La concordia de la discordia

Esta semana en las Cortes autonómicas se ha vivido un episodio poco frecuente en la vida parlamentaria, como es que un partido político vote en contra de que se apruebe una Ley que él mismo ha registrado, habiendo votado el Partido Popular (PP) en contra de la toma en consideración de la denominada ‘Ley de Concordia’ que presentaron conjuntamente PP y VOX hace unos meses.

Y es que, tras la ruptura del pacto que ambas formaciones sostenían para el gobierno conjunto de la Junta, los populares han optado ahora en su estrategia por un perfil más moderado que busque acercarse al centro, algo para lo que no encajaba demasiado bien una Proposición de Ley como la de Concordia que parecía buscar más la discordia que la concordia, y que además pretendía sustituir al Decreto autonómico 9/2018 de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León, aprobado por el PP hace apenas seis años.

En todo caso, la presentación de la Proposición de Ley de Concordia de forma conjunta por PP y Vox no era sino uno de los pagos que tenían que asumir desde el PP hacia Vox a cambio de su apoyo en el gobierno de la Junta, sobre la cual el entonces portavoz popular en las Cortes, Raúl De la Hoz, señalaba que no se trataba de “una ley revisionista, sino que orientará hacia el futuro las experiencias vividas en el pasado”.

Sin embargo, el texto de esta Proposición de Ley tenía su miga comparado con el mencionado Decreto 9/2018, pues de repente la Dictadura franquista dejaba de ser calificada como Dictadura y la Guerra Civil surgía como por generación espontánea, sin ser consecuencia de un golpe de Estado como el de julio de 1936, que al triunfar solo en parte del país derivó en una guerra entre la España favorable a este Golpe y la favorable a la II República.

Asimismo, el texto propuesto, que hablaba de que las nuevas generaciones estaban recibiendo “una visión sesgada” sobre este periodo histórico, obviaba la represión que se dio por parte de las autoridades franquistas sobre aquellos que se habían mostrado contrarios al nuevo régimen, o incluso por razones que iban más allá de las ideológicas. También se olvidaba el texto de mencionar el exilio forzoso hacia el extranjero al que se vieron sometidos miles de españoles como consecuencia de la guerra y la dictadura.

Por otro lado, la Proposición de Ley registrada por PP y Vox suprimía el supuesto que sí recogía el Decreto autonómico 9/2018 mediante el cual desde la administración autonómica se debía facilitar a los descendientes de las víctimas, entidades memorialistas y asociaciones de familiares de víctimas que así lo solicitasen las actividades de indagación, localización, exhumación e identificación de las víctimas.

Asimismo, también implicaba suprimir lo que recogía el artículo 10 del Decreto 9/2018, mediante el cual las Administraciones Públicas de la comunidad autónoma debían apoyar los actos públicos de homenaje y reconocimiento a las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista.

En todo caso, al PP desde un principio se le notó incómodo con esta Proposición de Ley que además planteaba suprimir un Decreto autonómico impulsado por ellos mismos hace pocos años, en 2018. Hecho que explicaría que pese a presentarse conjuntamente la Ley por PP y Vox, se hiciese con cierto afán de no generar demasiado revuelo, registrándose en plena Semana Santa, para posteriormente intentar prolongar los tiempos de cara a su debate en el pleno de las Cortes autonómicas.

Sin embargo, tras la ruptura del pacto de gobierno entre PP y Vox este verano, el partido de Abascal se vio liberado de cara a proponer que esta Proposición de Ley se llevase al pleno sin tener que acordar los tiempos con los populares. Por ello, propuso en la Junta de Portavoces de las Cortes su inclusión en el orden del día del pleno del 24 y 25 de septiembre, hecho para el que contó con el apoyo del PSOE, sumando mayoría para que se tuviese que debatir en dicho pleno.

Para esta inclusión en el orden del día, el interés de PSOE y Vox obviamente era muy distinto. Los socialistas veían una ventana abierta a que esta Ley pudiese rechazarse y, con ello, apuntarse una victoria en las Cortes, mientras que Vox consideraba que era una forma de ‘retratar’ al PP obligándole a posicionarse sobre un tema que resulta controvertido para los populares, con un electorado más variado que va desde el centro hacia la derecha más conservadora.

Por su parte, para intentar ponerse de lado y evitar el debate de dicha Ley que ellos mismos firmaron junto a Vox, el PP pidió en la Junta de Portavoces que se esperase a recibir un informe jurídico que corroborase la constitucionalidad de la Ley propuesta, un requisito que no era obligatorio, por lo que no fue aceptado por la mayoría que sumaban Vox y PSOE, perdiendo el PP la votación en esta Junta de Portavoces, incluyéndose con ello el debate de la toma en consideración de la Ley en el pleno.

Ya en el pleno, los populares recurrieron al argumento de que no podían apoyar la Proposición de Ley de Concordia propuesta por ellos mismos y Vox si no existía previamente ese informe jurídico que solicitaban. Por ello, de forma un tanto sorpresiva, en el turno de votación acabaron votando en contra de la toma en consideración de la Ley de Concordia, aun y cuando hubiese parecido más lógica la abstención si tenemos en cuenta que ellos mismos habían presentado esa Ley, aunque fuese de forma conjunta con otro grupo.

De este modo, la Ley de Concordia fue finalmente rechazada por las Cortes, por lo que ha finalizado su recorrido sin que Vox haya conseguido su aprobación pues, de hecho, fue el único partido que apoyó esta Proposición de Ley en el pleno. Con ello, la rocambolesca e incómoda situación vivida por parte del PP pasa a convertirse en un ligero respiro para los populares, que dejan de tener esa patata caliente encima de la mesa para lo que queda de legislatura, pudiendo recurrir al refrán de que “no hay mal que por bien no venga”.