La pena de muerte: una violación de los derechos humanos

Isabella Minervini

Defensora de los derechos humanos

Sin embargo, no debemos bajar la guardia: 2023 ha sido también el año con el mayor número de ejecuciones desde 2015. Un aumento del 30 % debido principalmente a Irán y Arabia Saudita, que utilizan la pena capital para castigar crímenes relacionados con drogas o disidencia política. También en Estados Unidos las ejecuciones han aumentado en los estados conservadores, donde incluso se ha propuesto recurrir a la ejecución por asfixia con nitrógeno, y en África subsahariana han aumentado más de tres veces. En China y Corea del Norte, aunque no se disponen de datos, se teme que el número de ejecuciones también sea muy alto.

El informe muestra, por lo tanto, que los Estados que continúan practicando esta violación de los derechos humanos son pocos y, especialmente los del Medio Oriente, cada vez más aislados en su elección. El argumento a favor de la abolición se vuelve cada vez más convincente con el paso de los años: la experiencia empírica ha demostrado que esta práctica no reduce la criminalidad y la violencia más que las formas de pena privativa de libertad. Esta forma de castigo se aplica de manera desproporcionada a las personas más pobres y a las minorías raciales y étnicas, y se utiliza a menudo como herramienta de represión política e impuesta de manera arbitraria, determinando el trágico riesgo de ejecutar inocentes. La pena de muerte representa, en resumen, una violación de los derechos humanos fundamentales.

¿POR QUÉ ABOLIR LA PENA DE MUERTE?

«He visto en París decapitar a un hombre con la guillotina, en presencia de miles de espectadores. Sabía que se trataba de un peligroso criminal; conocía todos los razonamientos que los hombres han puesto por escrito a lo largo de los siglos para justificar acciones de este tipo; sabía que todo se hacía conscientemente, racionalmente; pero en el momento en que la cabeza y el cuerpo se separaron y cayeron, di un grito y comprendí, no con la mente, no con el corazón, sino con todo mi ser, que esas racionalizaciones que había oído sobre la pena de muerte eran solo funestos despropósitos y que, por mucho que pudiera ser el número de personas reunidas para cometer un asesinato y cualquier nombre que se dieran, el asesinato es el pecado más grave del mundo, y que ante mis ojos se estaba cometiendo precisamente este pecado». (Lev Tolstói)

Cuando en 1948 la ONU adoptó por unanimidad la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconoció para todos unos derechos fundamentales como base para la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Se trata de derechos inherentes a cada ser humano, inalienables, por lo que no pueden ser sustraídos ni siquiera a quien haya cometido el más atroz de los crímenes.

La Declaración reconoce el derecho a la vida y afirma categóricamente que «nadie debe ser sometido a tortura ni a tratamientos o penas crueles, inhumanos o degradantes». Según Amnistía Internacional, la pena de muerte viola estos derechos y muchos gobiernos afirman lo mismo. La ONU se ha declarado a favor de la abolición y dos tercios de los países del mundo han abolido ya la pena de muerte.

Un argumento frecuentemente utilizado a favor de la pena de muerte es que disuade de cometer crímenes graves, de modo que sería idónea para prevenir crímenes y orientar el comportamiento de los ciudadanos. Sin embargo, Amnistía Internacional no ha logrado encontrar pruebas convincentes de ello. Las investigaciones muestran que los factores que influyen en la tasa de criminalidad son complejos y variados, incluyendo aspectos sociales, económicos y culturales. Por el contrario, la presencia de alternativas más humanas y rehabilitadoras ha demostrado ser más efectiva para reducir la reincidencia y mejorar la seguridad pública. Un informe del Institute for Criminal Policy Research de 2020 ha demostrado que la cadena perpetua está asociada con tasas de reincidencia más bajas que la pena de muerte. Estas alternativas no solo permiten reparar en parte los daños causados por el crimen, sino que también ofrecen la oportunidad de rehabilitar al culpable. Los programas de rehabilitación y reinserción social pueden reducir significativamente el riesgo de reincidencia y mejorar la seguridad pública. Además, invertir en programas de prevención y apoyo social aborda las causas profundas de la criminalidad, contribuyendo a construir comunidades más seguras y cohesivas.

La pena de muerte, como violación de los derechos humanos fundamentales, sería errónea incluso si se pudiera demostrar que satisface de manera única una necesidad social vital. Como se indicó anteriormente, lo que hace que su defensa sea aún más problemática es la ausencia de pruebas que demuestren su eficacia para responder a tales necesidades.

Cuando el argumento de la disuasión cae, queda una justificación más profunda para la pena de muerte: la de la justa retribución por el crimen cometido. Según este argumento, algunas personas merecen ser asesinadas como compensación por el mal hecho: hay crímenes tan ofensivos que matar al culpable es la única respuesta correcta. Se trata de un argumento emocionalmente poderoso y también es un argumento que, si fuera válido, invalidaría la base de los derechos humanos. Si una persona que comete un acto terrible puede «merecer» la crueldad de la muerte, ¿por qué no pueden otros, por motivos similares, «merecer» ser torturados, encarcelados sin juicio o simplemente asesinados a la vista? En el centro de los derechos humanos, como recordábamos antes, está la inalienabilidad de tales derechos. El argumento de la retribución a menudo es solo un deseo de venganza disfrazado como un principio de justicia. El deseo de venganza puede ser comprendido pero debe ser combatido. Además, tengamos en cuenta que una ejecución utilizada para condenar el asesinato es ella misma asesinato por parte del Estado.

Conectada al argumento de que algunas personas «merecen» morir está la proposición de que el Estado es capaz de determinar exactamente quiénes son. Todos los sistemas de justicia penal son vulnerables a discriminaciones y errores. La realidad de la pena de muerte es que lo que determina quién será ejecutado y quién será perdonado es a menudo no solo la naturaleza de los crímenes, sino también la etnia y el trasfondo social, los medios financieros o las opiniones políticas del acusado. La pena de muerte se aplica de manera desproporcionada contra los pobres, los sin poder, los marginados o aquellos que los gobiernos represivos consideran conveniente eliminar. En Estados Unidos, un informe de la National Academy of Sciences de 2019 reveló que, para crímenes similares, las personas de piel oscura tienen aproximadamente el doble de probabilidades de ser condenadas a muerte en comparación con los blancos.

Además, la posibilidad de errores judiciales representa un argumento crucial en contra de la pena de muerte, que es una pena irrevocable. Ya sea que las ejecuciones se realicen dentro de pocas horas tras un juicio sumario o después de años de largas diligencias legales, los Estados continuarán ejecutando personas que quzás luego se descubrirá que son inocentes: la incertidumbre humana y los juicios arbitrarios son factores que influyen en todas las decisiones judiciales. Muy recientemente hemos conocido un caso en Japón.

Amnistía Internacional se opone incondicionalmente a la pena de muerte, sin excepciones respecto a la naturaleza o las circunstancias del delito, a la culpabilidad, la inocencia u otras características del acusado y al método utilizado para ejecutar la condena a muerte. Cada persona, independientemente de sus acciones, tiene un valor intrínseco y la posibilidad de redención. La pena de muerte ignora este principio, tratando al individuo como un mero número o un crimen, en lugar de como una persona con la capacidad de cambiar.

A través de una campaña permanente, Amnistía Internacional se esfuerza cada día por un mundo sin ejecuciones, que realmente respete la vida y la dignidad humana.

¡Únete a la lucha, sé parte del cambio!