Nacionalismo vs. derechos humanos: el peligroso legado de las políticas migratorias de Trump

Dana Valeria Cordova Vieru

Defensora de los derechos humanos

La presidencia pasada de Donald Trump marcó un periodo de fuertes tensiones políticas, sociales y raciales en Estados Unidos, particularmente en relación con las políticas migratorias y su repercusión en las comunidades de Latinoamérica y afrodescendientes. Aunque Trump ha sido elogiado por sus partidarios como un líder que promovió una agenda nacionalista, sus políticas y retóricas constituyeron un serio peligro para los derechos humanos de las minorías, especialmente para los inmigrantes y las personas de color. Al evaluar su gestión, resulta imposible ignorar las graves infracciones a los derechos humanos que caracterizaron su mandato, cuyos impactos continúan siendo profundos en el presente.

Las infracciones a los derechos humanos en la política migratoria de Trump constituyen uno de los elementos más polémicos de su mandato. Su perspectiva sobre la inmigración ha sido un tema constante en su discurso político para las elecciones recientes. Desde su célebre planteamiento de erigir un muro en la frontera con México hasta la implementación de políticas de «cero tolerancia», la administración Trump adoptó acciones que no solo fueron fuertemente criticadas a nivel global, sino que constituyeron infracciones evidentes a los derechos humanos esenciales.

Tal vez la política que más conmocionó el escenario internacional fue la separación de familias en la frontera. Dentro del marco de «cero tolerancia», miles de niños fueron separados de sus padres o cuidadores, muchos de los cuales no lograron volver a verlos durante meses e incluso años. Este comportamiento constituyó una infracción directa al artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que protege el derecho a la vida familiar y a la privacidad. Además, la Convención contra la Tortura, que Estados Unidos ha ratificado, exige la implementación de medidas para prevenir tratos crueles e inhumanos, como los que se vieron de manera evidente en las condiciones de reclusión en los centros de inmigración y la larga detención de menores. Aunque Estados Unidos es uno de los pocos países que no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el derecho internacional sostiene que las políticas que separan a los niños de sus progenitores en circunstancias migratorias infringen de manera clara la protección de los menores frente al maltrato y la explotación. La CDN asegura el derecho del niño a permanecer con su familia, un derecho que fue sistemáticamente desatendido durante la gestión de Trump.

Otro elemento crucial que definió su gestión fue la grave crisis del debido proceso y el principio de no devolución. Este principio se encuentra en el artículo 9 del PIDCP. La violación de este principio se evidenció con la aceleración de las deportaciones y la implementación de políticas de «deportaciones en caliente», que no ofrecían la posibilidad de una defensa legal adecuada. Esta práctica, que afectaba principalmente a peticionarios de asilo de Centroamérica y América Latina, también contravino el principio de no devolución o «non-refoulement», que impide a los países expulsar a individuos a lugares donde puedan ser perseguidos o torturados. Un caso evidente de esto fue el «Protocolo de Protección al Migrante» o «Remain in Mexico», que obligaba a los peticionarios de asilo a permanecer en condiciones deplorables en territorio mexicano mientras se procesaba su solicitud. Entre las denuncias más preocupantes se incluyen situaciones de extorsión, violación y robo a personas que intentaban cruzar la frontera. Las deportaciones rápidas y la ausencia de un proceso justo obstaculizaron que muchos migrantes pudieran exponer su situación adecuadamente, dejándolos en un estado de vulnerabilidad extrema.

Durante el mandato de Trump también se observó un aumento considerable en el perfil racial o racial profiling, una práctica que afecta principalmente a las comunidades afroamericanas y latinoamericanas. Las declaraciones y políticas de Trump fueron interpretadas como una validación de la discriminación racial y la hostilidad institucionalizada. Su discurso de odio hacia los migrantes latinos, al asociarlos erróneamente con el crimen, fomentó el incremento de delitos de odio y generó un clima de hostilidad hacia las comunidades de color. Las autoridades de seguridad seleccionaban de manera arbitraria a personas para ser arrestadas, interrogadas o registradas en función de su raza o etnia, más que por su comportamiento. Investigadores como David A. Harris y Michelle Alexander han señalado que este fenómeno se ha consolidado en el sistema de justicia penal de Estados Unidos, favoreciendo la encarcelación masiva de afroamericanos y latinos. En el contexto migratorio, este perfil racial se traduce en una vigilancia constante de las comunidades latinas, consideradas sospechosas por su origen étnico o su acento. Investigaciones recientes indican que cerca del 44 % de los adultos afroamericanos en Estados Unidos han sido arrestados injustamente por la policía debido al hecho de ser racializado. Además del impacto directo en las víctimas, este tipo de discriminación provoca desconfianza en las autoridades y perpetúa una cultura de hostilidad y marginación hacia las comunidades más desprotegidas.

Con la reaparición de Donald Trump en el panorama político y su reciente triunfo electoral, surge nuevamente el riesgo de la reiteración de estas políticas. El concepto de revitalizar las políticas de «cero tolerancia», las deportaciones aceleradas y el uso del perfil racial para legitimar la vigilancia de las comunidades latinas y afrodescendientes en Estados Unidos genera una gran preocupación respecto a la protección de los derechos humanos. La oposición a estas políticas debe mantenerse firme, y la movilización de la sociedad civil y las entidades de derechos humanos será crucial para garantizar que las comunidades latinas y afrodescendientes sigan luchando por su derecho a una vida digna y protegida. Ahora se plantea una pregunta crucial: ¿el sentimiento nacionalista es más fuerte que la protección que los derechos humanos?