Los ataques de lobos en la provincia de Salamanca desatan el caos entre ganaderos, poniendo en riesgo su supervivencia económica y la salud de su ganado, mientras las políticas de protección animal del Ministerio ignoran su angustiante realidad
La situación de los ganaderos en la provincia Salamanca es cada vez más crítica, marcada por un aumento constante de ataques de lobos a su ganado. Este problema ha escalado a niveles alarmantes, afectando gravemente la seguridad económica y emocional de quienes dependen de la ganadería para subsistir, tal y como explican desde ASAJA Salamanca a este medio de comunicación.
Desde 2021, el lobo fue incluido en el listado de especies estrictamente protegidas, lo que impide cualquier forma de control de su población. Esta decisión ha llevado a un incremento significativo en los ataques a la ganadería, especialmente al ovino. Se estima que las muertes de ganado en Castilla y León han aumentado de aproximadamente 2.000 a más de 6.000 al año. Históricamente, las bajas que provocan los ataques del lobo son de 10.000 en total, aunque el número crece exponencialmente. Este incremento pone en peligro no solo a los ganaderos de ovino, sino también a otros sectores de la ganadería como la raza bovina.
Los ganaderos expresan una profunda sensación de indefensión, según afirman desde el sindicato ASAJA Salamanca. La única compensación disponible por los ataques es la indemnización por los animales muertos, siempre y cuando haya indicios de que haya sido como consecuencia de un ataque de lobo, pero esto no resuelve el problema. La angustia y el estrés diario que enfrentan por la amenaza constante de este depredador han llevado a muchos a cuestionar la eficacia de las políticas de protección animal.
Las ovejas, como animales estacionarios, requieren condiciones específicas para su reproducción. La producción de ovejas es más rentable en fechas clave como en Navidad, cuando el precio del lechazo es superior. Un ataque de lobo durante el período de celo, por ejemplo, puede interrumpir este proceso, causando un estrés que puede llevar a la pérdida de la fertilidad y al aborto de crías. Esto no solo afecta la cantidad de ganado, sino también la viabilidad económica de la explotación.
El estrés provocado por un ataque puede reducir drásticamente la producción, dejando a los ganaderos en una situación aún más precaria. Aunque las indemnizaciones por los animales muertos pueden ser “justas”, no cubren las pérdidas relacionadas con el estrés, el aborto de crías y el lucro cesante.
A pesar de la creciente población de lobos, que puede llegar a reproducirse a un ritmo de siete crías por año, las administraciones no han tomado medidas efectivas para gestionar esta especie. El Ministerio de Transición Ecológica ha sido señalado como el principal responsable de esta situación, promoviendo la estricta protección del lobo sin considerar el impacto en la ganadería. “El lobo no tiene nadie por encima. Es el amo y señor”, claman desde ASAJA, defendiendo además que si no lo controla y regula el hombre nadie va a hacerlo.
Las comunidades autónomas afectadas por esta problemática, como Castilla y León, Galicia, Cantabria y Asturias, han votado siempre en contra de la protección estricta, abogando por un enfoque más equilibrado que permita la regulación de la población de lobos, especialmente en áreas donde se están produciendo ataques a diario, tal y como se hacía anteriormente. La falta de consenso entre administraciones ha llevado a una gestión ineficaz que deja a los ganaderos desprotegidos y al límite.
La realidad que viven los ganaderos es de desasosiego y vulnerabilidad. Se ven obligados a lidiar con la pérdida de sus animales y, en consecuencia, de sus ingresos. La protección del lobo, aunque necesaria desde un enfoque de conservación, debe equilibrarse con la realidad económica y social de aquellos que dependen de la ganadería. De lo contrario, están “abocados a la extinción”, según indican los propios ganaderos.
La ganadería extensiva, el sistema más ecológico, permite que los animales vivan en libertad y en condiciones naturales. Sin embargo, se les está pidiendo que abandonen este modelo sostenible y se trasladen a explotaciones intensivas, lo que va en contra de la esencia de su labor y que definen como “situación de felicidad para sus animales”.
La situación exige un diálogo urgente y una revisión de las políticas actuales para encontrar un equilibrio que permita la coexistencia entre la conservación de la especie y la protección de los medios de vida de los ganaderos. Sin un cambio en la gestión, la crisis que enfrentan estos trabajadores del campo solo continuará agravándose.