivo este derecho.

A pesar de estas obligaciones detalladas en el derecho internacional y en la Constitución, la vivienda ha sido un derecho históricamente desprotegido en España, al ser considerado un bien de consumo e inversión, en lugar de un derecho humano, lo que ha dificultado enormemente el acceso a la misma para millones de personas en nuestro país.

Amnistía Internacional ha publicado varios informes que documentan esta violación del derecho a la vivienda por parte de las autoridades españolas. La crisis de la vivienda en España hunde sus raíces en las últimas décadas, con especial incidencia de la crisis de 2008, cuyas consecuencias se arrastran hasta la actualidad. Los datos hablan por sí solos:

Disponibilidad: España cuenta con un parque de vivienda social que representa solo el 1,6 % del total de viviendas, cuando el estándar de países de nuestro entorno de la Unión Europea supera el 15 %. Entre 2009 y 2018, el presupuesto público para el acceso a vivienda y fomento de la edificación se redujo más del 70 %.

Asequibilidad: Desde 2016, la vivienda en alquiler ha subido de media un 51 %. El 37 % de la población que vive en una vivienda de alquiler, dedica a los gastos de vivienda más del 40 % de sus ingresos.

Desalojos: A pesar de que desde la pandemia se han paralizado algunos de los desalojos gracias al Real Decreto de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad (prorrogado hasta finales de 2024), de enero a septiembre de 2023 se produjeron más de 19.000 desalojos, 14.344 de ellos por impago de alquiler. Desde 2013 los desalojos suman más de 500.000. No existen cifras sobre el número de personas afectadas por cada desalojo, ni cuántas de ellas son mujeres, menores, personas mayores o personas con discapacidad, lo que impide un diagnóstico sobre el acceso y disfrute del derecho a la vivienda en España.

Jóvenes y vivienda: Solo el 15, 6% de los jóvenes se emancipa y la única alternativa viable para uno de cada tres jóvenes es el alquiler compartido.

En 2020, el relator especial sobre la extrema pobreza y derechos humanos de Naciones Unidas, después de su visita a España, instó a las autoridades a «tomarse en serio el derecho a la vivienda» y aprobar una nueva ley sobre el derecho a la vivienda, En mayo de 2023 entró en vigor la primera ley estatal de Vivienda en democracia, tras más de un año de negociaciones entre grupos parlamentarios. A pesar de que esta ley es un avance que Amnistía Internacional aplaude por su potencial para mejorar la vida de millones de personas en nuestro país, esto no sucederá si el Gobierno y las Comunidades Autónomas no impulsan e implementan las medidas para facilitar el acceso de todos los ciudadanos a una vivienda digna.