¿A quién hay que condenar por revelar secretos?

A finales de los años 70 del pasado siglo, un famoso periodista de investigación de la legendaria revista “Interviu”, Xavier Vinader, publicó varios reportajes sobre la presencia de grupos de extrema derecha en el País Vasco. Dos de esas personas mencionadas en los reportajes fueron posteriormente asesinadas por ETA. Por tal motivo, los sectores más ultras de la sociedad española acusaron directamente al periodista de ser el “inductor” de los respectivos asesinatos terroristas, cuando nunca se demostró que el periodista tuviera intención de que su información se utilizara para asesinar, ni que admitiera, bajo ningún concepto, que se diera tal posibilidad, ni, por supuesto, que incitara con ella a cometer los crímenes. Finalmente, la Audiencia Nacional condenó a Xavier Vinader a siete años de cárcel por imprudencia temeraria profesional. El periodista, para evitar cumplir la condena se autoexilió en Francia, regresando años después .Aún así pasó dos meses en prisión hasta que fue indultado.

Introduzco así mi breviario semanal porque, como sabemos, hace aproximadamente un año se conoció por los medios de comunicación que la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de la “todopoderosa” y “altiva” señora Ayuso, había defraudado presuntamente a la Hacienda Pública cantidades ingentes de dinero, además de haber podido cometer otra serie de delitos relacionados con la corrupción política-económica, como son los de falsedad documental, corrupción en los negocios o administración desleal. Desde el gabinete de la presidenta de la Comunidad, se filtraron correos electrónicos en los que se informaba falsamente que la fiscalía proponía un pacto a la pareja de Ayuso. Esta falsedad se desmintió inmediatamente puesto que se conoció que fue al revés, que fue la pareja de Ayuso la que reconoció ante la Fiscalía la comisión de los delitos contra la Hacienda Pública ofreciéndole un pacto a la Fiscalía.

Por tal motivo, las defensas de la pareja de Ayuso se querellaron contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, acusándole de filtrar a la prensa los mensajes de la pareja de Ayuso en los que ofrecía un pacto a la Fiscalía, por, presuntamente, haber cometido el Fiscal General un delito de revelación de secretos, cuando antes que el Fiscal divulgara ese correo electrónico ya lo habían filtrado algunos medios de comunicación y, por tanto, no sería el Fiscal General el que hubiera revelado ese peculiar “secreto”. Lo que García Ortiz hizo, como se debe hacer por parte de quién tiene la competencia de “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley” –como se prevé en el artículo 124 de la CE-, fue comunicar a los Fiscales que la información veraz era que no fue la fiscalía la que propuso el pacto, sino que fue la pareja de Ayuso, reconociendo éste, además, la comisión de los delitos correspondientes.

Toda esta rocambolesca y esperpéntica historia ha provocado que la justicia española, por medio del Juez Hurtado, del Tribunal Supremo y previa querella interpuesta por el pseudo sinticato ultra Manos Limpias, la pareja de Ayuso y apoyada por la derecha política del PP y mediática, esté investigando al Fiscal General por presunta “revelación de secretos”; un proceso en el que ya se han sustanciado muchos interrogatorios (entre ellos al Fiscal General), declaraciones de testigos e investigaciones de la UCO de la Guardia Civil, mientras el presunto autor –posteriormente confeso- de los delitos referidos –la pareja de Ayuso-, aún no ha comparecido ante el juzgado que investiga los hechos. Es decir, qué buena es la justicia española que está investigando –duramente, además- a quién tiene el deber de investigar los delitos –como se ha hecho y se hace siempre por parte de la fiscalía, en este caso sobre los hechos delictivos presuntamente cometidos por el señor Alberto Gonzalez Amador, novio de Ayuso-, intoxicando con esto a la opinión pública y trasladando una imagen distorsionada, haciendo creer a la ciudadanía que el verdugo es el Fiscal General –que tiene el deber de promover la investigación de los delitos- y que la víctima –desvalida ella, ¡pobre!- es el señor González Amador. Es decir, el mundo al revés.

Además, no sólo la extrema derecha de Vox, sino la “derechita cobarde” –calificativo que utiliza Abascal- del PP y de la mano del “también falsamente manso Feijóo”, están criminalizando constantemente al que investiga los hechos delictivos, al Fiscal General y nunca nada han dicho ni han imputado ¡faltaría más, les decapitarían de la política! nada al “novio”. Es parte de la estrategia autoritaria seguida por la derecha política y mediática desde hace décadas, la de controlar totalmente el poder judicial, y lo está consiguiendo. Para completar ese diabólico plan le quedan dos obstáculos, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Constitucional. A este paso, lo conseguirán y, después, la derecha política hará lo que está haciendo Trump en USA, es decir, apartar a los Jueces que les resultan incómodos, sustituyéndolos por otros ideológicamente afines.

Pues bien, las actuaciones judiciales más que discutibles no se quedan sólo ahí; sino que, incomprensiblemente, el juez del Supremo que investiga al Fiscal General, ordenó que se recabara toda la información acumulada en su dispositivo telefónico, es decir, una información completa de todos los datos del teléfono móvil, nada menos que de un periodo de 10 meses, donde estaban acumulados datos no sólo personales (direcciones de fiscales, de jueces, de autoridades del Estado, teléfonos, mensajes, correos electrónicos, etc.), sino de investigaciones criminales de grupos terroristas, de narcotraficantes, de delincuencia común y de datos reservados, confidenciales y secretos que afectan a la seguridad del Estado. Y lo más vergonzoso es que estos datos que el juez ordenó y que ha obtenido, los ha enviado a las partes, al sindicato ultra Manos Limpias, a la pareja de Ayuso y a la derecha política y mediática. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, en la época de “plomo” de la banda terrorista ETA, un juez que investigara una denuncia o querella interpuesta contra algún miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado por algún presunto delito de torturas, entregara una documentación parecida a las partes –los abogados defensores de los terroristas de ETA, entre ellas- del Ministro del Interior, del Director General de la Guardia Civil o de cualquier mando, oficial o número de las Fuerzas de Seguridad investigado?. No me lo quiero imaginar.

Y lo grave no es sólo esto, sino que ciertos periodistas adscritos a la derecha y la ultraderecha no están diciendo nada, no están cuestionando esta monstruosidad. Hechos de este calibre atentan gravemente contra los principios, valores y cimientos de un Estado Social y Democrático de Derecho. Esto sí que se puede calificar de “golpe de Estado al sistema democrático”. De hecho, hay muchos miembros del Ministerio Fiscal que están recibiendo llamadas silenciosas y recibiendo amenazas.

Los datos aportados en la información periodística de Xavier Vinader que, al parecer, sirvieron de base a la banda terrorista ETA para asesinar a dos personas y por lo que fue condenado a siete años de prisión, son una broma y una millonésima parte en comparación con los que se han distribuido del Fiscal General por el Juez Hurtado a las partes, a personas que “odian” a García Ortiz, al que consideran un enemigo al que hay que apartar, como sea.