La toga y el vilipendio

Hace días, la Audiencia Provincial de Salamanca condenaba a un hombre a la pena de un año de cárcel (que no implica su ingreso en prisión) y a una ligera indemnización económica, por los repetidos abusos y agresiones sexuales a una niña de 15 años con la que mantenía una cierta relación de amistad. Esta ridícula condena, probablemente la menor de cuantas bajo la ley podrían aplicarse, se enmarca en la desprotección judicial absoluta de las mujeres en este país, y en particular de las agredidas sexualmente, y viene a unirse a un rosario de condenas poco conocidas (ver las actas de los juzgados “de provincias”) que diariamente se dictan en toda España, la mayoría absolutorias o resueltas con ridículas penas a agresores y violadores, y que coinciden en el tiempo con el bochornoso espectáculo del interrogatorio judicial a la denunciante por agresión del político Íñigo Errejón, y que muestran la miseria formativa de (algunos de) los jueces y fiscales en cuanto a la lucha contra el machismo y el respeto a las mujeres, además de una (casi) siempre esquinada interpretación de las leyes que las protegen (como la llamada del “solo sí es sí”), que vienen aplicándose -interpretándose- indefectiblemente a favor de los agresores y que están provocando la disminución de denuncias (y, por tanto, la sensación de impunidad y el aumento de agresiones), temerosas las denunciantes tanto del trato agresivo, indiferente o de despectiva condescendencia que reciben en (algunas de) las sedes judiciales y la revictimización a que se ven sometidas en todo el proceso posterior, cuanto de que las condenas, en su caso, sean tan irrisorias e insuficientes, que puedan dar alas a la represalia o la reincidencia a sus propios agresores y a quienes los jalean.

Que el panorama judicial español adolece de múltiples taras e insuficiencias de formación en temas como la protección de las mujeres, demuestra el lastre de una politización ideológica que incluye posturas machistas, xenófobas o de tipo fascista, fruto del alineamiento partidista y el gregarismo clasista de parte del colectivo judicial, que con una absoluta falta de instancias de corrección, control e inspección externas (¡externas!) de las decisiones judiciales, permiten todavía interpretar y juzgar a favor de parte, de su parte y por ellos mismos, temas como el desacato o la discrepancia crítica, la arbitrariedad en la instrucción y la valoración caprichosa de sus elementos de prueba o documentales o manosear el juicio del recurso o la vista de la apelación, lo que ha posibilitado una realidad política mediatizada por (parte de) un poder, el judicial que, dada la falta de contrapesos y la ausencia efectiva de contrapoder, se permite inmiscuirse en la dinámica política y las decisiones parlamentarias, sobre todo en cuanto afecta a los derechos de las mujeres, sirviéndose de un poder con inasumibles muros de incontroversia en cualquier sociedad democrática y, sobre todo, de derecho.

Las opiniones, insultos y hasta injurias que, procedentes de (algunos) miembros del poder judicial y (algunos) organismos de representación de la judicatura española, de modo privado o público se escuchan dirigidos a ministras, políticas y mujeres representantes de entidades de todo tipo, por su forma, su lenguaje y hasta el tono de sus juicios sobre las mujeres luchadoras por la igualdad, informan claramente de qué y, sobre todo, de cuánto le queda a (parte de) ese colectivo por aprender, por desaprender y, sobre todo, por integrarse en una sociedad muy distinta de sus conciliábulos, sus padrinazgos, sus familias profesionales y sus círculos privados, en la que debe primar el respeto, la igualdad y, aunque suene hoy arcaico, la fraternidad.

(Nota: las cursivas son preventivas.)